“Una de las bases de las políticas de migración europeas es el discurso de que la migración es básicamente un problema de seguridad, es vista como una amenaza que necesita ser tratada con un aumento del uso de equipo militar y de seguridad”, dijo a La Vanguardia Mark Akkerman, autor del informe.

Desde 1990, los países de la UE han erigido 1.000 kilómetros de muros terrestres, el equivalente a seis muros de Berlín, para frenar la llegada de personas desplazadas. Si se incluyen las operaciones marítimas para interceptar la migración, entonces estas murallas se extienden otros 4.750 kilómetros. Esto supone gran cantidad de inversiones. En concreto, desde el final de la guerra fría se han gastado como mínimo 900 millones de euros en muros y vallas terrestres, 676,4 millones en operaciones marítimas (2006-2017) y 999,4 millones en muros virtuales (2000-2019). Estos últimos son los sistemas elaborados por las compañías tecnológicas para controlar el movimiento de personas.

Mucho dinero en juego del que se ha beneficiado un número considerable de empresas, entre las que destacan tres grandes actores: la francesa Thales, especializada en armas y seguridad, que produce sistemas de radar y sensores; la italiana Leonardo, que proporciona helicópteros para la seguridad de fronteras, y la paneuropea Airbus, que facilita los helicópteros para patrullar las fronteras marítimas y algunas terrestres.

A nivel español, quiénes más partido han sacado de estas inversiones públicas en seguridad son European Security Fencing (ESF), Indra, Ferrovial, Dragados y GMW. La ESF es especialmente conocida por la fabricación de concertinas, el alambre de cuchillas en espiral de uso polémico por la capacidad que tiene de provocar cortes y graves lesiones. Esta empresa ha proporcionado las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, y también las de las fronteras entre Hungría y Serbia, Bulgaria y Turquía, Austria y Eslovenia, así como las del puerto francés de Calais.

Por su parte, Indra consiguió varios contratos para construir y fortalecer vallas en Melilla, desarrolló el sistema de control de fronteras SIVE, con radar, sensores y sistemas de visión, que se ha implementado en la mayoría de las fronteras marítimas de España, así como en Rumanía y Portugal. Otras de las beneficiadas

son Ferrovial y Dragados, que han ganado contratos multimillonarios para mantener vallas, mientras que GMV ha recibido numerosos contratos importantes para Eurosur (European Border Surveillance System), el sistema de cooperación, y facilita tecnología a la Guardia Civil y software a Frontex.

Además, las empresas están bien organizadas para ejercer presión en la elaboración de estas políticas. “Desde el 2016 han creado fórums público-privados en que colaboran los gobiernos junto con la industria militar y de seguridad, con lo que se erosiona la gobernanza porque hay intereses económicos detrás”, declara Ainhoa Ruiz Benedicto, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Las grandes empresas están organizadas a través de dos asociaciones, la Organización Europea para la Seguridad (EOS) y la Asociación Europea de Biometría, especializados en ofrecer equipo tecnológico para el control de fronteras. Entre el 2014 y el 2019, Airbus, Leonardo y Thales, junto con EOS, mantuvieron 226 reuniones de grupos de presión

registrados con la Comisión Europea. En estas reuniones, según el análisis del informe, los representantes de la industria se erigen como expertos en seguridad de fronteras, presentando sus productos como la solución a las “amenazas a la seguridad” que causa la inmigración.