Un testimonio bajo custodia de la jueza Erika Aifán asegura que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negoció en 2019 con el entonces ministro José Luis Benito un aporte de 2.6 millones de dólares a su campaña electoral a cambio de mantener a Benito en el cargo un año, para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales. Una segunda fuente que trabajó con Giammattei confirma a El Faro la existencia de ese acuerdo. El FBI y el Departamento de Estado tienen desde hace meses copia del testimonio.
En los documentos oficiales se le nombra como “Testigo
A”, y su identidad y una copia de su declaración están guardadas en la caja
fuerte del tribunal D de Mayor Riesgo de Guatemala, presidido por la jueza
Erika Aifán. Un ex hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei le
acusa de haber negociado la entrega de 20 millones de quetzales —2.6 millones
de dólares— provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar
su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se
comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener
operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y
mantenimiento de carreteras.
El testigo asegura que en julio de 2019, entre la primera
y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en Ciudad de Guatemala a
una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario
general del partido Vamos y después fue Secretario Privado de la Presidencia,
hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de
entrega. En presencia del actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exjefe
del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como
Jorge, el testigo asegura que escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero
saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa
COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el
departamento de San Marcos.
Afirma además que el aporte a la campaña de Giammattei se
les haría llegar a través de agentes de la Policía: “Giorgio Bruni le pregunta
a José Luis Benito, en altavoz, que cómo iban con el tema, y [dice] que estaba
presente y escuchándolo Alejandro Giammattei. Benito responde ‘ya está todo
listo, lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación’, en
ese entonces de apellido Degenhart, ‘para hacer las entregas en los lugares que
ustedes nos indiquen’”.
La declaración se grabó bajo reserva en presencia de la
jueza, dos fiscales y una abogada defensora el 18 de mayo de 2021, en una
audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la
Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) abrió en octubre de 2020, tras
encontrar 22 maletas con cerca de 16 millones de dólares en efectivo en una
casa de Antigua Guatemala alquilada por Benito. Por ese caso está acusado de
lavado de dinero el exministro de Comunicaciones y se investiga también a Bruni.
El testigo enumera doce proyectos de construcción de
carreteras supuestamente ligados a aquel pacto, que suman contratos con cuatro
empresas distintas por más de 1,471 millones de quetzales (191 millones de
dólares). Documentos oficiales muestran que once de esos proyectos fueron
adjudicados y están en ejecución. Uno más está en este momento en licitación
abierta. Según investigadores del Ministerio Público de Guatemala, Benito y
Giammattei se comprometieron a facilitar a estas empresas adelantos de pago o
nuevas adjudicaciones a cambio del financiamiento para la campaña.
Una segunda fuente en el equipo de campaña de Giammatei
ha corroborado a El Faro la existencia del acuerdo con José Luis Benito.
Asegura haber estado a finales de agosto de 2019 en una reunión privada en la
que Giorgio Bruni, Miguel Martínez y el ya presidente electo Alejandro
Giammattei “dijeron que habían trabajado con empresas constructoras a través
del Ministerio de Comunicaciones para financiar su campaña”.
Esta fuente relata varias ocasiones en las que en 2019
escuchó a Bruni hablar de la promesa de incluir a Benito en el nuevo Gobierno,
y en una ocasión al mismo Giammattei decir que “mantenía la oferta de que
continúe siendo ministro de Comunicaciones”. Asegura que también presenció
cómo, a medida que se acercaba el traspaso de mando presidencial, se repetían
las discusiones entre Bruni y Giammattei por la intención de este último de no
cumplir el compromiso.
Benito no siguió finalmente en el cargo, pero aun así
siete de los proyectos de construcción enumerados por el testigo de la FECI,
con un presupuesto total de más de 83 millones de dólares, fueron adjudicados a
lo largo del primer año de gobierno de Giammattei a empresas constructoras
consideradas afines al exministro, entre las que destaca Supervisión,
Construcción y Mantenimiento (SCM), propiedad del empresario Alejandro Matheu
Escamilla.
