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27/08/2020 | México - Opinión: Un Estado bananero ahuyenta inversiones

Armando Salinas Torre

Se modifican las condiciones que favorecían la inversión privada en el despacho de energía eléctrica, principalmente en la generación de las denominadas energías renovables y limpias y, por si ello no fuera poco, a través de simples declaraciones mediáticas se cuestiona y erosiona la confianza y la credibilidad del Poder Judicial.

 

Sigue la tragicomedia del circo electoral y del espectáculo corrupto, en lugar de consolidar un verdadero Estado de derecho.

El Estado de derecho no son sólo palabras fifí (como dicen algunos), sino que es un prerrequisito esencial para dar seguridad y certidumbre a las inversiones privadas, nacionales e internacionales, que generan fuentes de empleo mejor remunerado y contribuyen al desarrollo económico nacional.

La historia de la humanidad nos ha demostrado que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La mejor forma de limitar los excesos ha sido dividir las funciones del gobierno. El que una sola persona tome las principales decisiones legislativas, ejecutivas, incluso sobre la culpabilidad de los acusados, en esas tres funciones, les guste o no el calificativo, genera el riesgo de una dictadura.

A diferencia del Estado de derecho, en el que las decisiones y los problemas de gobierno se procesan y resuelven a través de las instituciones públicas independientes, en las dictaduras, las cuestiones públicas se atienden conforme a los dictados de la persona que ejerce el control político del gobierno.

En lugar de que consolidemos nuestro Estado de derecho, vamos en el sentido contrario. Por ejemplo, en el ámbito de calidad en los servicios que proporciona el Estado, sería indispensable garantizar la seguridad, confianza y certidumbre a los inversionistas y al comercio: es decir, una legislación, políticas públicas, instituciones administrativas y tribunales autónomos que, en forma adecuada, promovieran, facilitaran y garantizaran la seguridad y confianza a la sociedad.

Lamentablemente, nuestro gobierno está empecinado en hacer todo lo contrario, puesto que, por un lado, se nombra a personal sin la preparación adecuada y a incondicionales que socaban la autonomía de órganos reguladores que generaban confianza y certidumbre en la inversión, ya fuera en el ámbito de las telecomunicaciones, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o de energía, como la Comisión Reguladora de Energía; violentando los procedimientos legales, se modifican las condiciones que favorecían la inversión privada en el despacho de energía eléctrica, principalmente en la generación de las denominadas energías renovables y limpias y, por si ello no fuera poco, a través de simples declaraciones mediáticas se cuestiona y erosiona la confianza y la credibilidad del Poder Judicial federal. No sólo se subordina el poder económico al político, como se dijo en un principio, sino todas las funciones del Estado.

La irrupción de un problema científico (como la aparición de un virus y la pandemia) evidenció que las instituciones carecían de la autonomía suficiente para hacer su labor técnica y científica, porque estaban sometidas a la voluntad política, que tiene fines electorales.

Hemos llegado al llamado escenario catastrófico del gobierno federal, de más de 60 mil muertos por la pandemia, y la situación empeorará más, a pesar de las declaraciones gubernamentales electoreras e irresponsables.

En lugar de que todo el Estado dirija sus acciones a consolidar un Estado de derecho que mejore el sistema de salud nacional, promueva y garantice la inversión privada y el desarrollo nacional, tenemos a las instituciones públicas como si estuvieran en un circo de tres pistas, ofreciendo espectáculos lamentables, exhibiendo, difamando y denigrando a diversas personas.

Independientemente de quiénes sean los difamados, en un Estado de derecho se debieran procesar las acusaciones a través de las instituciones públicas, es decir, investigación y acusación ante las instancias jurisdiccionales, para que, una vez concluido el juicio, se emita la sentencia correspondiente. En nuestro Estado bananero primero se difama y luego se investiga, comprueba y juzga.

Todo, con la finalidad de contribuir al circo que distraiga de la tragedia humanitaria de salud que padecemos, lo que, además, ahuyenta las inversiones privadas.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-salinas-torre/un-estado-bananero-ahuyenta-inversiones/1401999

 

Excelsior (México)

 



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