La vulnerabilidad de la creciente clase media latinoamericana es algo que venía siendo advertido por algunos organismos internacionales. La llamada «década de oro» de la economía regional (2004-2014), motivada por el boom de las materias primas que sobre todo benefició a Sudamérica, dada su economía extractiva, hizo que la población en situación de pobreza bajara del 45% al 27% y que, por primera vez, esta se viera sobrepasada por la clase media, que se expandió del 20% al 34%, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID destacaba, no obstante, que el mayor grupo era la población vulnerable (37%): aquellos que habían mejorado sus condiciones, pero que podían recaer en la pobreza si empeoraba el marco económico.

Ese empeoramiento es lo que ha ocurrido desde entonces. Si la gran recesión internacional de 2008 tuvo un efecto muy transitorio en Latinoamérica, la caída de los precios de las commodities (no solo el petróleo, básico para algunos países como Ecuador, sino por ejemplo también el cobre, esencial en las exportaciones de Chile y Perú) ha adelgazado los ingresos de los Estados.

Sin apenas fuelle presupuestario (la recaudación fiscal en la región solo llega al 23% del PIB, diez puntos por debajo de la media en la OCDE, en general por el gran tamaño del sector informal), los gobiernos han tenido que aplicar medidas de austeridad, no solo fallando en una mejora de los servicios a los que aspira la nueva clase media, sino afectando a los propios ingresos familiares.

Sin perspectiva de mejora

Y el problema es que no hay perspectiva de mejora. El FMI prevé que Latinoamérica cierre este año con un crecimiento económico del 0,2% y que en 2020 pueda crecer un 1,8%, claramente por debajo de lo que se venía anticipando. No solo Ecuador y Argentina han tenido que pedir rescates al FMI, sino que otros países han experimentado una fuerte caída en su crecimiento: algunos de los que mejor iban en 2018 –Bolivia, Chile, Perú y Paraguay– bajan del 4% en 2019, de modo muy pronunciado en el último caso, lo que está poniendo sobre aviso a las autoridades paraguayas ante posibles protestas sociales.

La «década de oro» fue una «oportunidad perdida», como indica el investigador boliviano Sergio Daga, pues en esos años de bonanza la mayor parte de países no llevaron a cabo las reformas necesarias. Hubo mayor gasto social, pero en muchos casos fue clientelar, sin que realmente se consolidasen los avances alcanzados.

El caso de Chile

En Chile tampoco las presidencias previas de Sebastián Piñera y Michel Bachelet se esforzaron por afinar un modelo económico que, aunque normalmente ha venido sosteniendo un buen crecimiento, no ha mejorado la vulnerabilidad de la clase media. Las quejas de hoy en Chile podían haberse levantado igualmente contra Bachelet, pues aunque la última subida del precio del metro la ha ejecutado el Gobierno de Piñera, en realidad este no está aplicando un plan de recortes severo. Esto último hace que la derecha chilena se crea injustamente tratada, pues la izquierda no activó masivamente la calle contra Bachelet a pesar de que se daban las mismas circunstancias.

La reacción en Chile ha sorprendido internacionalmente. Visto el país como un modelo de desarrollo, la vulnerabilidad de su clase media sirve justamente de símbolo de lo que está ocurriendo a nivel regional.

Los chilenos aprobaban la economía

No es cierto que se trate de una sociedad especialmente desigual: Chile se encuentra en la mitad de la tabla regional en cuanto al coeficiente Gini, con una desigualdad menor que la media latinoamericana. Tampoco es cierto que el Estado, a pesar de un modelo económico más liberal que el que tienen los países del entorno, abandone a su suerte a los ciudadanos: el 27% de los chilenos asegura recibir algún programa de ayudas públicas (la segunda mayor cifra en la región), de acuerdo con los datos del Latinobarómetro.

Esta encuesta, además, muestra que la valoración de la situación económica del país venía siendo positiva. En el Latinobarómetro de 2018, Chile era el país de la región donde más gente consideraba que la situación económica era buena o muy buena (el 26% de la población) y donde menos gente estimaba que era mala o muy mala (el 16%). Era también el país con más ciudadanos que mostraban satisfacción sobre la marcha de la economía (el 30% de los chilenos).

Insatisfacción personal

No obstante, más allá de valorar positivamente la evolución económica general, a la hora de pronunciarse sobre la situación personal y familiar, los chilenos sí evidenciaban una brecha entre los datos macroeconómicos y las perspectivas individuales. Así, solo el 39% de los chilenos pensaban que experimentarían un progreso económico personal y familiar en el futuro, por debajo de la media latinoamericana (45%). Además, únicamente el 8% creía que la distribución de la riqueza fuera justa (el 16% en el caso de la media latinoamericana), situando a Chile en el tercer país por la cola, junto con Brasil y Venezuela. Y en cuanto a la satisfacción con la vida, los chilenos figuraban los penúltimos (el 64%, frente a la media de la región del 73%).

Si bien estos datos no son determinantes –y por lo que se refiere a los ingresos subjetivos Chile estaba en la mitad de la tabla de los países latinoamericanos (un 54% afirmaba que sus ingresos le alcanzan para vivir y un 44% decía que no)–, lo cierto es que la percepción de la gente asumía un progresivo deterioro en las circunstancias económicas personales.

Por más que organismos como el BID consideran que Chile cuenta con un 62% de clase media consolidada, a la que podría sumarse un 23% de personas que han salido de la pobreza, aunque su situación es vulnerable (distribución que el BID completa con un 6% de pobres y un 9% de ricos), el Latinobarómetro de 2018 reflejaba que los chilenos tienen otra percepción de sí mismos: el 59% se autodescribían como clase baja (seis puntos más que el año anterior) y solo el 37% como clase media (cuatro puntos menos).