El Faro solicitó por vía formal una respuesta del
presidente Giammattei a las alegaciones del Testigo A. En su nombre, el
Secretario de Comunicación Social de la Presidencia respondió en un escrito que
“rechaza, de forma categórica, todo señalamiento o suposición infundada que
pretenda vincular al gobernante con exministros” y afirmó que “todo lo
relacionado con el manejo financiero de la agrupación política VAMOS
corresponde al entonces secretario general del partido durante el tiempo de campaña”,
en referencia directa a Giorgio Bruni.
Sobre el acuerdo con José Luis Benito del que hablan el
testigo y otra fuente, aseguró que “ningún exministro del gobierno anterior ha
sido parte ni ha sido considerado en ningún momento para conformar el equipo de
trabajo del presidente Alejandro Giammattei”. Añadió que el presidente “no
tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación
por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma
naturaleza”.
Este periódico llamó y escribió al teléfono personal de
Giorgio Bruni sin obtener respuesta aunque los mensajes aparecen como leídos.
El exministro Benito, a través de una persona cercana a él, se limitó a
responder que el caso de las maletas de La Antigua está bajo reserva y tiene
prohibido hablar en público de él.
Raúl Romero, actual ministro de Desarrollo y en 2019
diputado del partido de Giammattei, acepta que apoyó la campaña del hoy
presidente, pero niega haber participado en una reunión como la que describe el
Testigo A. “Por tanto no puedo dar declaraciones sobre algo que desconozco”,
dijo. El exministro de Gobernación Enrique Degenhart también negó los
señalamientos. “Desvirtuó totalmente la declaración de ese testigo protegido”,
afirmó. El Faro llamó y envió mensajes al teléfono personal de Miguel Martínez,
sin respuesta.
En cuanto al empresario Alejandro Matheu Escamilla, se
llamó y enviaron mensajes a su teléfono personal y, aunque fueron leídos, no se
obtuvo respuesta. El viernes 11 El Faro le dejó recado en las oficinas de SCM,
pero al cierre de esta publicación no había respuesta.
¿Investigan al presidente?
El Departamento de Estado y el FBI tienen desde hace
meses copias de la declaración del testigo A. El Faro obtuvo la grabación
completa a través de alguien ajeno al Ministerio Público y al tribunal. Aunque
en la audiencia la voz del testigo fue distorsionada para protegerlo, por
seguridad El Faro sometió el audio a un segundo proceso de distorsión antes de
difundirlo. Este periódico conoce la identidad del testigo, comprobó su
relación con Giammattei, y tres fuentes confirmaron la autenticidad de la
grabación.
El New York Times hizo el pasado octubre una breve
referencia a la existencia del Testigo A, en un artículo en el que reveló que
otro testigo dijo en julio a la FECI haber entregado en casa del presidente
Giammattei una alfombra enrollada llena de dinero. El efectivo era,
supuestamente, parte del soborno de una empresa minera respaldada por Rusia
para que Giammattei le otorgara la operación parcial de un puerto guatemalteco.
Es difícil saber cuál de los dos testimonios pesó más en
la decisión de la fiscal general Consuelo Porras de destituir, el 23 de julio,
al entonces jefe de la FECI , Juan Francisco Sandoval. La misma noche que salió
de Guatemala hacia el exilio, Sandoval denunció en una entrevista exclusiva con
El Faro que una de las razones de su destitución fue que la investigación del
dinero de Antigua apuntaba al presidente Giammattei y a “pagos de constructores
para ser beneficiados con algún proyecto o para financiar alguna campaña
política”.
En los meses siguientes, Porras desarticuló por completo
el equipo de fiscales que estaban a cargo de ambas investigaciones y ha hecho
lo posible por obstaculizarlas. El 25 de agosto el nuevo responsable de la
FECI, José Rafael Curruchiche, envió por orden de Porras un memorándum a todo
el personal de la fiscalía especial en el que les preguntaba oficialmente “si
en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación
relacionada a la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente
constitucional de la República de Guatemala”. Los fiscales se acogieron a la
reserva de los casos para no responder.
