En 2017, la entonces PGR abrió una carpeta de investigación tras los reportes periodísticos que afirmaron que el gobierno de Peña Nieto había gastado al menos 32 mdd en el uso de esta tecnología que accede a los dispositivos móviles una vez que el blanco da clic a un link que recibe vía SMS. Mensajes, chats, correos electrónicos, galería de imágenes, contactos, ubicación… todo queda vulnerado. Incluso la cámara y el micrófono pueden activarse vía remota y sin que el dueño del dispositivo se dé cuenta. Fue creado por la compañía israelí NSO Group para espiar a criminales o terroristas, pero, naturaleza humana, terminó como instrumento de regímenes dictatoriales y gobiernos democráticos, en donde vive plenamente la impunidad.

En la Ley de Seguridad Nacional se considera una amenaza cualquier acto que busque consumar actos de espionaje, sabotaje, traición a la patria, entre otros. Desde 2017 se tiene un expediente abierto y nada ha sucedido. Ya la ONU y la UE se han pronunciado respecto a este caso. Por la mañana, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no espía, pero tampoco habló de avances sobre aquella investigación que quedó en manos de la hoy FGR. Tal vez lo haga hoy, luego de que se reveló también que entre los blancos en aquella lista aparecen al menos medio centenar de personajes de su círculo cercano, como su esposa, hermanos, hijos y hasta su cardiólogo. ¿Ahora sí habrá una reacción contundente?

Es la segunda ocasión que conocemos detalles de Pegasus y su operación ilegal, así lo considera la ley: no sólo es una amenaza a la seguridad nacional, es también una violación a los derechos individuales de las víctimas. En ambas ocasiones ha sido a través del trabajo periodístico que conocemos de esto, no gracias a la rendición de cuentas o ejercicios de transparencia institucional. Y es para revelar información como ésta que existe el periodismo. En un país como el nuestro, en donde al menos 43 compañeros periodistas han sido asesinados desde el inicio de esta administración, como apenas ayer Abraham Mendoza en Morelia. Es nuestra obligación defender nuestra profesión, pero es obligación del Estado proveer un ambiente seguro para todos. Eso también le da valor a una democracia: la libertad de expresión y su defensa a toda costa. En mi caso, en los últimos 20 años he ejercido el periodismo con la única intención de ayudarle a usted que me ve, que me oye y que me lee, a que tenga los elementos necesarios para entender el entorno y, a partir de ahí, aportar lo necesario y lo que esté en nuestras manos para ayudar a la construcción del país que queremos. Lo seguiré haciendo, más aún en contextos tan complicados como el que vivimos en todo el planeta. Desde este espacio, hago un llamado a las autoridades para que investiguen y castiguen a los responsables de esta evidente violación a los derechos humanos: México no puede seguir como un país donde reina la impunidad. Pero también a la sociedad civil, para que continúe con su labor que mucho alimenta el debate. A mis compañeros periodistas, para que no dejemos de ejercer esta profesión que también ayuda a escribir la historia. Y a la sociedad en general para que sigamos dialogando y entendiendo el mundo.

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