Ocurre en todas las direcciones. En España, nos hemos acostumbrado a que se utilice la situación en Venezuela como martillo visceral en la arena política. Acusaciones de connivencia con el régimen de Maduro arrojadas contra la izquierda y asociadas con la situación de pobreza y opresión que vive la población de este país. Quienes machacan con este asunto, líderes políticos y medios de comunicación, suelen callar frente a teocracias como la saudí o gobiernos que permiten el asesinato de líderes sociales como el colombiano. De China ni hablar, es indispensable y no vaya a aguarse una oportunidad de negocio.

En el otro lado pasa lo contrario. Dureza frente a las corruptelas y oscuros negocios españoles con los sátrapas del Golfo o ante el autoritarismo de Bolsonaro. Silencio sobre la dictadura cubana, el régimen de Maduro e incluso sobre el autócrata asesino Daniel Ortega, justificado por un antiimperialismo que, si alguna vez lo tuvo, quedó ahogado en la sangre de los universitarios masacrados, los candidatos detenidos y las lideresas feministas perseguidas

Coincidiendo con el 60 aniversario de la sección española de Amnistía Internacional, hay que recordar que los derechos humanos son universales y exigibles por igual en cualquier lugar del mundo. Aplicar un sesgo ideológico o partidista a su defensa debilita esta y a quienes de verdad se fajan, arriesgando hasta su vida, en la protección de la gente pisoteada por regímenes brutales. Cuando controlan tus comunicaciones, amenazan a tu familia, detienen y torturan, el aparente color político de quien lo hace es irrelevante.

Los derechos y libertades están más amenazados y en más lugares que hace dos décadas. En conflictos enquistados donde los bandos toman la población civil como objetivo. Por regímenes macho autoritarios, viejos o recién llegados, que se extienden en una nueva internacional de la represión, de Filipinas a Brasil. Lo saben bien las ONG en crisis humanitarias y cuando se enfrentan a las desigualdades junto con movimientos sociales. Sus equipos escuchan los disparos en los conflictos de Siria, Palestina o RD de Congo, y se la juegan en Guatemala, India o Marruecos. A veces pueden hablar, otras son testigos incómodos de vulneraciones de DDHH que hacen llegar a quienes pueden denunciarlo desde el exterior.

El espacio de la sociedad civil se está cerrando, de forma más intensa durante la pandemia. Se presiona administrativamente y se amenaza en los medios de comunicación. Se criminaliza cualquier actuación que sea crítica con el poder, hasta expulsar a las organizaciones que alzan la voz en asuntos sensibles. Y llegado el caso, se asesina a lideresas comunitarias y defensores de derechos. Una tendencia global que, a caballo del miedo y del acaparamiento de recursos, está laminando procesos de desarrollo democrático incipientes, reforzando un poder absoluto que siega la hierba de la lucha contra el calentamiento global, acentúa las desigualdades, se enfrenta a la movilización feminista y arroja al mar a quien huye de la persecución o la miseria en su país.

Frente a estos hechos, la diferente vara de medir regímenes opresores por parte de líderes políticos y algunos medios de comunicación españoles alcanza niveles alucinantes. Se tacha de terrorista al que se haya relacionado con el chavismo, al tiempo que se alaba como grandes empresarios a quienes cierran negocios con regímenes que han inspirado el yihadismo violento. No digo que las situaciones sean iguales, por supuesto. Sí afirmo que ser activista por los derechos humanos en Managua o en Riad es un infierno.

La opinión y acción sobre estos regímenes, en materia de derechos civiles y políticos, debería guiarse por dos principios: la independencia y el foco en la población civil. Desafortunadamente, no abunda ni lo uno ni lo otro. Los hechos se pasan por el tamiz del interés político, económico o puramente emocional. Lo que muestra que la gente, en verdad, no importa.

Se trata de una actitud que resultaría cómica en su hipocresía, de no ser por sus consecuencias. Que no son otras que poner las cosas fáciles a tiranos completos o mediopensionistas, quienes siempre encuentran aliados con los que operar y ganar legitimidad sin ser cuestionados. España no es una gran potencia. Sin embargo, cabe recordar que es el cuarto exportador mundial de armas a Arabia Saudí y un actor relevante en la crisis de Venezuela.

Los perdedores son las mujeres, la infancia y las organizaciones y movimientos que se la juegan en la defensa de derechos y libertades en cualquiera de estos países, a menudo cargando con la incomprensión de quienes deberían ser sus principales aliados. Tuve el privilegio de conocer algunas de estas organizaciones. También a la familia de Berta Cáceres, asesinada en Honduras por defender el agua de su pueblo Lenca, a lideresas campesinas colombianas amenazadas cada día y a activistas por los derechos de las mujeres en Marruecos y Yemen. Su compromiso es total. Plantan cara y se la juegan.

Por eso es esencial la labor de la cooperación internacional y de quienes los apoyan en sus países, como Oxfam. También de las organizaciones que defienden los derechos humanos en todo el mundo, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Por eso es exigible más rigor y menos manipulación.

Es lo mínimo que se merecen quienes resisten la represión y luchan por los derechos y las libertades en sus países. Si es que de verdad son ellos, y la gente a la que defienden, quienes interesan a los que gritan frente a Maduro o los príncipes saudíes.

https://blogs.elconfidencial.com/mundo/las-fronteras-de-la-desigualdad/2021-06-22/venezuela-arabia-saudita-derechos-humanos_3143395/