España ha recibido 6.500 millones de euros a cambio de otorgar 35.422 ‘visados de oro’, una forma extendida de captar inversiones que incomoda a la UE.
Es lícito facilitar visados de residencia –y movilidad-
o incluso pasaportes europeos a cambio de inversiones? La respuesta de veinte
estados de la UE es sí. La de la Unión Europea es no. La crisis financiera del
2008 impulsó esta vía de recabar ingresos, entre cuyos principales
beneficiarios figura España: los 35.422 visados de oro concedidos desde el 2013
-8.000 a ciudadanos chinos- han reportado unos 6.500 millones de euros al
erario, la cifra más elevada de Europa por este concepto por debajo de los 8.000
millones de Chipre, país que junto a Malta y Bulgaria, va más allá: conceden
pasaportes.
O concedían porque el gobierno de Nicosia acaba de
anunciar que a partir del 1 de noviembre suspende su controvertido programa
pasaportes dorados después de una serie de escándalos, el último un reportaje
de la cadena Al Yazira que mostraba a políticos chipriotas negociando la
concesión de un pasaporte a un falso empresario chino que admitía tener una
condena penal por lavado de dinero (en teoría, los antecedentes penales
descalifican en todos los países europeos). El otro miembro en el punto de mira
de la UE es Malta, dos estados a quienes la Comisión Europea abrió el miércoles
un expediente sancionador.
La UE recela de los ‘visados de oro’ por temor al
blanqueo pero 20 estados miembros los conceden
España es uno de los países más exitosos a la hora de captar
inversiones y solicitantes de visados de oro, un modelo que la Covid-19 somete
a revisión. La pandemia ha reducido los viajes pero está creando más demanda
por los visados de oro, según diferentes expertos. El factor de la calidad
sanitaria ha entrado juego. “Los inversores (o peticionarios) han incrementado
sus preocupaciones sobre aspectos de salud y quieren estar seguros de que el
país que les interesa tiene las correctas instalaciones sanitarias, públicas y
privadas, para asumir emergencias a gran escala”, señala a este diario un
portavoz del Investment Migration Council, con sede en Ginebra, un lobby del
lucrativo sector que gestiona la obtención de visados en todo el mundo.
“La UE debería establecer límites más claros sobre la
verificación de los datos de los solicitantes y el rastreo del origen del
dinero que les permite acceder a los visados”, indica el catedrático Manuel
Villoria, del comité directivo de Transparency International España, una oenegé
muy activa en Europa en lo que a escrutinio de la corrupción se refiere.
Villoria lamenta que en el caso de España exista un plazo de tan sólo siete
días para que las embajadas informen de si el solicitante tiene antecedentes
penales. “¿Qué tiene España que es tan atractiva? No creo que sea el sol”, se
pregunta retóricamente.
Las empresas del sector, a menudo ubicadas en Gran
Bretaña o Suiza, relativizan el impacto y el alcance de estos visados de oro o
los pasaportes expedidos por Chipre, Malta o Bulgaria. “Sólo un 0,1 por ciento
de los permisos de residencia que conceden los países europeos corresponden a
los visado de oro”, indica Paul Williams, que dirige La Vida Golden Visas, una
compañía británica fundada en el 2013 y que debe su nombre a su especialización
inicial en España. “Barcelona, por cierto, ha sido y es el lugar que prefieren
nuestros clientes a la hora de adquirir un inmueble en España que les permita
acceder al visado”, señala.
El éxito de España puede atribuirse a la excelencia de su
pasaporte –el cuarto más valorado del mundo, según el ranking del Passport
Index, elaborado en función del número de países a los que se puede viajar sin
visado- y por su buena relación “calidad-precio”. Hay tres tipos de inversiones
que dan acceso y en un tiempo inferior a seis meses: financieras, inmobiliarias
y de naturaleza emprendedora. La suma más baja son 500.000 euros para adquirir
un inmueble. La más elevada los 2 millones de euros si se trata de compra de
duda pública. Estas condiciones fijadas en el 2013 fueron relajadas en el 2015
cuando desapareció la obligación de pasar un mínimo de tiempo en España. Y cada
beneficiario de una visa de oro tiene derecho a la reunificación familiar que abarca
a cónyuge y descendientes menores de 21 años, el supuesto de la mitad de los
35.422 visados concedidos desde el 2013.
“Nosotros no entramos en las razones morales pero se
podría decir que estamos negando residencia a refugiados que huyen de guerras y
dando visados a quienes las originan o se lucran con ellas”, observa Manuel
Villoria.
Los visados de oro se inspiraron en el estado San
Cristobal y Nieves (o Saint Kitts-et-Nevis, la primera colonia británica en el
Caribe), que tras la independencia en 1983 afrontó una crisis azucarera que les
llevó a ofrecer el pasaporte –válido para viajar sin visado a un centenar de
países, entre ellos los de la UE- a quienes invirtiesen en industria turística.
Hoy, veinte estados de la UE ofrecen los llamados visados
dorados, cuya reputación vive bajo sospecha permanente. La OCDE, el FMI y la
Comisión Europea han criticado desde el primer minuto este mecanismo por su
posible relación con el blanqueo de capital, el crimen organizado y la opacidad
financiera pero tampoco han ido más allá de las palabras.
Pese a que son 20 los estados con visados de oro, un
informe de la UE de enero del 2019 ya alertaba de que la insuficiente
transparencia en los procesos aumenta los riesgos de “blanqueo de dinero,
fraude fiscal y corrupción”. Un ministro portugués dimitió en el 2015 por
ayudar a una red que agilizaba trámites pero el caso más dramático fue el
asesinato en el 2017 de la periodista maltesa Daphne Caruana, que investigaba
los tratos de la compañía líder mundial en tramitación de “golden visas”
–Henley&Partners- con altos cargos de la administración.
Decenas de firmas ofrecen ‘packs’ con un mensaje claro:
elija el país europeo y nosotros le conseguimos el visado
“Corresponde a cada estado miembro fijar las condiciones
por las que se adquiere o se pierde la nacionalidad pero la Comisión espera de
ellos que efectúen los controles de seguridad lo más estrictos posibles sobre
los solicitantes”, respondía a Le Monde un portavoz de la Comisión. En otras
palabras: no hay unidad de criterios ni se la espera.
Decenas de firmas internacionales –baste asomarse a las
redes- ofrecen la posibilidad de “packs” completos: elección del país europeo
que mejor se ajusta a sus necesidades, la compra de los inmuebles que facilitan
el visado y todos los trámites fiscales o de reunificación familiar. “Portugal
está superando de un tiempo a esta parte a España porque aprovecha mejor las
inversiones inmobiliarias: permiten invertir en renovación, lo que explica el
boom de Lisboa mientras que en España se compra mucha vivienda de segunda mano.
Cada Estado decide cómo encauzar unas inversiones legales. Dicen que los rusos
han “invadido” Chipre pero habría que preguntarse cómo hubiesen podido superar,
ellos y otros estados pequeños, la crisis financiera del 2008”, estima Paul
Williams.