A inicios de noviembre, el Ministerio Público pidió
formalmente a la jueza Aifán entregar a los nuevos fiscales encargados del caso
el sobre cerrado que contiene la identidad protegida del Testigo A. Del
documento enviado a la jueza se infiere que los investigadores originales se
habían negado a revelarla, amparados por la ley que les obliga a mantener bajo
reserva la audiencia del 18 de mayo.
Aifán también se negó y explicó por escrito a la fiscal
general que tanto el testimonio como la identidad del Testigo A ya forman parte
de una etapa procesal en la que la fiscal no ejerce control, y son pruebas bajo
custodia del juez y el tribunal de instrucción.
El 13 de enero, Porras solicitó a la Corte Suprema de
Justicia retirar la inmunidad a Erika Aifán, una de las juezas anticorrupción y
antinarcotráfico más reconocidas de Guatemala, que en 2018 ya condenó a nueve
empresarios de la construcción por participar en un sistema de sobornos a
funcionarios, y que sufre desde hace años amenazas y acoso legal por parte de
actores ligados al poder. La actual Fiscal general acusa a Aifán de abuso de
autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
El Faro pidió una entrevista con la fiscal general Porras
a través de su jefe de prensa y le envió preguntas sobre los avances del caso y
sus acciones para entorpecer la investigación. El Ministerio Público respondió
que la reserva impide “ahondar en detalles”, pero cuestionó una vez más a los
investigadores que abrieron el caso: “Uno de los testigos denunció ser objeto
de coacción y presiones para prestar declaraciones que no le constaban”, afirma
Curruchiche, que dice que hay una investigación abierta en la Fiscalía de
Asuntos Internos.
A cambio de contratos
“Giorgio Bruni recibe una llamada del exministro de
Comunicaciones José Luis Benito, que en ese entonces era ministro. Esto se
puede constatar por mi persona ya que el teléfono de Bruni lo puso sobre la
mesa y tenía el contacto grabado como ‘Benito’, únicamente el apellido. Y luego
que él contesta la llamada lo pone en altavoz y se constata que era la voz de
él”, describe el testigo.
Giammattei buscaba por cuarta vez la Presidencia después
de tres derrotas en las urnas desde 2007 y, aunque tenía a su favor el enorme
rechazo que su oponente, Sandra Torres, generaba en la Guatemala conservadora,
en la primera vuelta electoral ella le había duplicado en número de votos.
Convocó un encuentro con un grupo de sus operadores clave de campaña para, en
teoría, hablar de trabajo territorial y del apoyo político de ciertos alcaldes
de cara a la segunda votación del 11 de agosto. El encuentro, según la
declaración, fue en el edificio Milenia, en la colonia Oakland de la Zona 10 de
Ciudad de Guatemala, en un apartamento que según investigadores pertenece al
actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero.
Romero aceptó a El Faro tener un apartamento en el
Milenia, pero niega que en él se hayan celebrado reuniones de campaña. Advierte
además que José Luis Benito “tiene o tenía” un apartamento en el mismo
edificio.
El testigo cuenta que tras la confirmación de que el
acuerdo seguía en pie y la entrega del dinero estaba coordinada con el ministro
de Gobernación, Giammattei desactivó el altavoz y habló unos minutos más con
Benito para “simplemente agradecerle, básicamente, por lo que acababa de
decir”.
“Luego se corta la llamada y Alejandro Giammattei le
pregunta a Giorgio Bruni qué básicamente era lo que teníamos tratado, que eran los
20 millones para segunda vuelta. Y le dice Giorgio Bruni que sí, que recordara
que era lo que venía de un anticipo pagado a la empresa COAMCO de un tramo
adjudicado en Guativil - San Marcos”, dice el testigo. “Luego de esto, ellos
empiezan... hacen su énfasis: ok, que todo está bien, que por favor se
coordinara”.
El proyecto “Mejoramiento de la carretera RN-12 Sur,
tramo: San Marcos – Guativil”, identificado en la página de compras
gubernamentales Guatecompras con el número de operación (NOG) 8795940, había
sido adjudicado el diciembre anterior a la empresa COAMCO con un presupuesto de
174 millones de quetzales —22,6 millones de dólares—, aunque la obra terminaría
costando más de 208.8 millones de quetzales según registros oficiales.
