El asesinato del músico de 34 años, tiroteado el lunes por la noche en su coche en Addis Abeba por unos hombres sin identificar, ha provocado un terremoto de consecuencias impredecibles. Etiopía está en shock. Aunque la policía asegura haber detenido a varios sospechosos y el primer ministro, Abiy Ahmed, publicó una nota de pésame horas después –“entendemos la gravedad de la situación”, subrayó–, las protestas por la muerte del artista, que señalan al Gobierno como autor del asesinato, han provocado choques sangrientos con la policía. Un portavoz gubernamental confirmó que el martes se produjeron tres explosiones en la capital y organizaciones humanitarias cifran en hasta 90 los muertos durante las protestas.

La decisión del Gobierno etíope de desplegar el ejército en las calles, cortar el acceso a internet desde el martes y detener a figuras políticas opositoras acusadas de avivar los tumultos ha multiplicado las suspicacias de que las autoridades querían acallar a una voz incómoda y golpear al movimiento oromo. Para Laetitia Bader, directora de Human Rights Watch en el cuerno de África, el apagón digital, las detenciones y el excesivo uso de la fuerza de la policía, “en lugar de restaurar la calma podrían empeorar una situación volátil; el Gobierno debería dar pasos rápidos para revertir estas acciones o se arriesga a deslizarse en una crisis más profunda”.

Durante el funeral celebrado ayer, la viuda del cantante, Santu Demisew Diro, avanzó lo que todos saben: su marido ya es leyenda. “Hachalu no está muerto. Quedará para siempre en mi corazón y en el corazón de millones en el pueblo oromo”.

Entre el 2014 y el 2018, Etiopía vivió una ola revolucionaria que bebía de fuentes como la injusticia histórica, la pobreza o la corrupción, pero muy especialmente del abuso de poder. Las etnias oromo y amhara, que juntas suman el 65% de la población, se levantaron, hartas de no tener representación en unas instituciones políticas y militares controladas desde hace décadas por la etnia tigray, que representa apenas un 6% de la población. La propiedad de la tierra desencadenó definitivamente la rabia: en el 2015, el Gobierno anunció un plan para expandir Addis Abeba hacia territorios de Oromia y dar más espacio a la capital. Para los oromo significó el robo de su tierra ancestral.

El propio Hundessa, que en el 2003 y con solo 17 años fue encarcelado durante un lustro por su activismo político, criticó duramente los desplazamientos forzosos de su pueblo, que consideraba una nueva agresión histórica, en la línea de las expulsiones de los oromo de la tierras de la capital por el emperador Menelik II. “Levantaos, preparad a vuestros caballos y pelead, vosotros sois los que estáis más cerca del palacio”, bramó. El destrozo esta semana de estatuas de figuras militares de la época de Menelik o la de un busto del emperador Haile Selassie en Londres responden a esas afrentas denunciadas por el artista.

Aunque la llegada al poder del oromo Abiy calmó las aguas por su mano tendida a la disidencia –ordenó la libertad de miles de opositores políticos y puso fin al estado de emergencia–, el asesinato de Hundessa, cuyas canciones Malaan Jira o Jirraa ya son himnos del movimiento oromo, sume al segundo país más poblado de África, con 109 millones de habitantes, en la incertidumbre.

La importancia de Hundessa en la causa oromo, y el impacto de su muerte, entronca con la tradición africana de músicos con una gran implicación política como el nigeriano Fela Kuti, el marfileño Tiken Jah Fakoly, el senegalés Youssou N’dour o el ugandés Bobi Wine. Pero en el caso de la revolución oromo va incluso más allá. Según el analista Awol Allo, “las letras conmovedoras y poderosas de los artistas oromo han dado voz y significado a la insufrible indignación del grupo. Cuando sus líderes políticos han fallado, los artistas han dado un nuevo significado a las agonías de la derrota. Cuando prevalecieron, los artistas amplificaron pequeñas victorias para inspirar a generaciones enteras”.