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30/10/2020 | España - Cataluña: El juez cree que Rusia ofreció a Puigdemont 10.000 soldados tras el 1-O

Jesus Hierro y Cruz Morcillo

«Habría desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto número de víctimas». Del supuesto ofrecimiento de Vladimir Putin a Carles Puigdemont de 10.000 soldados rusos para «hacer de Cataluña un país como Suiza», pasando por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar los gastos en Waterloo del expresidente fugado, y hasta una mera trama de sospechosas recalificaciones urbanísticas de ámbito local.

 

El operativo desplegado este miércoles en Cataluña por la Guardia Civil, que acabó con 21 detenidos y 31 entradas y registros en municipios de Barcelona y Gerona, no podía tener más y más variadas aristas. Lo que el Instituto Armado ha bautizado como operación Volhov, y que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abarca casi todo.

El magistrado, que investiga si se desviaron fondos públicos para mantener a Puigdemont en Bélgica, considera que el entorno del expresidente catalán contó con apoyo ruso y de activistas como Julian Assange –fundador de Wikileaks– para participar conjuntamente en una especie de estrategia internacional de «desestabilización» de la Unión Europea. El juez da credibilidad a una llamada que la Guardia Civil interceptó entre el republicano Xavier Vendrell y el dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas del pasado 16 de mayo de 2018. Aguirre no ve motivos «para dudar de su legitimidad y autenticidad», según recoge en el auto con el que ordenó los registros –y al que ha tenido acceso ABC–, basándose en que el propio Terradellas grabó la llamada. De esa charla se desprendería que Vendrell habría sugerido a David Madí –mano de derecha de Artur Mas– que comentase con Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, la posibilidad de que la Generalitat usase criptomonedas para evitar que el Estado controlase sus cuentas. Terradellas, según el juez, llevaba cinco meses en contacto con un grupo ruso para el desarrollo de esas criptomonedas. Es más, tenía previsto viajar a Rusia doce días después –el 28 de mayo– y Vendrell se ofreció a acompañarle.

Pero la conversación, según el juez, dio para bastante más: Terradellas habría relatado a Vendrell que este grupo ruso había ofrecido a Puigdemont el 24 de octubre de 2017 –tres días antes de declarar la independencia– «contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana». No salió adelante, pues Puigdemont «se cagó en los calzoncillos», dijo literalmente Terradellas. Este grupo ruso supuestamente tenía intención de «hacer de Cataluña un país como Suiza», recoge el juez en el mismo el auto. Y Vendrell, en esa charla, mostró a Terradellas su preocupación por estar bajo la vigilancia de los servicios secretos y querer máxima seguridad para que no trascendiesen las relaciones con Rusia. En otra llamada, Terradellas dice que a Puigdemont se le ha acabado el dinero en Bélgica y necesita 100.00 euros.

La «injerencia rusa»

Más detalles de ese supuesto entramado internacional. El juez asegura que el 9 de noviembre del mismo año el empresario del ámbito de la comunicación Oriol Soler se entrevistó con Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. El magistrado, que reproduce literalmente en el auto algunos informes de la Guardia Civil, enmarca esta reunión «en la estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin». El propio Soler, según el juez, habría viajado a San Petersburgo el 5 de junio de 2017 para trasladar el mensaje de Puigdemont del «reconocimiento de Crimea a cambio del apoyo ruso a la independencia de Cataluña». «Parece evidenciarse que la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017», concluye el juez.

De todos estos nombres de los círculos independentistas mencionados anteriormente, Madí, Vendrell y Soler forman parte de la veintena de detenidos en el operativo que llevó a cabo este miércoles la Guardia Civil. No así Terradellas, quien, sin embargo, sí que fue arrestado hace dos años en un dispositivo, pilotado por el mismo juez, en una causa donde todavía se investiga si fondos públicos de la Diputación de Barcelona que debían destinarse al Tercer Mundo –y de la Plataforma Pro selecciones Catalanas– se desviaron para financiar el «procés». La operación de este miércoles de la Guardia Civil deriva, precisamente, de aquella causa de los fondos de la Diputación.

Más allá de esa supuesta trama de desprestigio internacional de la Unión Europea, la investigación aterriza en presuntas irregularidades, más tangibles, de recalificaciones urbanísticas y contratos públicos. En definitiva, de un caso de corrupción al uso, que tendría como fin primero el enriquecimiento de algunos de los implicados, pero que podrían haber derivado también parte de esos fondos al «procés» y a sufragar la estancia en Bélgica del fugado Puigdemont.

Recalificaciones

Durante las pesquisas del caso de la Diputación, la Guardia Civil descubrió una serie de recalificaciones sospechosas de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios y de una escuela concertada en el complejo Villabugatti de Cabrera de Mar (Barcelona), a cuyo ayuntamiento acudieron ayer también los agentes a buscar documentación. Además de las recalificaciones, los investigadores se habían topado con adjudicaciones de obras por procedimientos no reglados, en los que estaría implicada la Consejería de Educación, según ha informado la Guardia Civil, que en su nota de prensa, más prosaica, no hace mención alguna de esa supuesta connivencia de los secesionistas y el Kremlin. El juez considera que fondos desviados de la trama, supuestamente protagonizada por empresarios de la órbita de Puigdemont, podrían haberse destinado a financiar actos independentistas o del Tsunami Democràtic. Otro de los detenidos, que horas después quedó en libertad, fue el responsable de la oficina de Puigdemont Josep Lluís Alay.

El juez, que mantiene la causa abierta por delitos de malversación, blanqueo y prevaricación, había encomendado la investigación inicial –la de la Diputación– a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. Los agentes habían intervenido miles de archivos informáticos y agendas con anotaciones sobre los supuestos desvíos, pero antes de culminar el análisis de las pruebas el juez les apartó de la causa y derivó las pesquisas a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña. El traspaso provocó malestar en la Policía Nacional.

ABC (España)

 



 
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