Según el testigo, días antes de la reunión el Ministerio
de Comunicaciones había entregado a COAMCO un anticipo de pago por ese
contrato. De ahí salió supuestamente el dinero para la campaña de Giammattei,
condicionado a que en los años siguientes se entregara otros anticipos y nueve
nuevos contratos a empresas involucradas en la red de favores de Benito.
“Giorgio Bruni le hace constar, y le recuerda al
presidente, que el acuerdo con José Luis Benito era para que él pudiera
permanecer un año como Ministro de Comunicaciones en su gobierno, es decir, ya
en el gobierno de Alejandro Giammattei, en el actual gobierno. Esto con la
única razón de poder garantizar los pagos de los contratos que él tenía
control, que venían de 2018 a 2019, y que básicamente el más importante y más
cercano a esa persona era el constructor Alejandro Matheu Escamilla”, se
escucha en la declaración.
Seis de los proyectos que el testigo vincula a la
negociación entre Benito y Giammattei fueron adjudicados a la empresa SCM, de
la que Matheu Escamilla es propietario y representante legal. Tres, por un
monto total de casi 327 millones de quetzales —42.5 millones de dólares— se le
asignaron durante el gobierno actual. El testigo hace referencia también a un
proyecto de construcción que en estos momentos está en etapa de licitación y
que según él se acordó adjudicar a SCM.
Del resto de proyectos enumerados por el testigo, dos por
casi 99 millones de quetzales —12.8 millones de dólares— en los departamentos
de Totonicapán y Huehuetenango fueron adjudicados a la constructora JJRM, que
en 2020 protagonizó un escándalo al saberse que el representante legal de la
empresa era primo del Director de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, que
le había otorgado contratos.
Dos más por 214 millones de quetzales —casi 28 millones
de dólares— fueron adjudicados a la constructora Prourba, que apareció señalada
en 2018, durante las audiencias del caso Construcción y Corrupción, como una de
las contratistas del Ministerio de Comunicaciones que pactaron sobornos a
funcionarios a cambio de agilizar pagos pendientes.
En su declaración, el testigo asegura que estas últimas
dos empresas trabajan en realidad para Matheu Escamilla. “Es una práctica que
se da mucho en los constructores, los cuales rentan las empresas a un
empresario que tiene más control político en este momento”, dice, “que es el
caso de JJRM y PROURBA hacia SCM o Alejandro Matheu, y operan bajo un
porcentaje sobre el proyecto, o bajo un pago parcial sobre el proyecto (...)
para que ellos puedan usar sus empresas para estas adjudicaciones y,
obviamente, construcciones”.
Contactados por El Faro, los representantes legales de
COAMCO, JJRM y Prourba niegan ser parte de un acuerdo con el presidente
Giammattei o el exministro Benito. “Es totalmente falso, yo ni conozco al señor
Presidente”, dice el representante de COAMCO, Juan Pablo Mansilla. El
representante legal de JJRM, Luis Fernando Castro González, también niega
relación alguna con Giammattei o José Luis Benito: “Nunca hubo un acuerdo con
las personas que usted menciona, eso es falso. Son calumnias”, dijo. Ambos
niegan también que sus empresas hayan hecho contribuciones a la campaña del
partido Vamos o tener vínculos con Alejandro Matheu Escamilla o sus empresas.
“No sé ni quién es”, dijo Castro González.
Ricardo Bonilla Miyares, propietario de Prourba, se
limitó a decir “está totalmente equivocado, negativo totalmente, le ruego que
no me vuelva a llamar”, antes de colgar la llamada.
El constructor favorito de Benito
En los últimos años, medios guatemaltecos han documentado
ampliamente la estrecha relación personal entre José Luis Benito y Matheu
Escamilla y la acumulación de contratos concedidos, en muchos casos de forma
sospechosa, a empresas de Matheu, a quien califican “el constructor favorito de
José Luis Benito” y que en 2015 fue financista de la campaña de Jimmy Morales.
Solo en 2018 y 2019, los dos años en los que Benito estuvo al frente del
Ministerio de Comunicaciones y las obras públicas estatales, SCM recibió nueve
contratos por más de 800 millones de quetzales, 104 millones de dólares.
