Con el regreso de Emilio Lozoya a México seguramente se desarrolló una 'pandemia' de insomnio entre funcionarios y exfuncionarios. ¿Qué declarará, a quién imputará, en verdad tendrá documentos? ¿Tendrá videos?.
Pero desde que tocó tierras mexicanas el tratamiento que
ha recibido por parte de la Fiscalía General de la República claramente indica
que el exdirector de Pemex tendría un trato diferente a cualquier otro
extraditado al país. Se especula sobre su situación jurídica, si pisará la
cárcel o, como nos comentó el mismo senador Ricardo Monreal, durante una
entrevista para el Financiero Bloomberg, podría hasta haber una “extinción de
la pena”, si es que transita de ser un imputado a un “testigo colaborador”.
En defensa del actuar de la Ministerio Público, estas
'negociaciones de penas' no deberían de sorprender -es una herramienta que usan
fiscales en diferentes países para perseguir a capos del narcotráfico, líderes
de organizaciones terroristas o grupos guerrilleros-. El concepto es que la
información proporcionada permitirá perseguir a individuos que tienen más
importancia por jerarquía o por la peligrosidad a la población.
Bajo este principio, la información que tendría que
proporcionar Lozoya para merecer algún beneficio o la “extinción de la pena”
debería traducirse en investigaciones penales en contra de exsecretarios y
expresidentes, y a lo mejor de personas que actualmente son funcionarios en el
sector público, para justificar su inmediata destitución.
Pero estas figuras de 'negociación' o figuras similares,
que se permiten en otros países, también se ha prestado para abuso y hasta
corrupción. Mi profesional en Colombia me permite señalar casos documentados
donde la información proporcionada por el acusado señalaba a personas de menor
jerarquía, o a propósito se viciaba el proceso para que la información
proporcionada resultara inadmisible para perseguir penalmente a otros
implicados. Otra opción sería usar la información obtenida por el testigo colaborador
para 'extorsionar' a otros posibles implicados, transparentando la información
obtenida para impactar la credibilidad de un individuo o de su afiliación
política.
¿Qué pasará con el caso de Odebrecht México? Las
declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador parecerían indicar que
el proceso Lozoya podría convertirse en el siguiente circo político, dando a
los comensales suficientes palomitas y cacahuates para entretenernos en el
camino de las elecciones intermedias de 2021.
Y digo con certeza que hubo corrupción comprobada en
México porque la misma empresa reconoció que hubo pagos por 10 millones dólares
para la campaña del PRI en 2012, además de por obras que Pemex adjudicó a
Odebrecht.
Todo esto consta en la confesión que hizo la empresa ante
el Departamento de Justicia, donde reconoció haber cometido actos de corrupción
en más de 10 países (entre ellos están no sólo México sino Chile, Colombia,
Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Perú, Panamá y Argentina).
En la mayoría de estos casos, los gobiernos pidieron que
se compartiera la información de la declaración de culpabilidad de Odebrecht
para no sólo procesar penalmente a los exfuncionarios, sino para un juicio
civil, donde Odebrecht tendría la responsabilidad de resarcir el daño a las
instituciones públicas que fueron víctimas de la corrupción.
En el caso de México, la 'victima' seria Pemex. Y a
diferencia de un juicio penal, donde tal vez algún funcionario mexicano, algún
día, será procesado y castigado, el juicio que podría entablar Pemex contra
Odebrecht es de carácter civil. Sin importar cuáles podrían ser los resultados
en el caso penal contra Lozoya, y con los documentos en mano, la paraestatal
podría, en un tribunal estadounidense, exigir hasta más de 200 millones de
dólares para resarcir los daños, según algunos expertos que han seguido de
cerca el caso Odebrecht en Latinoamérica.
Los únicos países que hasta el momento no han interpuesto
una demanda de esta índole son Venezuela y México. ¿La pregunta es por qué? Tal
vez la información proporcionada por el Departamento de Justicia compromete
funcionarios que siguen en Pemex, o podría impactar aún más la credibilidad y
la viabilidad financiera de la paraestatal ante la comunidad internacional.
Pero, un juicio público en Estados Unidos va a transparentar no sólo la
corrupción del pasado, sino podría abrir a cuestionamientos del actual manejo
de Pemex. Si las declaraciones de Lozoya no serán usadas para castigar a otros
individuos corruptos, por lo menos que ayuden a que una empresa corrupta, como
Odebrecht, le pague una millonada a Pemex. Tal vez, pero tal vez, el
escarmiento público y en algunos casos, procesos penales para funcionarios y
multas multimillonarias para las empresas sirvan para reducir, aunque sea un
poquito, la corrupción.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/por-que-a-pemex-no-le-interesa-perseguir-a-odebrecht-o-a-lozoya