López Obrador profundiza la cesión de poder al Ejército tras la creación de la Guardia Nacional y el reparto de negocios inmobiliarios y logísticos. Los militares realizarán labores policiales hasta 2024.
México ha sellado en una ley lo que había sido una
realidad de facto durante más de una década. 14 años después de la polémica
salida del Ejército de los cuarteles para patrullar las calles con la
justificación de la crecida del narcotráfico, la entrega de la seguridad
pública a los militares ya cuenta con un blindaje legal, una petición
recurrente de la cúpula castrense. Ha sido el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, el gran crítico de la militarización de las labores policiales durante
sus largos años en la oposición, el que ha consolidado el nuevo papel del
Ejército hasta marzo de 2024, prácticamente hasta el final del mandato
presidencial. La influencia de la Fuerzas Armadas en la vida civil mexicana ha
ido en aumento desde la llegada al poder de Morena, con una política cada vez
más clara de mano tendida a los militares. Los negocios inmobiliarios, las
concesiones logísticas o de gestión se han multiplicado durante los últimos dos
años.
El acuerdo firmado este lunes se encuadra dentro de un
plan mayor, avanzado con la creación la primavera del año pasado de la Guardia
Nacional, el polémico cuerpo nacido ex profeso para controlar la violencia en
el país. La medida estrella del López Obrador en materia de seguridad necesitó
de una reforma exprés de la Constitución, donde se establecía que “en tanto la
Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación
territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada
permanente en tareas de seguridad pública”.
Ha sorprendido el momento elegido para hacer efectiva esa
prerrogativa. Ha pasado ya más de un año desde la implantación de la Guardia
Nacional, con sus efectivos desplegados ampliamente por el territorio del país,
cumpliendo desde controles migratorios en la frontera sur hasta labores
policiales en los barrios más calientes de la capital. El acuerdo llega además
en plena crisis sanitaria por la covid-19, con el Ejercito al mando también de
hospitales y recursos sanitarios para hacer frente la pandemia.
Esta coyuntura es subrayada por Raúl Benítez Manaut,
experto en seguridad e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), como uno de los posibles motivos. “Está habiendo saqueos, agresiones
a policías en los hospitales. El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso
Durazo, está necesitando de la ayuda de los militares y es muy probable que no
le hagan caso. Este acuerdo es un apoyo de López Obrador a su capacidad de
gestión”. Se trataría, según la interpretación del analista, de una pugna
dentro del aparato de seguridad del Estado.
El dibujo institucional previsto para la Guardia Nacional
estuvo desde el inicio rodeado de polémica. Durante la negociación de la
reforma constitucional con la oposición, López Obrador accedió a rebajar el
peso de los militares en la nueva corporación, adscrita orgánicamente a la
Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional. De espíritu
castrense -formada por exmilitares y expolicías- la Guardia Nacional tiene un
mando bicéfalo: uno civil y uno militar. Sus labores han de ser reguladas por
la ley, fiscalizadas por el Congreso y subordinadas al poder civil de la
secretaria de Seguridad Pública.
Esos equilibrios y contrapesos son los que habrían saltado
por los aires con el decreto de este lunes según Alejandro Madrazo, académico
del CIDE y experto en políticas de seguridad. “Es una exigencia al Ejército,
que ya se cansó de usar el disfraz de la Guardia Nacional. Ya no acepta las
órdenes civiles ni la supervisión del Congreso. Lo que acaba de implantar López
Obrador es la misma estrategia que fundó Felipe Calderón y extendió de Peña
Nieto, centralizar las labores de seguridad pública en el Ejército. En la nueva
norma no se establece ningún mecanismo de supervisión, no obliga a la
subordinación al mando civil, sino la mera coordinación, no delimita sus
funciones y no está suficientemente regulado”.