Durante los once años anteriores, los contratos recibidos por la empresa del
Ministerio de Comunicaciones sumaron 67.7 millones de quetzales, 8.5 millones
de dólares.
Un exfuncionario del Gobierno de Jimmy Morales lo
atribuye en parte a la hegemonía que grandes constructoras como SIGMA y CONASA
habían ejercido durante décadas en Guatemala, hasta que en 2017 el caso
Construcción y Corrupción, impulsado por la extinta CICIG, sacudió los
cimientos del sistema al acusarlas entre otras cosas de pago de sobornos
millonarios y financiamiento no declarado a partidos políticos. “Tenían todo
cooptado, colocaban ministros, lo más grande se lo quedaban ellos”, dice.
Asegura que Matheu Escamilla “no tenía espacio, aunque tampoco sale de la nada
porque ya maquilaba obras para empresas mayores”.
Asegura en todo caso que en el Gobierno de Morales se
sabía que SCM “era poco competitiva sin favoritismos y con la llegada de Benito
se convirtió en la CONASA del momento.” Otro exmiembro del gabinete de Jimmy
Morales afirma que Benito tenía un pacto con las constructoras por el que les
hacía pagos adelantados por tramos no completados. “Lo sabíamos nosotros y lo
decían los contratistas: que se pagaban diez kilómetros cuando iban en realidad
cinco, con el aval de los técnicos encargados de las carreteras. ¿Cuál fue el
mayor logro de Benito el primer año como ministro? Que aumentó la ejecución
presupuestaria.”
El Faro tuvo acceso a un testimonio firmado el 6 de julio
de 2021 por Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones entre 2012 y 2014,
durante el Gobierno de Otto Pérez Molina. Sinibaldi está acusado de múltiples
cargos de corrupción, fue prófugo durante cuatro años y está en la cárcel desde
agosto de 2020. El exministro, que en los últimos años ha admitido en
tribunales haber cobrado sobornos de grandes constructoras, dijo en esa
declaración ante la FECI de Sandoval haberlos recibido también de Matheu Escamilla.
“Como ya lo he indicado, yo tuve relación con el señor
Alejandro Matheu Escamilla, quien cuando yo era ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda me entregó sobornos”, se lee en el acta firmada de
su declaración.
El acta fiscal detalla que, tras un segundo acercamiento
de Matheu en el primer trimestre de 2021, Sinibaldi alertó a la FECI y simuló
aceptar pagos del constructor para que los fiscales pudieran documentarlo. Tras
una primera entrega de 30,000 quetzales que Sinibaldi entregó a su vez a los
fiscales, el 9 de julio agentes policiales bajo dirección de la FECI dieron
seguimiento a un mensajero que, en una motocicleta propiedad de SCM, entregó de
nuevo dinero en un sobre manila en la residencia de uno de los abogados del
exministro.
“El monto ofrecido por Alejandro Matheu Escamilla para el
apoyo de mis ‘gastos legales’ es de Q4 millones, pero más que gastos legales
está buscando comprar mi silencio”, declaró Sinibaldi ante los fiscales de la
FECI.
La credibilidad de Sinibaldi como testigo está
actualmente en duda por la sospecha de que ha llegado a algún tipo de acuerdo
con la fiscal general para recibir beneficios a cambio de hacer acusaciones
falsas contra personas incómodas para el Gobierno. Aun así, El Faro decidió
publicar su declaración de julio del año pasado dado que fue prestada antes de
la destitución de Juan Francisco Sandoval, es coherente con testimonios
anteriores de Sinibaldi y hay evidencia y segundos testimonios que la sustentan
en parte.
El Faro trató de contactar con Sinibaldi a través de sus
abogados, pero estos respondieron en su nombre que no se quiere pronunciar
sobre los presuntos sobornos de Matheu Escamilla o el hecho de que un sistema
de corrupción como el que él protagonizó perviva en los gobiernos siguientes.
“Los creadores del sistema de corrupción son los constructores. Los políticos,
los ministros son un ave de paso ”, declaró al respecto en 2020.
