La violencia en Nuevo Laredo, que alcanzó una difusión nacional por la presunta ejecución de ocho personas a manos de comandos de élite de la Policía Estatal de Tamaulipas, ha generado una ola de reacciones en aquel estado, combinado con mensajes anónimos en las redes sociales donde se acusa a funcionarios del Gobierno de proteger a organizaciones criminales que están luchando contra el cártel del Noreste para arrebatarle la aduana en ese punto fronterizo.
Fuera de lo público son las investigaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) sobre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y
varios de sus colaboradores.
Funcionarios federales revelaron que están analizando
operaciones financieras del gobernador y de un familiar, que llamaron la
atención del Gobierno de Estados Unidos, que está pidiendo información al
respecto. La UIF de la Secretaría de Hacienda está tratando de determinar si
esas operaciones fueron con recursos de origen ilícito.
Por su parte, la SSPC avanza en una investigación para
determinar la responsabilidad de colaboradores importantes de García Cabeza de
Vaca en la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía estatal, en los hechos de violencia
en Nuevo Laredo y otras partes del estado.
A lo largo de la última década, en este espacio se han
hecho menciones de la presunta vinculación del Gobernador y de su secretario de
Gobierno, César Augusto Verástegui, con el crimen organizado, que han sido
rechazadas por ambos en diferentes momentos.
Las imputaciones contra García Cabeza de Vaca han sido
tan fuertes y constantes, que durante el Gobierno de Felipe Calderón fue
obligado a tomar dos veces el polígrafo para poder determinar si tenía o no vínculos
con el narcotráfico, luego que la Subprocuraduría de Investigaciones
Especializadas en Delincuencia Organizara (Siedo) abriera una
averiguación en su contra en 2009.
El 23 de enero de 2012, recién entrado el Gobierno de
Enrique Peña Nieto, la Siedo tomó la declaración ministerial de un testigo
protegido de la DEA, llamado “Ángeles”, en la Corte Federal del Distrito Oeste en
San Antonio, Texas.
“Ángeles” es el empresario Antonio Peña Argüelles, cuya
detención fue dada a conocer un mes después por el delito de lavado de dinero y
como enlace del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con los cárteles
de la droga, fue puesto en libertad en 2014, luego de declararse culpable.
En esa declaración, Peña Argüelles dijo que en septiembre
de 2004, el gobernador Yarrington le dijo que necesitaba conseguir recursos del
cártel del Golfo para apoyar la candidatura de García Cabeza de Vaca a la
alcaldía de Reynosa, porque tenía especial
interés en que ganara.
Él le ayudaría con los votos, y Peña Argüelles pidió
dinero, de acuerdo con su testimonio, a Héctor Sauceda Gamboa, hermano de
Gregorio Sauceda Gamboa, “El Metro 2”, miembro del cártel del Golfo y jefe de
plaza en Reynosa, quienes le proporcionaron medio millón de dólares.
Peña Argüelles declaró que le entregó personalmente el
dinero a García Cabeza de Vaca en un hotel de esa ciudad. Una vez que ganó las
elecciones para alcalde de Reynosa, Peña Argüelles afirmó que en enero de 2005,
García Cabeza de Vaca le dijo que “cualquier cosa que necesitara el cártel del
Golfo”, se la hicieran saber. Como respuesta, agregó, le entregaron una lista
de personal que trabajaba en la Dirección de Seguridad Pública municipal para
que fueran reacomodados o que no los movieran de su sitio, como sucedió con el
director de Tránsito.
Las acusaciones contra García Cabeza de Vaca fueron
desechadas, aunque los testimonios de “Ángeles” fueron pieza importante en la
acusación de EU contra Yarrington de ser parte de la estructura de mando del
cártel del Golfo y por lo que enfrenta a la justicia en ese país.
García Cabeza de Vaca ha estado en el radar de las
corporaciones policiales de México y EU desde hace casi tres lustros, pero
nunca se ha procedido en su contra por delitos relacionados al crimen
organizado o lavado de dinero.
Incluso, mantiene vigente su visa a EU, donde vive su
familia y pasa buen tiempo. Las investigaciones que se llevan a cabo en su
contra y sobre su entorno familiar y profesional incorporan nuevos elementos y más
información.
Entre los altos funcionarios del Gobierno que tienen
información de la red de complicidades en Tamaulipas se encuentran el
secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, que estaba al
mando de la Cuarta Región Militar que componen Tamaulipas, Nuevo León y San
Luis Potosí, y el comandante del 77 Batallón de Infantería, Anastasio Santos,
que estuvo comisionado en Ciudad Victoria.
El Gobernador de Tamaulipas ha sido respaldado por un
sector del PAN que en los últimos años estuvo vinculado a Puebla y desde donde
le enviaron dos recomendados que hoy están siendo cuestionados públicamente e
investigador por las autoridades federales.
Uno es Irving Barrios Mojica, el fiscal del estado, muy
cercano a la exprocuradora Marisela Morales, y que participó en la construcción
fallida de los casos llamados “El Michoacanazo” y la “Operación Limpieza”, en
el Gobierno de Calderón.
El otro es Félix Arturo Rodríguez, quien fue acusado de
extorsión y privación de libertad en aquel estado, y que es el responsable de
los comandos especiales, varios de los cuales están acusados de la ejecución en
Nuevo Laredo.
García Cabeza de Vaca enfrenta al Gobierno federal sin
mayores respaldos. La protección que le brindaba su partido se acabó, y sus
viejas relaciones han visto declinar su poder. Dentro del Gobierno no existe un
buen ánimo hacia él, pero serán las investigaciones las que determinen su
futuro.