Una página de periódico oscila entre 11 y 17 millones de bolívares; 30 segundos en televisión nacional cuestan entre 10 millones -Globovisión- y 71 millones -Venevisión-; 30 segundos rotativos en radio oscilan entre 500 y 900 mil bolívares y la campaña de publicidad exterior -afiches, vallas, tarimas, etc- puede costar entre 1 y 2 millardos de bolívares.

Estas cifras demuestran que el financiamiento político es una necesidad de la democracia; no en vano, para evitar que la necesidad se convierta en tentación de establecer acuerdos irregulares, facilitar la compra de votos o convertir a unos electores (los financistas) en más decisores que el resto de los ciudadanos, la mayoría de los sistemas de control de gobierno optan por establecer topes a los gastos de campaña.

En América Latina sólo Venezuela deja de establecer -oficialmente- topes a los gastos de los candidatos.

Aunque los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) intentaron normar esta situación en el mes de julio, las discusiones de directorio -en las que se llegó a evaluar el tope de 17 millardos de bolívares- fueron infructuosas.

Según la ONG Transparencia, las leyes electorales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú imponen límites a los gastos de campaña.

Curiosamente, cuatro países -Chile, Ecuador, Paraguay y Perú- aceptan como válidas las contribuciones anónimas a las campañas políticas.

En lo que coinciden todos los países de la región es en prohibir el financiamiento extranjero de las campañas y de la actividad política.

El cumplimiento de esta norma se verifica al exigirle a los partidos políticos que anualmente entreguen a la autoridad electoral el informe de ingresos y egresos, certificado por contadores públicos del último ejercicio fiscal. Si es año de elecciones, los partidos deben entregar adicionalmente el informe de gastos de la campaña.

El único país que no exige rendición de cuentas a la actividad política es Venezuela. Por esta razón, es imposible que se compruebe si los partidos reciben financiamiento externo, anónimo, de dependencias públicas o de contratistas del estado.

Entre 16% mundial
Según el análisis comparativo de la red de información electoral ACE, sólo 27 países de todo el orbe niegan el financiamiento a los partidos políticos, obligándolos a buscar fuentes de ingresos privadas y anónimas. En la lista, además de Venezuela están, entre otros, Bahamas, Bielorrusia, Fiji, Ghana, Jordania, Nepal, Níger, Pakistán, Samoa, Santa Lucía, Sierra Leona, Somalia, Uganda y Zambia.

emartinez@eluniversal.com