Pekín responde que actuará recíprocamente tras el anuncio de Washington de prohibir la entrada en su territorio a altos cargos chinos a los que considera responsables de los abusos contra esta etnia.
Las tensiones entre China y EE UU, que parecen aumentar
casi a diario, han subido un escalón más. En este caso, por Xinjiang, la región
hogar de la minoría musulmana uigur en el oeste de China. El jueves, Washington
anunció la prohibición de la entrada en su territorio a tres altos funcionarios
chinos a los que considera responsables de los abusos contra los derechos
humanos de esta etnia. Este viernes, Pekín ha respondido que impondrá medidas
similares contra los cargos estadounidenses que considere han tenido un “mal
comportamiento” en lo relativo a esa región.
China “desde luego que responderá” contra los actos que
considere una injerencia en sus asuntos internos y que pongan en peligro su
soberanía o sus intereses de seguridad y desarrollo, ha asegurado el portavoz
de Exteriores en Pekín, Zhao Lijian, en la rueda de prensa diaria de su
ministerio. “En respuesta a las prácticas erróneas de Estados Unidos, China ha
decidido adoptar medidas recíprocas contra las instituciones e individuos
estadounidenses que muestren un mal comportamiento en cuestiones relacionadas
con Xinjiang”, ha agregado. Hasta el momento, Pekín no ha identificado por
nombre quiénes podrían ser objeto de esas represalias.
Washington sí lo ha hecho sobre los funcionarios objeto
de sus sanciones. El más destacado es Chen Quanguo, el secretario general del
Partido Comunista de China en Xinjiang y, por ende, el hombre con más poder en
la región. Chen, uno de los 25 miembros del Politburó —el organismo directivo
del Partido—, había estado con anterioridad a cargo de Tíbet. De allí importó,
según las organizaciones de derechos humanos y expertos, parte del sistema de
vigilancia y control implantado en la región de 25 millones de habitantes.
El método incluye numerosos puntos de control de los
documentos de identidad, sistemas de reconocimiento facial, arcos de detección
de metales a la entrada de edificios públicos y ubicuas cámaras de circuito
cerrado por todo el territorio de Xinjiang. Pekín considera las medidas
necesarias para impedir la repetición de atentados como el que en 2014 dejó 31
muertos en un mercado de Urumqi, la capital de la región, y que atribuye a
grupos islámicos radicales.
Fue tras la llegada de Chen, de 64 años, a la región
cuando se implantó la vasta red de “campos de reeducación” para las minorías
musulmanas de Xinjiang, que se calcula que pueden haber acogido en torno a un
millón de personas de todo tipo y condición, y que China describe como centros
de formación necesarios para combatir el terrorismo y el separatismo. Numerosos
ocupantes de estos centros que han logrado abandonarlos tras completar su
“transformación ideológica” y salir de China, o sus familiares, han denunciado
malos tratos y lavados de cerebro. Según Pekín, la “mayoría” de estos centros
han sido cerrados antes de mediados del año pasado tras cumplir su función,
aunque las fuertes medidas de seguridad en la zona hacen imposible comprobar
ese extremo de manera independiente.
Están incluidos también en las sanciones Zhu Hailun,
antiguo máximo responsable de la seguridad de Xinjiang, y Wang Minshang,
también alto cargo del departamento de Seguridad Pública de la región.
“Estados Unidos no permanecerá impasible mientras el
Partido Comunista de China perpetra abusos de los derechos humanos contra
uigures, kazajos étnicos y miembros de otras minorías en Xinjiang, para incluir
trabajos forzados, arrestos masivos y arbitrarios y el control forzoso de la
población, así como intentos de borrar su cultura y su fe musulmana”, ha
declarado el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en un comunicado.
Zhu, Wang y Chen, junto a sus familiares, verán vetada su
entrada a Estados Unidos. Además, el Departamento del Tesoro ha ordenado la
congelación de bienes de un cuarto funcionario de la seguridad china en
Xinjiang, Huo Liujun.
El mes pasado, un informe del experto independiente en
Xinjiang Adrian Zenz, publicado por el laboratorio de ideas Jamestown
Foundation, acusaba a las autoridades chinas de llevar a cabo una campaña de
control de la natalidad entre la población uigur que incluía la práctica de
esterilizaciones y abortos. La semana pasada, las aduanas de EE UU
interceptaron en Nueva York un cargamento de productos a partir de cabello
humano, obtenido al parecer en los campos de trabajo de Xinjiang.