El nuevo movimiento de López Obrador escenifica otra
vuelta de tuerca en su cambio de discurso desde su llegada al poder. Uno de sus
eslóganes de campaña en 2018, continuando con su crítica a la militarización
durante su época en la oposición, fue “abrazos y no balazos”. El nuevo mantra
ahora es “El Ejército es bueno, porque el Ejército es pueblo”.
Madrazo considera que el acuerdo de este lunes viola el
mandato constitucional que ampara las labores policiales del Ejército. “Ahora
toca una respuesta de la sociedad de civil llevando esta norma ante la
Justicia. Le toca incluso de parte de la clase política que ahora está con
Morena y que en su día criticó la estrategia de Calderón y Peña Nieto”. La
Suprema Corte tumbó hace dos años la Ley de Seguridad Interior, por la que el
último gobierno priista normalizaba la presencia del Ejército en las calles.
Los negocios del Ejército
El aumento de poder militar durante el mandato de López
Obrador no se ha limitado solo a la esfera de la seguridad. Durante los últimos
dos años los militares han asumido encargos tan diversos como la distribución
de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el reparto de
libros de texto, el combate al sargazo o el traslado de dinero de programas
sociales. Este mismo lunes se conocía que la Secretaría de Defensa (Sedena) ha
comenzado a construir 26 sucursales del banco social del Gobierno que canaliza
las ayudas. Constituirá un total 1350 sedes bancarias para lo cual cuenta con
un presupuesto de 2. 941millones de pesos.
La concesión de mayor envergadura ha sido hasta ahora la
confirmación el pasado marzo de que la construcción y explotación del nuevo
aeropuerto de Ciudad de México recaería en manos militares. El Ejército no solo
construirá la terminal, sino que explotará las operaciones civiles y
comerciales mediante una empresa cuyas dirección estará ocupadas por militares.
El Ejército ayudará a también a construir dos tramos del Tren Maya, la obra
pública bandera del sexenio junto al aeropuerto.
En plena pandemia, el Ejército también ha visto
aumentadas sus funciones. El Gobierno le ha entregado el control de 31 hospitales
y tanto la Sedena como la Secretaría de la Marina (Semar) han estado realizando
compras de material sanitario durante los últimos meses. Contratos, tanto de
bienes como de servicios, que muchas veces se saltan los requisitos de
transparencia y supervisión estipulados para las licitaciones públicas y optan
por la vía rápida de las adjudicaciones directas.
Este canal excepcional para la contratación pública ha
sido el favorito para las dependencias militares, lo que ha causado incluso el
malestar en el interior del Gobierno por el gran margen de arbitrariedad y
opacidad de estos procesos. Durante el primer año de López Obrador, la Sedena
aumentó la utilización de las adjudicaciones directas en un 50% con respecto al
año anterior, hasta alcanzar un monto de 5.000 millones de pesos, de acuerdo a
una investigación de la Escuela del Gobierno del Tec de Monterrey y ONG México
Evalúa.
En el caso de la Semar, esta vía rápida de contratación
pública dobló el monto adjudicado el año anterior. De hecho, la Marina prácticamente
no conoce las licitaciones públicas. Solo 0,8% del total del contratos se
realizaron por la vía convencional y sujeta a más control y supervisión. Todo
esto, sin contar con los procesos reservados según la ley de Seguridad
Nacional, de los cuales no hay información pública.
“En una sociedad democrática los militares debería rendir
cuentas y no estar sujetos a la opacidad que reflejan los datos de compras
públicas. Y el primer interesado debería ser el Gobierno, que al inicio de su
mandato anunció que reducirá a lo mínimo las adjudicaciones directas”, apunta
Marco Fernández, investigador del Tec y México Evalúa. Desde la llegada de
López Obrador, el presupuestos militar ha aumento más de un 15% y el Ejército
va erigiéndose cada vez más como uno de los actores políticos más influyentes
del México actual.
https://elpais.com/internacional/2020-05-12/mexico-blinda-en-una-ley-la-entrega-de-la-seguridad-publica-a-los-militares.html