Entregar a Alejandro
La investigación del entramado denunciado por el Testigo A
quedó prácticamente cercenada tras la salida de Sandoval de la jefatura de la
FECI. “La investigación va a llegar hasta donde ellos quieran”, dijo en
septiembre a El Faro una fuente en el MP, en alusión al férreo control que la
fiscal general y su equipo estaban imponiendo sobre los casos más
comprometedores para el Gobierno de Giammattei.
Juan Francisco Sandoval coincide: “¿Qué margen de acción
real tiene en estos momentos la FECI? Nulo. En Guatemala está anulada la
Fiscalía”.
Varias fuentes denuncian que también la banca privada ha
colaborado en el freno a la investigación, como si las entidades privadas
respondieran a un engranaje político. “En muchos casos hacen llegar información
incompleta. Y hay solicitudes de información bancaria hechas en junio que
todavía no han tenido respuesta”, dijo en noviembre otra fuente.
Sandoval y una fuente en el sistema de Justicia aseguran
que, desde la salida de la CICIG en septiembre de 2019, la mayoría de entidades
bancarias comenzaron a atrasarse o directamente a no responder a las
solicitudes de la FECI. “Guatemala es un país tan pequeño y tan complejo que
quienes manejan la información pueden utilizarla como herramienta de chantaje y
de poder”, lamenta Sandoval. “A veces pedíamos información bancaria para un caso
y días después la persona de la que habíamos pedido información se apersonaba
al Ministerio Público porque alguien la había avisado que había una
investigación en su contra. Eso le ha sucedido a la FECI, y no hay
investigación que resista eso”, dice.
Alguien que formó parte de la CICIG en sus últimos años
asegura que incluso la comisión internacional tuvo que amenazar en ocasiones
con allanar las sedes bancarias por orden judicial, para lograr que se
cumplieran requerimientos de información avalados por un juez.
Aunque los investigadores no tenían pruebas concluyentes
de la participación de Giammattei en un delito cuando Consuelo Porras
desarticuló la unidad a cargo del caso, la rápida acumulación de evidencia
contra personas de su círculo más cercano les hacía creer que en pocos meses
tendrían elementos para solicitar un antejuicio contra el presidente.
A inicios de 2021, una fuente en el Gobierno de
Giammattei aseguró a la FECI que en la vivienda de Giorgio Bruni había, como en
la de Antigua, maletas con dinero. Cuando los fiscales allanaron la vivienda en
febrero no encontraron dinero pero sí documentos que encajan con el relato del
Testigo A: dossiers de empresas constructoras, precalificaciones de la empresa
COAMCO y tablas de licitaciones del Ministerio de Comunicaciones, en algunos
casos con anotaciones escritas como “atrasar”. Documentos en apariencia no
ligados a sus tareas como secretario privado.
Los fiscales también hallaron lo que parece ser un
listado detallado de gastos de campaña con una suma final de 76.7 millones de
quetzales, muy por encima del límite legal de 29.6 millones de quetzales
establecido por el Tribunal Electoral. Al final del documento, en un aparente
ejercicio de cinismo, se lee: “Multa $250k”.
Otro documento incautado refuerza la hipótesis de que
Bruni escondió aportes ilegales a la campaña de Giammattei: en él, a mano, el
exsecretario privado escribió “Aportación a campaña (Régulo, Rafa, Ángelo)”,
“Efectivo 66,000 USD. Sistema de Monitoreo Electoral 3,750,000 USD” y más abajo
el nombre de la empresa mexicana Helicon. En el mismo folio, bajo el título
“Peticiones”, hay una lista de ministerios a los que la empresa quería prestar
servicios de software, y en el reverso de la hoja más peticiones: “Construcción
de Escuelas”, “Construcción de Vivienda”, “Pavimentación (Bacheo/Carpeteo)” o
“Vender fertilizantes para los apoyos al campo del Ministerio de Agricultura y
Ganadería”. Según la ley guatemalteca, ningún candidato ni agrupación política
puede recibir aportes del extranjero.
A inicios de febrero El Faro se puso en contacto por
escrito con el cofundador y CEO de Helicon, Ángelo Raimondi. Aunque
inicialmente se mostró dispuesto a dar una entrevista a El Faro, al cierre de
esta publicación no había accedido a fijar hora para una llamada.
