Se modifican las condiciones que favorecían la inversión privada en el despacho de energía eléctrica, principalmente en la generación de las denominadas energías renovables y limpias y, por si ello no fuera poco, a través de simples declaraciones mediáticas se cuestiona y erosiona la confianza y la credibilidad del Poder Judicial.
Sigue la tragicomedia del circo electoral y del
espectáculo corrupto, en lugar de consolidar un verdadero Estado de derecho.
El Estado de derecho no son sólo palabras fifí (como
dicen algunos), sino que es un prerrequisito esencial para dar seguridad y
certidumbre a las inversiones privadas, nacionales e internacionales, que
generan fuentes de empleo mejor remunerado y contribuyen al desarrollo
económico nacional.
La historia de la humanidad nos ha demostrado que el
poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La mejor forma de
limitar los excesos ha sido dividir las funciones del gobierno. El que una sola
persona tome las principales decisiones legislativas, ejecutivas, incluso sobre
la culpabilidad de los acusados, en esas tres funciones, les guste o no el
calificativo, genera el riesgo de una dictadura.
A diferencia del Estado de derecho, en el que las
decisiones y los problemas de gobierno se procesan y resuelven a través de las
instituciones públicas independientes, en las dictaduras, las cuestiones
públicas se atienden conforme a los dictados de la persona que ejerce el
control político del gobierno.
En lugar de que consolidemos nuestro Estado de derecho,
vamos en el sentido contrario. Por ejemplo, en el ámbito de calidad en los
servicios que proporciona el Estado, sería indispensable garantizar la
seguridad, confianza y certidumbre a los inversionistas y al comercio: es
decir, una legislación, políticas públicas, instituciones administrativas y
tribunales autónomos que, en forma adecuada, promovieran, facilitaran y
garantizaran la seguridad y confianza a la sociedad.
Lamentablemente, nuestro gobierno está empecinado en
hacer todo lo contrario, puesto que, por un lado, se nombra a personal sin la
preparación adecuada y a incondicionales que socaban la autonomía de órganos
reguladores que generaban confianza y certidumbre en la inversión, ya fuera en
el ámbito de las telecomunicaciones, como el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, o de energía, como la Comisión Reguladora de Energía;
violentando los procedimientos legales, se modifican las condiciones que
favorecían la inversión privada en el despacho de energía eléctrica,
principalmente en la generación de las denominadas energías renovables y
limpias y, por si ello no fuera poco, a través de simples declaraciones
mediáticas se cuestiona y erosiona la confianza y la credibilidad del Poder
Judicial federal. No sólo se subordina el poder económico al político, como se
dijo en un principio, sino todas las funciones del Estado.
La irrupción de un problema científico (como la aparición
de un virus y la pandemia) evidenció que las instituciones carecían de la autonomía
suficiente para hacer su labor técnica y científica, porque estaban sometidas a
la voluntad política, que tiene fines electorales.
Hemos llegado al llamado escenario catastrófico del
gobierno federal, de más de 60 mil muertos por la pandemia, y la situación
empeorará más, a pesar de las declaraciones gubernamentales electoreras e
irresponsables.
En lugar de que todo el Estado dirija sus acciones a
consolidar un Estado de derecho que mejore el sistema de salud nacional,
promueva y garantice la inversión privada y el desarrollo nacional, tenemos a
las instituciones públicas como si estuvieran en un circo de tres pistas,
ofreciendo espectáculos lamentables, exhibiendo, difamando y denigrando a
diversas personas.
Independientemente de quiénes sean los difamados, en un
Estado de derecho se debieran procesar las acusaciones a través de las
instituciones públicas, es decir, investigación y acusación ante las instancias
jurisdiccionales, para que, una vez concluido el juicio, se emita la sentencia
correspondiente. En nuestro Estado bananero primero se difama y luego se
investiga, comprueba y juzga.
Todo, con la finalidad de contribuir al circo que
distraiga de la tragedia humanitaria de salud que padecemos, lo que, además,
ahuyenta las inversiones privadas.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-salinas-torre/un-estado-bananero-ahuyenta-inversiones/1401999