Estamos en el umbral de un nuevo orden mundial en el que se reivindica la potestad de las naciones sobre la dirección de sus economías, especialmente el control del Estado sobre los recursos energéticos, donde las redes comerciales y la producción industrial son orientadas cada vez más a la sustentabilidad.
En este contexto, el litio y otros minerales se vuelven
cada vez más preciados por los países y las empresas transnacionales. El Banco
Mundial, por ejemplo, estima que para el año 2050 más de tres trillones de
toneladas de minerales, como el grafito, el litio y el cobalto, van a ser
requeridas para atender la demanda en la producción de energías limpias.
La experiencia que ha vivido el mundo en materia de
privatizaciones de los energéticos ha demostrado que ya no se deben dejar a
merced del libre comercio y a la explotación de empresas que sólo retribuyen
con una minúscula parte de sus ganancias al sector público. Por ello, en estos
días hemos visto diversas declaraciones de los gobiernos europeos, como los de
España y Francia, en el sentido de que van a recuperar el control del Estado
sobre la energía eléctrica, ante las altas afectaciones que están teniendo las
poblaciones por el descontrol en los precios de las tarifas de consumo, en los
mercados controlados por las empresas privadas.
En este marco se inscriben las reformas a la Ley Federal
de la Industria Eléctrica y a la Ley Minera, para recuperar la generación de
energía eléctrica y la explotación y beneficio del litio, respectivamente.
Estos son cambios estratégicos para poner a México en esta tendencia del nuevo
orden mundial: un Estado interventor en la economía.
El litio ocupa el lugar número 35 en abundancia en la
corteza terrestre y actualmente tres países latinoamericanos, Bolivia,
Argentina y Chile, cuentan con las mayores reservas conocidas en el mundo, de
acuerdo con el Servicio Geológico Estadunidense. En México se han detectado
aproximadamente 1.7 millones de toneladas, lo que coloca a este país como el
noveno en el mundo en cuanto a reservas conocidas, sin embargo, es posible que
el estimado sea mucho mayor.
Esta nueva ola de una mayor intervención del Estado en la
conducción de la política y la transición energética se genera, justamente, en
una nueva etapa de ascenso de gobiernos democráticos en América Latina, lo que
abre grandes expectativas para el desarrollo industrial sustentable de esta
región, a partir de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento
del litio, pues, como región, se puede convertir en el territorio mundial donde
más reservas probadas y probables de litio existen.
Sin duda, México está en el camino correcto. Desde su
liderazgo político en la región, podrá asumir el liderazgo de una comunidad
económica latinoamericana. Nuestra experiencia en el petróleo, para bien y para
mal, será muy relevante.
Por lo pronto, detener la política rentista y entreguista
que han encabezado las élites políticas nativas sin identidad y compromiso
nacional es el primer paso.
Sigue implementar, por el Ejecutivo, las recientes
decisiones legislativas que se han tomado para proteger legalmente el litio
mexicano. Ya vendrán mejores tiempos políticos en el Congreso de la Unión para
la protección constitucional.
*Imelda Castro Castro: Senadora de la República