Al respecto, sostiene Caamaño que "las misiones asignadas a la Agencia no tienen vinculación alguna con las funciones asignadas al Servicio Penitenciario Federal que permita un punto de encuentro entre ambos organismos''. La Ley de Inteligencia Nacional afirma exactamente lo contrario.

En efecto, la Ley 25.520 del 2001, con las modificaciones introducidas por la Ley 27.126 del año 2015, establece y define, en el Art. 2º Inc. 5, al Sistema de Inteligencia Nacional como el conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la AFI a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

Luego el Artículo 6º indica que son organismos del SIN, la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

El Artículo 7º, cuyo texto es producto de la reforma kirchnerista de 2015, es por demás significativo para apuntalar la falacia en que incurre Caamaño: `"La Agencia Federal de Inteligencia será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y dirigirá el mismo, abarcando los organismos que lo integran''. Es decir que la AFI dirige y abarca el Sistema.

Dentro de ese Sistema, el Artículo 9º sitúa bajo la órbita de la DNIC al Subsistema de Inteligencia Criminal en el que reporta el área "de inteligencia penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal".

Lo que la Ley claramente establece y expone es que el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal es parte del Sistema de Inteligencia Nacional que dirige y abarca la AFI.

DOS PUNTOS IMPORTANTES

Eso habilita dos consideraciones sobre el punto en cuestión. La primera es que el convenio nunca debió haberse firmado, por la sencilla razón de no ser necesario. Siendo que la AFI dirige y abarca el Sistema de Inteligencia Nacional no tiene nada que convenir con ninguno de sus componentes. Dispone y punto. Es un viejo y sabio principio de Inteligencia y Contrainteligencia no generar documentos innecesarios y operar siempre con la mayor discreción posible. Y no por las condiciones del presente, sino por las que pueden ser las variantes del futuro, donde nunca es recomendable tropezar con el pasado.

Como Presidente, Mauricio Macri jamás entendió ni proyectó la importancia de la Inteligencia de Estado, la subestimó y la despreció sin incorporarla como rutina a su proceso de toma de decisiones. En consecuencia, la gestión macrista, a través de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se caracterizó por un amateurismo cargado de soberbia desoyendo todas y cada una de las advertencias formuladas por profesionales. Que fueron muchas.

La segunda consideración es que el motivo pretextado por Caamaño para dejar sin efecto el convenio de marras es todavía peor que el amateurismo macrista. Evidencia desde la intervención de la AFI la intención de desconocer y contrariar de plano la ley por parte del gobierno kirchnerista, el mismo gobierno que desde el 19 de marzo de 2020 dejó sin efecto la Constitución Nacional.

Más allá que el derecho se reputa por todos conocido Cristina Caamaño es abogada y ha sido fiscal, por ende sería absurdo atribuir sus decisiones al desconocimiento de la ley. No desconoce la ley y por eso mismo tampoco ignora la dimensión funcional de lo que debe dirigir y abarcar la AFI. Consecuentemente no hay error conceptual en el entendimiento de lo que juzga incompatibilidad de funciones entre AFI y el Servicio Penitenciario Federal, sólo hay una alevosa mentira para hacer lo contrario de lo que la ley manda y que revela, al igual que otras de sus decisiones como interventora, que no fue puesta allí para que el Sistema de Inteligencia Nacional funcione sino para destruirlo.

Lo que argumenta Caamaño convalida y profundiza el daño al Subsistema de Inteligencia Criminal hecho por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. El delito es una red de relaciones complejas y no se puede desconocer en su dinámica operativa la relación entre la cárcel y la calle. La Inteligencia Penitenciaria es vital para comprender y anticipar la actividad delictiva.

Es sintomático de la indecencia del kirchnerismo, en tanto proyecto totalitario de corrupción estructural, su afinidad con la delincuencia. Aflora en cada decisión de gobierno como una constante preocupación por subvertir el orden y otorgar derechos a los criminales en perjuicio de los ciudadanos.

La pregunta sería: ¿Por qué un Presidente avalaría la destrucción del sistema de Inteligencia que debe fundar sus decisiones? Pues sencillamente porque no toma decisiones, hace de presidente pero no lo es. Aquí se está subvirtiendo el orden constitucional bajo dirección castrista, y tan claro como que Alberto Fernández no es quien toma decisiones, cae de maduro, muy maduro, que un presidente castrado no necesita que la AFI haga inteligencia.

***Ariel Corbat . Periodista. El lector podrá encontrar más artículos del señor Corbat en sus dos blogs: plumaderecha.blogspot.com y unliberalquenohabladeeconomia.blogspot.