Una normativa "totalitaria y antidemocrática", según constitucionalistas, que el propio 'hijo de Chávez' asegura haber redactado para enfrentar las sanciones y reimpulsar la economía y que además quiere imponer por vía de la urgencia, pese a que sabe que en enero contará con un Parlamento a su servicio tras las elecciones del 6-D.

Desde su irrupción ante la opinión pública y tras redactarse en secreto en la ANC, la Ley Antibloqueo ha cosechado la alarma entre opositores, expertos y aliados de Maduro. Y tienen sus motivos: el 'presidente pueblo' quiere concentrar más poderes para actuar sobre los recursos del país y para anular las leyes más incómodas. Más poderes para quien ya tiene superpoderes, una especie de versión revolucionaria de Luis XIV y "el estado soy yo", pero entre las sombras de la tragedia venezolana.

Para el constitucionalista Juan Raffalli, hasta el derecho a la información queda en el aire, ya que esta ley otorgaría confidencialidad a los documentos del Gobierno. Con la nueva ley, el Ejecutivo podrá actuar en secreto. "Es una ley antiderecho, la negación misma del estado de Derecho. El jefe del Estado puede desaplicar normas jurídicas, decidir qué ley le incomoda para desaplicarla", explica Raffalli.

En esta ocasión, no sólo de la oposición parten las críticas. "Es un grave retroceso y no protege a los venezolanos", alertó el Partido Comunista. Hasta movimientos de base del chavismo han protestado en repudio a la imposición de una ley con agenda oculta, que temen vulnera la Constitución bolivariana de Hugo Chávez.

Pese a haberse impuesto en 2017 para oficialmente redactar una nueva Constitución, la ANC no cumplió con semejante misión, dedicándose en cuerpo y alma a fustigar al Parlamento y a los opositores, además de asumir inconstitucionalmente sus funciones. A última hora Maduro ha decidido que la Constituyente deje un "legado" a su pueblo, pese a lo ilegal de tal acción.

"Es un chiste y si la escribió Maduro, no podemos esperar menos", ironizó ayer Juan Guaidó, presidente encargado.

"Es un proyecto que contradice en esencia a la propia Constitución. Se fortalece el carácter autoritario del Gobierno. Es prácticamente privatizar los activos de la República bajo un manto de poca transparencia y mucha discrecionalidad", adelantó Provea, ONG de derechos humanos.

Expertos económicos también avizoran que el Gobierno bolivariano usará la nueva ley para privatizaciones encubiertas y para la creación de mecanismos financieros en mercados nacionales e internacionales, sin límites de endeudamiento y sin importarle la presión contra sus activos internacionales.

Para Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, la Ley Antibloqueo también es un instrumento para la campaña de cara a los comicios del 6 de diciembre (elecciones parlamentarias no reconocidas por la oposición y por democracias occidentales y regionales). "Saben que la mayoría de los venezolanos responsabilizan a Maduro de la crisis, pero también cree que el bloqueo no produce cambios, amplifica la crisis y afecta a sus vidas. El Gobierno intenta así diluir su responsabilidad y culpar a terceros", sentencia el politólogo León.