Al mismo producto, en la Ciudad de México le dicen 'chela', en Monterrey, 'cheve' y en Mérida, 'cheva'. Esas sutiles diferencias sumadas al rompecabezas gastronómico del país pueden sumar a la diversión en la convivencia de todos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe leer muy bien esos matices, pero también, el tufillo a rencor que existe entre algunos hacia la Ciudad de México, o bien, esa suerte de desdén que el norte arroja sobre el sur.

Tejió su campaña sobre esas bases cuando prometió a cada entidad su secretaría de Estado aunque en los hechos, como hoy está claro, nunca operó el deshuesadero del poder Ejecutivo.

Hoy que el dinero del erario escasea, gobernadores de distintos estados amenazan con llevar sus tortas ahogadas a otro lado y cambiar las relaciones que tienen con la Federación. La ruptura del pacto fiscal es la bandera que tejen entidades como Nuevo León, Chihuahua o Jalisco.

No voy a meterme con sus razones. Si hay argumentos válidos, defenderlos es cosa de cada quien.

Pero expertos en finanzas públicas no lucen tan confiados en un eventual rompimiento como el propuesto por los mandatarios estatales.

Por un lado, están los estados anclados, aquellos que aportan menos de lo que reciben. Un funcionario estatal me lo dijo claramente: nosotros damos un tercio de lo que nos devuelven, no hay manera de sumarnos a una iniciativa así.

Por el otro, están los arrojados, representados por las entidades que argumentan que su aportación es mayor que lo que la Federación les devuelve. Ahí es en donde el asunto está más interesante.

“Dejar el pacto fiscal es dificilísimo”, me expuso durante una llamada reciente Miguel Messmacher, quien tuvo casi todos los cargos de mayor relevancia en la Secretaría de Hacienda, salvo la del despacho de secretario.

Su argumento es simple, pero poderoso: los estados no están facultados para cobrar ISR o IVA. Las leyes son federales. Parece un asunto fácil de darle la vuelta: que el Congreso del estado faculte esos cobros y listo.

Dejemos a un lado si les parece la discusión jurídica. El que el corporativo esté ubicado en una ciudad no significa que el negocio también se sitúe ahí.

¿Cómo dividirían el ISR que deben pagar los OXXO por sus ventas de Veracruz o de Puebla? ¿Cómo cobraría el estado de Nuevo León el IVA del cemento que Cemex cobre a un cliente de la Ciudad de México? ¿Qué haría con los parabrisas que Vitro entregue, por ejemplo, en Toluca, a una trasnacional?

¿Cómo operaría eso? Requeriría que la Secretaría de Hacienda programe operaciones que separen los recursos por lugar de origen de las compañías, aunque sus ingresos los hagan con el dinero de otros estados. Todo ello después de un rompimiento hostil justamente con esa Secretaría. Eso no ocurrirá.

Ya ni hablemos del lío que levantaría en materia de aranceles interestatales que los gobernadores 'afectados' por estar anclados, buscarían cobrar a empresas 'foráneas' para compensar la salida de esos recursos.

Pero atención, que el asunto es serio. La narrativa del presidente López Obrador no aporta a una mayor cohesión, por el contrario, los vínculos nacionales crujen.

Un empresario con mucho poder me habló hace poco más de un año de la posibilidad real de que surjan pactos regionales que ante una dinámica económica adversa como la actual, propicien blindajes, acuerdos para que las empresas compren exclusivamente a proveedores locales.

Lo más estremecedor es que estas pláticas que antes estaban al nivel de broma, ahora sean abordadas públicamente por quienes toman decisiones por millones. México puede cambiar.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan-ruiz/puede-separarse-mexico