Pues resulta que sí fueron iguales. El escándalo en torno a la Casa Gris continúa creciendo, sin que la estrategia de control de daños del gobierno federal haya logrado cambiar la percepción de que existe algo turbio en la relación entre la empresa Baker Hughes y uno de los hijos del Presidente, sino justo lo contrario.
Los propios accionistas advierten el riesgo. “En resumen,
la situación parece estar seriamente comprometida por las siguientes piezas del
rompecabezas”, señala Juan Carlos Luna —en representación de un grupo de
accionistas— en una carta enviada al CEO y otros directivos: “(i) El hijo del
Presidente mexicano está involucrado; (ii) el gobierno mexicano ha sido
criticado con dureza —nacional e internacionalmente— por sus escándalos de
corrupción; (iii) el Estado de derecho en el país es débil; (iv) la esposa de
dicho individuo, una persona con exposición política, se ha dedicado a
intermediar en negocios de energía a nivel internacional; (v) la extensión
millonaria de los contratos de Baker Hughes con Pemex, y que (vi) las dos
empresas han estado sujetas a investigaciones por escándalos relacionados con
la corrupción”.
Baker Hughes es una empresa pública, listada en el
Nasdaq, que ha tenido que enfrentar sus propias crisis de reputación en el
pasado: multas por sobornos en cinco países, en la primera década del siglo;
presuntos fraudes financieros mayores al de Enron tras una fusión dudosa, poco
tiempo después, así como la compra sospechosa de acciones por los directivos de
la compañía, o la venta de productos y servicios en contravención a las
sanciones impuestas por las autoridades norteamericanas hace prácticamente unos
meses.
A finales de 2019, Baker Hughes publicó un Código de
Conducta con el que pretendía revitalizarse e impulsar una nueva cultura dentro
de la empresa. “Sobornar significa dar, ofrecer o prometer cualquier cosa de
valor para obtener una ventaja comercial inmerecida”, indica el documento en su
página 10, relativa a los pagos impropios y el combate a la corrupción.
“Recuerda que dar regalos, entretenimiento o cualquier cosa de valor a
empleados gubernamentales está altamente regulado, y a menudo prohibido. No
otorgues dichos regalos, entretenimiento o nada más de valor, a menos de que
hayas obtenido una autorización previa para realizarlo”. ¿Quién autorizó la
renta de la Casa Gris?
Un Código de Conducta que, en el caso del hijo de López
Obrador, fue ignorado. “Nunca tomes atajos cuando negocies con gobiernos”,
afirma en la página 14. “Fuera de los EEUU, los empleados de organizaciones
públicas internacionales, candidatos a puestos de elección popular, miembros de
la familia de empleados gubernamentales o los integrantes de una familia real
pueden ser equiparados a funcionarios públicos”.
El riesgo para la empresa es enorme, como el mismo Juan
Carlos Luna explica en su misiva a los órganos de dirección: “El impacto
negativo que han sufrido los inversionistas por errores pasados, el daño a la
reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias enfrentadas por
actos de corrupción anteriores, son motivo suficiente para darle la visibilidad
adecuada a esta situación, así como para actuar de inmediato y explicarla a
detalle”.
El asunto es más que serio, y se ha convertido —hasta el
momento— en el escándalo que marcará el sexenio de un Presidente que pregona
una honestidad valiente que nunca fue real. La U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC) comenzará una investigación independiente, sobre la que
nuestro mandatario no tiene influencia ni autoridad alguna, y la información
oficial sobre los resultados —así como las posibles sanciones— comenzará a
revelarse en unas semanas, muy probablemente haciendo realidad las peores
pesadillas en Morena y Palacio Nacional: los hijos, robando; las obras,
fallidas; la población, muriendo; el Presidente, desvariando. No, no eran
iguales; ahora sabemos que son peores. Y mucho más miserables.
