“el impuesto al carbono va a pasar a formar parte de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión, tanto existentes como futuros”.“Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente”.
Una de las prioridades de la
nueva Comisión es la lucha contra el cambio climático. De entre las diversas posibles políticas para abordarlo, y más allá del llamado
Green Deal Europeo
(que es esencialmente una política interna), la presidenta de la
Comisión ha planteado la necesidad de que la UE introduzca un arancel
sobre las importaciones de carbono que sea plenamente compatible con las
reglas OMC.
Se trataría de establecer un arancel a los bienes
importados que utilicen en su proceso productivo tecnologías muy
intensivas en CO2. Este arancel, denominado Impuesto al Carbono en
Frontera (Border Carbon Tax), trataría de evitar el dumping
medioambiental ya que, la Unión pretende además establecer un impuesto a
la generación de CO2 en la producción europea. La lógica, por tanto, es
clara: la UE tendría una producción nacional más limpia, pero si otros
países quisieran vender sus productos dentro de la Unión, deberán pagar
un arancel (o, alternativamente, contaminar menos para que dicho arancel
sea menor, lo que redundaría en beneficio de todos).
Tradicionalmente, ha existido cierto consenso, tanto entre
economistas como en el seno de la OMC, acerca de que la política
comercial no debía ser utilizada para lograr objetivos medioambientales.
Así, los países emergentes y en desarrollo han acusado a la UE y a EEUU
de querer utilizar tanto el medio ambiente como los derechos laborales
como “excusas proteccionistas” y el GATT/OMC, en general, ha evitado
ubicarse en favor de la sostenibilidad medioambiental cuando han surgido
disputas comerciales que implicaban un trade-off entre liberalización comercial y sostenibilidad.
Sin embargo, ante la importancia del problema del cambio climático
y las dificultades para hacerle frente a la velocidad necesaria, esto
está empezando a cambiar. Más allá de que los países adquieran
compromisos climáticos en el marco del Acuerdo del París y las COP, lo
cierto es que la importancia del comercio internacional puede hacer que
países y empresas modifiquen sus comportamientos (en términos de
emisiones) para evitar ser sancionados y/o perder acceso a mercados de
elevada renta como los europeos.
Por ello, el consenso sobre la utilidad de las herramientas
comerciales para lograr objetivos climáticos está cambiando. Además, en
el caso europeo, la opinión pública demanda que la política comercial
permita “exportar” los valores europeos,
entre los que se encuentra la sostenibilidad (véase, por ejemplo, el
debate sobre la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur en relación al
Amazonas).
Esto supone que es muy posible que la UE termine aplicando
este tipo de aranceles. Ahora bien, en la práctica su aplicación es
difícil y hacerlos compatibles con la legislación de la OMC, que además
es una institución en crisis y que necesita una reforma, es complejo.
De hecho, lo ideal sería forjar un consenso internacional
para una reforma de la OMC que introdujera estándares medioambientales
en el comercio internacional como una de las múltiples reformas que la
organización requiere, y que incluyen temas tan diversos como la reforma
de su mecanismo de solución de diferencias, el tratamiento de subsidios
o la regulación del comercio de servicios, entre otros. Sin embargo, en
el actual contexto de guerra comercial
entre China y EEUU dicha reforma es muy improbable, por lo que la UE se
verá en la necesidad de actuar por su cuenta, aunque siempre dejando
claro que prefiere la vía multilateral, a la que estará dispuesta a
regresar si existe suficiente consenso.
Más allá de que desde un punto de vista técnico corresponde a los comisarios de Comercio y Economía diseñar este arancel
de forma que se minimicen las distorsiones y se preste atención a los
problemas redistributivos que pueda generar, esta medida tiene una
dimensión de política exterior. La UE necesita –al igual que ya están
haciendo China y EEUU– desplegar sus herramientas de política económica
exterior para aumentar su peso geopolítico, y la política comercial es, a día de hoy, la más poderosa.
Por ello, el impuesto al carbono va a pasar a formar parte
de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión,
tanto existentes como futuros. Ahora bien, más allá de tener un enfoque
rígido o de no sentarse a negociar con países que, de entrada, no
compartan plenamente el compromiso europeo por la sostenibilidad (como
EEUU y muchos países emergentes), la UE debe estar dispuesta a ser
flexible. El objetivo no debe ser amenazar con aranceles a quienes no
cumplan con los estándares/condiciones europeas (eso sería más propio de
Trump), sino ir logrando que, progresivamente, la huella de carbono de
las exportaciones de otros países sea menor y se acerque más a la
existente dentro de la UE.
Esto supone que la UE esté dispuesta a aceptar reducciones
progresivas de dichos aranceles para países que cambien sus políticas
ambientales o períodos transitorios durante los cuales no se aplicarían
siempre que los demás países vayan cambiando sus políticas.
De hecho, para que el arancel no sea percibido como una
herramienta proteccionista, es necesario potenciar dos elementos clave
para su credibilidad: el aspecto técnico (que requiere reforzar la parte
estadística y analítica para estimar el contenido en CO2 de los bienes
importados) y la coherencia interna (las exenciones tienen sentido a
países muy pobres, pero no a sectores con capacidad de presión). Cuanto
más selectivo, menos creíble.
Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer
su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente.
Además, le permitiría seguir actuando como un poder normativo al tiempo que atiende una de las principales demandas de su ciudadanía.
***Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf