16/12/2019 | El Salvador - Transparencia: Panamá investiga empresas offshore de Alba Petróleos por lavado de dinero
Efren Lemus
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá abrió una investigación por lavado de dinero contra una compañía que recibió millonarios créditos de Alba Petróleos, la empresa dirigida por políticos del FMLN. El sistema bancario de aquel país cerró dos cuentas de otra, Apes Inc, que recibió 144 millones desde El Salvador; y el Registro Público ha suspendido temporalmente, por fallas administrativas, a otras tres offshores: Conemite International, Alba Refining Company Latin América y Atlantic Pacific Logistic, la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petróleos que recibió préstamos por $146.3 millones desde El Salvador.
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público de
Panamá investiga por lavado de dinero a dos empresas offshores, una de las
cuales recibió sumas millonarias de Alba Petróleos, según documentos y fuentes
oficiales de ese país. Las empresas investigadas son: Inversiones para el
Desarrollo Internacional S.A, una compañía que recibió millonarios créditos
para montar un proyecto de generación de energía eléctrica en Acajutla; y la
segunda es Apalsa Marítima S.A, que no reporta actividad económica ni en El Salvador
ni en Panamá.
Las offshores investigadas son parte de un grupo de
empresas creadas en paraísos fiscales que recibieron millonarios créditos desde
El Salvador. Las offshores recibieron financiamiento de Alba Petróleos, la
empresa que compra combustible subsidiado a Venezuela, gracias a un acuerdo de
cooperación que firmaron 18 alcaldías gobernadas por el FMLN y el gobierno del
entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Venezuela es dueña del 60% y los
alcaldes del 40% de las acciones de Alba Petróleos.
Dos años después de iniciar operaciones, en el 2008, los dirigentes de
Alba Petróleos crearon en Panamá Apes Inc, una offshore que recibió
$144.2 millones, dinero que utilizó para prestar a otras empresas
panameñas como Inversiones para el Desarrollo Internacional S,A., ahora
investigada por lavado de dinero. A su vez, las compañías panameñas
reenviaron el dinero a El Salvador y lo usaron para financiar proyectos
de generación de energía eléctrica, de transporte público, proyectos
inmobiliarios, entre otros. El dinero que retornó a El Salvador ya no
tenía el sello de Alba Petróleos, sino de compañías privadas
domiciliadas en paraísos fiscales y dirigidas por dirigentes del FMLN,
como el diputado Carlos "El Diablito" Ruiz; el exalcalde de San Pedro
Perulapán, Miguel Hernández; o de Sigfredo Merino Cabrera, el hermano de
José Luis Merino, miembro de la comisión política del FMLN. Ellos
manejaban las offshores. Generalmente, las offshores son compañías que
no tienen actividad económica, donde los verdaderos propietarios no se
conocen sino que son dirigidas por firmas de abogados. En Panamá, las
empresas offshores, por el dinero que reciben del extranjero y el dinero
que mueven por cuentas bancarias, no pagan ningún impuesto.
El fiscal adjunto de la fiscalía anticorrupción de
Panamá, Manuel Barríos, pidió el 7 de noviembre de 2018 una serie de documentos
al Registro Público para iniciar la investigación (fecha de registro, capital,
suscriptores, duración, historial de dignatarios, directores, poderes
otorgados, domicilio, historial de todas las escrituras públicas, bienes o
propiedades inscritas, entre otros documentos). En su solicitud, el fiscal
justifica así su petición: “Lo anterior para que obre como elemento de
convicción dentro de la noticia criminal N201800053798, seguida por supuesto
delito contra el orden económico en perjuicio del estado panameño”. En otras
palabras, la Fiscalía investiga si el dinero que recibió esa empresa es lícito.
Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A. fue
creada en Panamá el 29 de julio de 2011 para dedicarse a invertir en bancos o
en otras actividades financieras, así como en “establecer, operar y explotar”
cualquier establecimiento comercial, industrial o agrícola. En la práctica,
según los documentos y testimonios obtenidos por El Faro, la offshore fue
creada para recibir dinero de Alba Petróleo y reinvertirlo en un proyecto de
generación de energía eléctrica en Acajutla, Sonsonate.
Esta operación financiera se puede resumir así: hace más de una
década, la empresa guatemalteca Termopuerto Limitada de Capital
Variable, dirigida por Louis Richard Zimeri, estaba aquejada por las
deudas. Debía más de 50 millones de dólares al Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y al Banco G&T Continental y, por
tanto, su proyecto para generar energía eléctrica estaba varado.
Entonces, apareció en escena Alba Petróleos para cerrar un trato que
parecía jugoso: un pacto de “venta a descuento”; es decir, que se
comprometía a pagar 35 de los 50 millones de la deuda a cambio de
Termopuerto.
En los documentos públicos, sin embargo, nunca
apareció Alba Petróleos. La empresa manejada por políticos del FMLN
decidió hacer el financiamiento a través de un paraíso fiscal. No era la
primera vez que aplicaban este modelo de inversión que no dejaba rastro
de los verdaderos dueños de los proyectos. Alba Petróleos también
financió una fallida empresa de vuelos a través de una offshore en Curazao.
El
dinero de Alba Petróleos llegó a Inversiones para el Desarrollo
Internacional S.A por medio de un préstamo que le concedió otra offshore
panameña llamada Apes Inc, cuyo accionista principal también es Alba
Petróleos. En ese momento, Apes Inc era presidida por Carlos “El
Diablito” Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN; y uno
de los apoderados, con amplias facultades para disponer de la sociedad,
era Sigfredo Merino, hermano de José Luis Merino, uno de los
principales dirigentes del FMLN. El Faro intentó contactar al diputado
Ruiz por medio de la oficina de prensa del FMLN en la Asamblea
Legislativa y a Merino por medio de su abogado. Hasta el cierre de esta
nota no hubo respuesta a las peticiones.
El 26 de julio de 2012,
la panameña Inversiones para el Desarrollo Internacional montó una
empresa con el mismo nombre en El Salvador. Las compañías crearon un
fideicomiso para administrar el proyecto energético de Termopuerto.
Según el Consejo Nacional de Energía (CNE), la planta eléctrica, con
capacidad para generar 70 megavatios (MW) a base de hidrocarburos,
comenzó a operar en junio de 2013. En su último balance ante el Registro
de Comercio, en 2018, Termopuerto reportó activos por 18.7 millones de
dólares.
Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A. está
acéfala en Panamá desde el 7 de febrero de 2018. Ese día, renunció quien
durante los últimos siete años se desempeñó como su presidente: el
abogado salvadoreño José Mauricio Cortez Avelar. Su renuncia, nueve
meses antes de la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, está
inscrita en el Registro Público y también fue confirmada por el
abogado: “renuncié a mi trabajo en esa y otras empresas”, dijo. El Faro
buscó también a Carlos Alberto Ulloa Castro y Edwin Oswaldo García
Morales, los otros dos directivos de la offshore panameña, que tiene una
oficina en El Salvador, en la colonia San Francisco. Una mujer, que
atendió la puerta en esa dirección, ofrecida a las autoridades panameñas
como domicilio oficial de la empresa, dijo que no los conocía.
Además
de recibir financiamiento de Alba Petróleos, Termopuerto también ha
tenido una relación directa con el FMLN. Tras el fracaso electoral de
2019, el presidente Nayib Bukele reclamó al FMLN el pago de deuda
política por 2.6 millones de dólares. La deuda del partido de izquierda
fue pagada por Seguros del Pacífico, aseguradora que tenía como
contragarantía a Termopuerto, la compañía capitalizada, principalmente,
desde Panamá.
“Si es dinero de ALBA, entonces el FMLN violó la
ley, ya que el Gobierno Venezolano no puede financiar partidos políticos
de El Salvador. Que no les quede duda que vamos a buscar la
trazabilidad de cada centavo que 'paguen' a la aseguradora por ese
dinero. Una cosa es deber dinero. Que gracias a que golpeé la mesa ayer,
hoy ya no deben. Otra es el lavado de dinero. Que esa son varios años
de cárcel”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, el 20 de agosto de
2019.
Un mes después de las críticas de Bukele contra el FMLN y
Alba Petróleos, la revista Factum, publicó que, cuando era alcalde de
Nuevo Cuscatlán, el mandatario recibió 1.9 millones de dólares de
Inversiones Valiosas, empresa financiada por Alba Petróleos e
investigada en El Salvador por lavado de dinero.
La otra investigada
El
7 de noviembre de 2018, Panamá también abrió una investigación por
lavado de dinero contra la agencia naviera Apalsa marítima S.A.,
dedicada al fletamiento o alquiler de buques tanqueros, así como al
mercadeo y la comercialización de petróleo y sus derivados. La empresa
fue creada por la firma de abogados Delvalle & Delvalle. Los
directivos son salvadoreños: Mauricio Cortez, presidente; Obdulio Pérez,
secretario; y Marco Martínez, tesorero.
“Le solicito nos remita
certificación de la sociedad Apalsa marítima SA”, dice el oficio que el
fiscal Barrías envió al Registro Público. La solicitud de información
forma parte de la misma “noticia criminal”, la N° 201800053798, por la
que se investiga a Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A.
Hasta el momento, este periódico no ha encontrado documentos de alguna
actividad comercial o financiera realizada por esta empresa en El
Salvador o Panamá.
El Faro contactó a los encargados de relaciones
públicas de la Procuraduría de Panamá para obtener más detalles del
caso. Hasta el cierre de esta nota, los encargados de esa oficina no
habían respondido una serie de preguntas que se les mandó por vía
electrónica. “(El fiscal) ha estado en audiencia y aún no ha visto la
petición”, justificó uno de los encargados.
Siete meses antes del
inicio de la investigación por lavado de dinero, el 23 de abril de 2019,
el bufete Delvalle & Delvalle presentó su renuncia como agente
residente de Apalsa marítima, y de Alba Refining Company Latin América,
empresa entre cuyos directivos figuran Carlos Alberto Carpio y Mauricio
Cortez Avelar, personas que también aparecen en documentos de otras
compañías beneficiadas con préstamos de Alba Petróleos. “(La compañía)
es algo que quedó en papel. Nunca hizo nada”, dice Cortez Avelar, quien
figura como presidente, quien asegura que es una práctica común de los
bufetes panameños tener una especie de archivo de empresas para futuros
negocios. Apalsa marítima no hizo ningún negocio, dice.
Cuentas y empresas suspendidas
Panamá
cerró dos cuentas bancarias a Apes Inc, una offshore panameña que,
entre el 2008 y 2014, recibió préstamos de Alba Petróleos por
$144,287,971. La compañía fue presidida durante ocho años (2008-2016)
por el diputado del FMLN, Carlos “El Diablito” Ruiz. La presidenta
actual de esa sociedad es la salvadoreña Sonia Carolina Rosales Beltrán.
El
11 de octubre de 2019, el Registro Público de Panamá ordenó la
suspensión de Apes Inc por incumplir con un trámite administrativo: la
sociedad pasó más de 90 días sin agente residente (abogado o firma de
abogados que representa a la sociedad). La suspensión estuvo vigente
durante más de un año. Ahora, en la consulta en línea del Registro
Público, el estatus de Apes Inc aparece como vigente, pero sus cuentas
bancarias continúan canceladas.
La suspensión se suma a otros problemas legales. Tres fuentes
consultadas por El Faro, una con acceso a documentos de la Fiscalía de
El Salvador y otras relacionadas con los negocios de Alba
Petróleos, confirmaron que el sistema bancario panameño suspendió, en
2016, dos cuentas bancarias de Apes Inc, una abierta en el banco G&T
Continental, la 00637, y otra en el St. Georges Bank. Las fuentes de El
Faro aseguraron que el cierre de las cuentas tiene dos motivos: el
primero, son las peticiones de información de la Fiscalía salvadoreña,
que investiga a Apes Inc por una denuncia de estafa y otra por lavado de
dinero. La segunda razón es por las sanciones económicas que Estados
Unidos promueve contra Venezuela. El accionista de Apes Inc es la empresa salvadoreña Alba Petróleos .
Además
de Apes Inc, Panamá ha suspendido temporalmente a Conemite
Internacional Corp, Alba Refining Company Latin América y Atlantic
Pacific Logistic, la empresa que se promocionaba como la entidad
exclusiva de comercio internacional de Alba Petróleos, socia comercial
de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tenía negocios con grandes
compañías como las suizas Vitol y Trafigura, así como la estadounidense
Glencore.
La suspensión de una compañía implica lo siguiente:
“Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o
disponer de sus activos”. Apes Inc no puede realizar ninguna acción
corporativa y la ley panameña le da un plazo máximo de dos años para
resolver su situación. Apes Inc nombró un agente residente cuatro días
después de la suspensión, el 15 de octubre de 2019, pero sigue
suspendida.
Atlantic Pacific Logistic, la empresa que hasta 2014
había recibido préstamos de Alba Petróleos por $146,330,073, ahora tiene
la “Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o
disponer de sus activos”. Las empresas suspendidas tienen un plazo
máximo de dos años para nombrar agente residente, abogados panameños, de
lo contrario serán disueltas completamente, según la ley de ese país.