El Testigo A asegura en su declaración que la persona
encargada “exclusivamente” de la relación con José Luis Benito y de la entrega
de sus aportes a la campaña de Giammattei era “Bruni directamente”: “Él
utilizaba solamente el nombre de Alejandro Giammattei Falla, quien tenía
conocimiento pleno, para hacer ese tipo de llamadas y básicamente agradecer. Y
el otro tenía el respaldo para él ir a hacer la gestión”, dijo. Otra fuente que
participó en la campaña electoral de Giammattei también identifica a Bruni como
el responsable de lograr financiamiento.
Los investigadores de la FECI no lograron comprobar si
los 20 millones prometidos por Benito se pagaron efectivamente o cuál fue su
recorrido y destino. Aun así, cuando en una serie de reuniones mostraron a
Bruni y sus abogados los documentos e hicieron ver al exsecretario del partido
Vamos que tenían elementos suficientes para acusarle al menos de financiamiento
electoral no registrado, él negó todo inicialmente, pero acabó proponiéndoles
colaborar con el Ministerio Público. En una de ellas, Giorgio Bruni les ofreció
“entregar información para ir en contra de Alejandro”, testificar en contra del
presidente.
A inicios de julio la FECI emitió de hecho una citación
para que Bruni declarara, pero a última hora éste la suspendió a través de sus
abogados alegando que tenía síntomas de COVID. La siguiente vez que hablaron
con él, se negó a colaborar.
En las semanas previas a la destitución de Sandoval, en
un esfuerzo por proteger lo avanzado en las investigaciones derivadas del
dinero encontrado en la Antigua, los fiscales acordaron centrarse en rastrear
transacciones internacionales entre las personas o empresas implicadas que
podrían haber pasado por la banca estadounidense. Querían facilitar que, si
enfrentaban un bloqueo total en Guatemala, agencias de Estados Unidos
estuvieran interesadas y facultadas para retomar parte del caso.
Un funcionario del Departamento de Estado confirma que el
Gobierno de Joe Biden está al tanto desde hace meses del contenido de este
testimonio contra Giammattei, aunque no revela el avance de posibles
investigaciones del Departamento de Justicia. Una fuente en Guatemala asegura
haber hecho llegar el año pasado la grabación del Testigo A al embajador
William Popp. Otra en Estados Unidos se la entregó personalmente a un agente
del FBI con investigaciones ya abiertas en la región.
Una fuente en Washington y una persona cercana a uno de
los acusados del caso aseguran que el constructor Alejandro Matheu Escamilla
está desde hace algunos meses colaborando con las autoridades estadounidenses.
El 21 de enero José Luis Benito se entregó a la justicia
guatemalteca tras más de un año prófugo, pero en Guatemala hay poca confianza
en la voluntad real de la fiscal general para lograr una condena en su contra.
En la primera audiencia contra Benito, el 28 de enero, la jueza Silvia de León
amonestó públicamente a los fiscales del caso por su falta de preparación y
“pobre argumentación”.
Es un retrato del estado de la justicia en Guatemala.
Como lo es que la audiencia para tomar declaración al Testigo A, que en teoría
debió celebrarse en el despacho de Erika Aifán, en el piso 14 de la torre de
tribunales, en la Zona 1 de la capital, se trasladara discretamente a las
oficinas de la FECI, en el cuarto nivel de la sede del Ministerio Público. Hace
años que Aifán sabe y ha denunciado que el personal de su propia oficina la
espía y filtra información de casos clave a actores políticos y criminales.
Los fiscales tampoco avisaron a la Fiscal General que se
iba a celebrar aquella audiencia de adelanto de prueba. “¿Está Giammattei
involucrado en actos de corrupción? Yo no lo dudo”, dice Juan Francisco
Sandoval desde su exilio en Estados Unidos. “La fiscal general protege al
presidente de la República, y es evidente que si lo hace es porque el
presidente se lo ha pedido”.
***Mas: https://elfaro.net/es/202202/centroamerica/25996/%E2%80%8B%E2%80%8BTestigo-acusa-a-Giammattei-de-financiar-su-campa%C3%B1a-con-sobornos-de-constructoras.htm