Ocho meses duró la batalla intramuros de Javier Jiménez Espriú para evitar que la Marina se apoderara de los puertos y las aduanas dentro de sus instalaciones, pero no pudo ganar la pelea. Jamás iba a ser vencedor de esta lucha, porque su adversario no era el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, sino el propio Andrés Manuel López Obrador. Como si no lo conociera. Desde que es Presidente, cada vez que se siente rebasado por las circunstancias de la realidad, se refugia en las Fuerzas Armadas. La debilidad ejecutiva de López Obrador se está resolviendo sistemáticamente por mayor acción, presencia y control castrense sobre la vida civil del país, cuyo orden está cayendo bajo control militar.
Jiménez Espriú dejó ayer oficialmente la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) por un diferendo con el Presidente al
decidir entregar a la Marina el Sistema Portuario Nacional, que tiene 117
puertos y terminales. Era una afrenta más.
Anteriormente lo había despojado del control y la
construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, para asignárselo al
secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, en el eje de lo que
pretende ser el nuevo Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México, con lo cual
le había cercenado su función como responsable del desarrollo de las
comunicaciones y transportes.
El exsecretario era uno de los funcionarios que durante
más tiempo habían acompañado a López Obrador, y de los pocos que en sus tres
propuestas de gabinete en 2006, 2012 y 2018, figuró siempre al frente de la
cartera de la SCT. López Obrador no sólo le cortó un brazo a la Secretaría,
sino que afecta una parte estratégica del desarrollo mexicano, al entregarle a
la Marina un área compleja que está por encima de sus capacidades, porque la
SCT era el órgano gubernamental que promueve, además, las políticas de
estabilidad y crecimiento económico, la integración y desarrollo, además del
comercio exterior en los puertos, por donde pasa, sólo en 16 de ellos, el 67
por ciento del movimiento de carga.
La decisión de López Obrador se fundamentó en que “además
de buena administración, requerimos de seguridad y de protección”. Este es el
fondo, lo que sucede en las aduanas de los puertos con la infiltración del
narcotráfico, que se viene arrastrando desde hace más de dos gobiernos, que es
cuando se comenzó a atacar el problema.
El control de los principales puertos del país lo tenían,
según informes del gobierno, los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva en el
Pacífico, y Los Zetas en Tamaulipas y Veracruz. Hoy, el Cártel Jalisco Nueva
Generación controla los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y
Coatzacoalcos.
La mayor alerta de seguridad está en Manzanillo y Lázaro
Cárdenas, por donde entran los precursores químicos para la fabricación de las
metanfetaminas en los superlaboratorios de Jalisco y Michoacán, y el fentanilo,
la droga que está provocando un alto número de muertes en Estados Unidos. Desde
finales del gobierno de Enrique Peña Nieto creció la presión del gobierno de
Donald Trump para que se luchara contra el tráfico de esas drogas, pero ni esa
administración ni la de López Obrador han dado los resultados que buscan los
estadounidenses.
López Obrador tiene razón en que hay un problema de
seguridad en los puertos, pero la decisión final para pasar el control de los
puertos y sus aduanas a los marinos, no la había tomado, dejando implícito en
esa demora que consideraba los argumentos en contra de Jiménez Espriú, hasta
después de su visita a Washington, lo que puede ser una mera coincidencia.
Los argumentos del exsecretario eran que los puertos
debían ser operados por la dependencia que encabezaba, no por los militares.
Aunque se desconocen los detalles de su alegato, la
complejidad que representan los puertos en la continuidad estable del comercio
y la regulación de los sistemas de comunicación y transporte, hace inexplicable
que por un problema de seguridad y narcotráfico en los puertos y aduanas
marítimas, que es una realidad, sea la Secretaría de la Marina la que absorba
completamente la responsabilidad de los puertos.
La seguridad en los puertos podría haber sido llevada a
cabo por la Marina, como lo hizo durante el gobierno de Felipe Calderón y la
descuidó, como hizo con todo en materia de seguridad el de Peña Nieto, al no
ser excluyente de las funciones y responsabilidad de la SCT del resto de las
operaciones de los puertos. López Obrador no procesa de manera segmentada los
problemas y tiene diagnósticos generales que, por definición, son
superficiales.
Aceptó finalmente la renuncia de Jiménez Espriú,
presentada la semana pasada, tras no haber podido persuadirlo que aceptara una
decisión ya tomada. El exsecretario fue congruente durante todo el tiempo que
luchó contra la determinación del Presidente, pero sus razones chocaron contra
lo que ha hecho López Obrador en su joven administración, que es entregarse a
las Fuerzas Armadas, a las que sistemáticamente transfiere preocupaciones que
no quiere atender.
La creciente presencia del Ejército en áreas que estaban
fuera de su competencia, y con el nuevo papel que le está asignando a la
Marina, también fuera de su ámbito, serán puestas a prueba cuando se
problematicen los temas en puertos y aduanas marítimas con el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con el
comercio exterior, que tendrán que adaptarse a la subordinación militar.
A Jiménez Espriú lo alcanzó esa realidad que no aceptó.
El López Obrador que separaba el gobierno civil del militar, no existe ya. Hoy
está entregado a las Fuerzas Armadas, sin importar sus capacidades y
experiencias, pero que le dan tranquilidad en sus sueños en Palacio Nacional,
al dejar que otros resuelvan, como puedan, aquellos temas donde se sabe
rebasado.