ENRIQUE SERNA escribe sobre el caso Cienfuegos: “No es la soberanía nacional, sino el poder militar, lo que salió fortalecido con el desistimiento de los cargos contra Cienfuegos. Ahora todos sabemos que el presidente no manda dentro del ejército”.
EMEEQUIS.– La complicidad entre los altos mandos
militares y el crimen organizado es el mayor flagelo de nuestra vida pública.
Ningún otro delito cuesta más vidas ni perturba tanto la paz social, de modo
que un gobierno cuya principal bandera es el combate a la corrupción, no
debería molestarse cuando su vecino descubre un contubernio de esta
índole. A las personas que han perdido
parientes o amigos en plazas como Iguala, donde el ejército solapó las
ejecuciones de Guerreros Unidos, les tiene sin cuidado que los generales al
servicio del hampa sean procesados en México o en Estados Unidos, con tal de
que reciban un castigo ejemplar. Y como la justicia mexicana tiene un récord
paupérrimo en este rubro (el caso del general Gutiérrez Rebollo, encarcelado en
1996 por su complicidad con el Señor de los Cielos, es la excepción que
confirma la regla), el arresto de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles nos hizo
abrigar la esperanza de que al fin quedarían expuestas las redes criminales
incrustadas en el ejército. Los oficiales y los soldados honestos no se merecen
la publicidad negativa que genera este escándalo, pero justamente por eso
deberían ser los más interesados en separar de su corporación a las manzanas
podridas.
Cuando Ernesto Zedillo ordenó la captura de Gutiérrez
Rebollo actuó como general en jefe del ejército, sin temor a las protestas de
sus subalternos uniformados, que seguramente se molestaron por ese golpe a su
corporación. El proceso judicial de Cienfuegos en Estados Unidos ofrecía a
López Obrador una oportunidad de oro para hacer una limpia dentro de las
fuerzas armadas, pues durante el juicio saldrían a relucir los nombres de los
generales que apoyaron al acusado en sus actividades delictivas. Pero en vez de
aprovechar el regalo de la DEA para hacer esa purga, el presidente cedió a la
extorsión de los mandos militares que temían ser exhibidos en el proceso. No le
importó sacrificar su cacareado combate a la impunidad con tal de repatriar a
Cienfuegos y ponerlo a salvo de la justicia yanqui. Nadie puede creer que su
proceso judicial en México terminará con un fallo adverso, pero si el fiscal
Gertz Manero nos da esa sorpresa, me comprometo a componerle un panegírico en
octavas reales.
Para sacar de apuros al presunto cómplice del cartel H2,
a quien sus socios apodaban el Padrino, según los cargos de la DEA, los
gobiernos de México y Estados Unidos esgrimieron un argumento que desafía las
más elementales premisas de la lógica y el sentido común. En nombre de la
cooperación bilateral contra el narco, decidieron beneficiar a los cárteles de
la droga enviando a Cienfuegos a descansar en su casa. Cuando Trump amagó con
imponernos aranceles si México no detenía el flujo de inmigrantes
centroamericanos, el presidente cedió a la extorsión sin pedir siquiera un
arbitraje internacional. Ahora, en cambio, invocó la soberanía que antes había
metido bajo el tapete, y en su empeño por aplacar a los generales que
supuestamente comanda, recurrió a la táctica obsequiosa de no reconocer el
triunfo de Biden, a cambio de que Estados Unidos le entregara al padrino
intocable. Si Calderón o Peña Nieto hubieran realizado este cambalache, los
caricaturistas de La Jornada los habrían desollado vivos.
Según el Justice Department, “sensibles e importantes
razones de política exterior se impusieron al interés del gobierno en perseguir
al acusado”, una patraña superlativa que tampoco ha convencido a la opinión
pública de Estados Unidos. La amenaza mexicana de expulsar a los agentes de la
DEA, si de verdad fue puesta sobre la mesa, no es razón suficiente para
intimidar al Tío Sam, que tiene muchas otras armas para imponernos la presencia
de sus agentes. La opinión predominante en Estados Unidos es la de Mike Vigil,
antiguo jefe operativo de la DEA, quien cree que Donald Trump “está
recompensado la colaboración de López Obrador en los temas más espinosos de la
agenda bilateral, principalmente el asunto de los migrantes” (Los Angeles
Times, 17/XI/2020). Si Joe Biden
coincide con Vigil, no me sorprendería que, a partir de enero, ya instalado en
la Casa Blanca, ponga contra las cuerdas al enérgico protector de los generales
que figuran en la lista negra de la DEA.
No es la
soberanía nacional, sino el poder militar, lo que salió fortalecido con el
desistimiento de los cargos contra Cienfuegos. Ahora todos sabemos que el
presidente no manda dentro del ejército, como tampoco lo hicieron Peña Nieto,
Calderón ni Fox. Haberse convertido en rehén de los militares lo expone a dar
palos de ciego en su política de seguridad nacional. Un prócer que se compara
con Hidalgo, Juárez y Madero, un paladín de la honestidad que prometió luchar
contra viento y marea para limpiar el país de corruptos, no puede esperar que
la sociedad le perdone una claudicación tan obvia.
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