Por medio de una nueva ley, el Gobierno francés ha decidido delegar la censura estatal en plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat. De ahora en adelante, unas compañías privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de fuertes multas.
El 13 de mayo, el Parlamento francés
adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat
[1] que retiren el contenido reportado como "promotor del odio" en 24 horas y en una hora el reportado como "terrorista". De no hacerlo, podrían ser objeto de
multas exorbitantes, de
hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.
Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado "odioso" bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye "la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad".
Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.
"Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet", se lee en la introducción de la Ley Avia.
Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (...) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (...) remiten (...) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (...) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (...) provisiones efectivas y poderosas (...) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de 'haters' o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (...) Sin embargo (...) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (...)
Tras reconocer que el "odio" online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque "se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias", pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.
El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. "La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas", afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.
Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que "los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido". La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:
La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido 'manifiestamente ilegal'. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.
El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.
Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, les llevarán a una sobre-retirada de contenido.
La ley también ha topado con rechazo en Francia. El 22 de mayo, Guillaume Roquette, director editorial de Le Figaro Magazine, escribió:
Con el pretexto de combatir el contenido 'odioso' en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (...) el 'odio' es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.
Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, "introduce la penalización criminal de... la conciencia". Es peligroso (...) porque delega la regulación del debate público (...) en internet en multinacionales norteamericanas (...) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión.
Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de "un placebo para combatir el odio" y señalado que "hiperenfocarse en el odio online" enmascara el auténtico peligro:
No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (...) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (...) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas.
"¿Qué es el odio?", se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. "¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar... tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento... No puede judicializarse, legislarse".
Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas –o al Gobierno–que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.
Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.
[1] Así como otras plataformas online y motores de búsqueda que alcancen un cierto nivel de actividad en Francia (nivel que será especificado en un decreto posterior).
***Traducción del texto original: France's Determination to End Free Speech
Traducido por El Medio
