El primer informe del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, levantó una fuerte expectativa. Aun cuando es el tercer informe que da, porque presentó uno a los 100 días de su gobierno y otro más al cumplirse un año de su victoria electoral (el 1 de julio), este es el primer informe constitucional.
El documento leído por el Presidente en el Palacio
Nacional enumera detalladamente muchos de los cambios ocurridos a lo largo de
los primeros nueve meses de gobierno. Entre ellos destacan todos aquellos que
tienen que ver con la eliminación de privilegios de la clase política, la lucha
abierta contra la corrupción y las cuestiones relacionadas con el bienestar
social. Estos tres grandes rubros engloban los logros más sobresalientes de la
actual administración.
En el primer caso se encuentran: la transformación de la
antigua residencia presidencial de Los Pinos en un espacio cultural abierto a
la gente dejando de ser un símbolo de la opulencia del poder político, la baja
de los salarios del Presidente y los altos servidores públicos, la eliminación
de los bonos y de los seguros de gastos médicos con cargo al erario, la puesta
en venta del avión presidencial, la desaparición del Estado Mayor Presidencial
y la reincorporación de sus elementos al Ejército Mexicano, la cancelación de
las pensiones millonarias de los expresidentes, entre algunas de las medidas
más simbólicas.
En el segundo tema han destacado asuntos como la planta
de fertilizantes compradas a AHMSA, el affaire Juan Collado, las investigación
de la Estafa Maestra y señaladamente la ofensiva contra la red de corrupción y
delincuencia montada para robar combustible a Pemex, entre otros.
En el tercer rubro destaca la nueva política salarial que
inició con el mayor aumento al salario mínimo en 36 años, el más grande
incremento al salario general en tres sexenios, la creación de programas
sociales como la Pensión para Adultos Mayores, las becas Jóvenes Escribiendo el
Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, Benito Juárez, la apertura de nuevas universidades,
la beca para personas con discapacidad o el programa Sembrando Vida para
trabajadores del campo, por poner algunos ejemplos.
Estos temas que mencionamos, especialmente el primero,
relativo a la eliminación de privilegios de la clase política, hubieran sido
inimaginables en otras administraciones y con otras fuerzas políticas en el
gobierno. Los cambios han ocurrido en tan solo unos meses. En los hechos, han
constituido una especie de redistribución de la riqueza, porque los gigantescos
recursos que antes recibía la clase política se han trasladado a los programas
sociales.
También se ha recuperado la supremacía de lo público y la
centralidad del poder político emergido del voto ciudadano frente a la antigua
fuerza de los poderes fácticos.
Ahora bien, hay pendientes importantes; rubros en los que
se ha trabajado intensamente, pero que aún no reportan grandes resultados.
Especialmente tenemos que mencionar aquí el problema de la seguridad pública,
otro pendiente es el relacionado al crecimiento económico.
Sin embargo, en materia económica y social vale la pena
hacer varias reflexiones de fondo.
En primer lugar, llama la atención la sólida estabilidad
económica: el peso frente al dólar, la tasa de inversión extranjera, la
inflación, el índice de confianza del consumidor, el comportamiento de la Bolsa
de Valores; todo ello y más, funciona con números negros que envidiarían los
economistas ortodoxos más críticos del populismo.
En segundo lugar, es plausible que el Presidente haya
cumplido promesas tan complejas de lograr cómo no aumentar impuestos, no subir
el precio del gas y la luz, no aplicar gasolinazos y otros relacionados con cuidar
la economía nacional, la economía de las empresas, y sobre todo, la economía de
las familias.
Y en tercer lugar, e interesante la vitalidad que está
mostrando la economía popular, en la que se vive un repunte de las ventas
minoristas y el aumento del consumo popular fortalecido con las remesas, los
salarios y los programas sociales.