El artículo en este espacio sobre el narcopacto electoral entre el Cartel de Sinaloa y MORENA levanto ámpula en Palacio Nacional y fue motivo de preocupación en Sinaloa. Pero no solo en México hay narcoacuerdos.
"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en
México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más
cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”, afirmó el presidente
de México Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos de miembros del
partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos, que lo acusaron de proteger
al narcotráfico.
Las afirmaciones de los congresistas se dieron luego de
que AMLO se rehusara a asistir a la Cumbre de las Américas en protesta porque
no fueron invitados los mandatarios Daniel Ortega, de Nicaragua; Nicolás
Maduro, de Venezuela, y Cuba. Los dos primeros son señalados por el gobierno de
Estados Unidos de violaciones graves a derechos humanos y vínculos con el
narcotráfico.
Y se dieron tras la publicación de mi artículo en este
espacio la semana pasada: "El narcopacto electoral entre hijos y hermanos
de El Chapo con MORENA”, el cual causó profunda ámpula en Palacio Nacional y
fue motivo de preocupación en Sinaloa, donde se fraguaron dichos acuerdos.
Se supone que, en estricto sentido, en materia ideológica
entre AMLO y Calderón, hay un abismo. Uno dice encabezar un movimiento de
izquierda que llama Cuarta Transformación, el segundo fue militante por décadas
del Partido Acción Nacional de derecha, y fue candidato de ese partido en las
elecciones presidenciales de 2006. AMLO acusó a Calderón de robarse la elección
y desde entonces se supone que son enemigos declarados.
Pero en realidad en otros aspectos emblemáticos y
profundos ambos mandatarios se asemejan y tienen comportamientos e intereses en
común similares, más de lo que se piensa. Es posible que ahí esté la respuesta
de por qué AMLO hasta ahora no ha denunciado penalmente a Calderón ante las
instancias correspondientes como lo obliga el Código Federal de Procedimientos
Penales que a la letra dice: "Quien en ejercicio de funciones públicas
tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como
delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público,
proporcionándole todos los datos que tuviere…Quien tenga el deber jurídico de
denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Pero AMLO no ha denunciado penalmente a Calderón de
narcotráfico, aunque lo acusa de ello. ¿Por qué?
En el presente artículo mencionaré 4 similitudes entre
Calderón y AMLO. Quienes a su vez tienen
similitudes con los gobiernos emanados del PRI. Todos crecieron y se
alimentaron del mismo sistema de abuso de poder y corrupción.
AMLO dice que no es Calderón, pero cómo se parecen. No
vaya siendo que termine de la misma forma.
Antecedentes
Sobre el ex Presidente Calderón penden serias acusaciones
de miembros del crimen organizado de haber hecho acuerdos con el narcotráfico
durante su mandato. El primero en hacer una acusación puntual y explícita fue
el narcotraficante Edgar Valdéz Villarreal a través de una misiva que me envió
desde en noviembre de 2012 y la cual fue
publicada por el periódico Reforma en su portada.
En el juicio llevado a cabo contra el narcotraficante
Joaquín Guzmán Loera "El Chapo”, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa,
hubo señalamientos de testigos de la Fiscalía de que Calderón había recibido
financiamiento de La Federación en su campaña presidencial del 2006.
Hoy su ex Secretario Federal de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y
corrupción.
1. Militarización
Cuando inició su mandato, Calderón hizo una supuesta
declaratoria de guerra contra el narco. Para ello dio al Ejercito Mexicano la
tarea de patrullajes y seguridad pública.
La salida de los cuarteles provocó violaciones graves a
derechos humanos de los ciudadanos y también facilitó el acceso de los carteles
de la droga a los mandos militares. Si bien la complicidad entre
narcotraficantes y ejército es histórica, ésta se multiplicó en el sexenio.
Al inicio de su gobierno fue exonerado el general Mario
Arturo Acosta Chaparro, quien tenía severas acusaciones de nexos con el
narcotráfico. En 2008 lo condecoró y después usó sus contactos con los carteles
de la droga.
Cuando AMLO estaba en campaña, en 2017 y 2018, dijo que
iba a regresar al ejército a sus cuarteles. No lo hizo. Al contrario, la
militarización se extendió en Aduanas y en las obras públicas más importantes
del gobierno federal, aumentando de manera desproporcional el poder del
Ejército.
Al inicio de su gobierno, en Estados Unidos fue detenido
el ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado de
narcotráfico. La administración de AMLO, en un pacto con la administración de
Donald Trump, consiguió que lo repatriaran a México a cambio de hacer una seria
investigación en su contra.
Una semana de pobres pesquisas de la Fiscalía General de
la República sirvieron para exonerarlo instantáneamente. Cienfuegos, al igual
que Acosta Chaparro en su momento, ha sido legitimado por el gobierno de AMLO.
El polémico militar cuya administración está implicada en la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido invitado a eventos oficiales como la inauguración
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2. Protección al Cartel de Sinaloa
La llamada guerra contra el narco de Calderón era falsa.
Su gobierno, a través de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública
Federal y su equipo más cercano, daba protección a La Federación, integrada por
el Cartel de Sinaloa, Cartel de Juárez y Cartel de los Beltrán Leyva, entre
otros, según expedientes de la FGR (antes PGR) y la acusación criminal que hay
en su contra en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Los blancos prioritarios del gobierno de Calderón, según
los documentos internos a los que tuve acceso en su sexenio, eran los enemigos
de La Federación. Las mayores detenciones se concentraron en ese grupo, y
aunque hubo algunas detenciones de gente del Cartel de Sinaloa, gracias al
diario escrito por Vicente Zambada
Niebla, hijo de Ismael Zambada del cual tengo copia, se puede saber que eran
personas traicionadas por el propio Cartel.
Al inicio de su mandato, AMLO dio a conocer su política
pública hacia el crimen organizado:
"abrazos no balazos”. En 2019 AMLO ordenó la liberación del
narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, quien había sido eficazmente
arrestado en Sinaloa por orden de extradición a USA. Su liberación de hecho protege y auspicia las
actividades criminales del cartel porque Ovidio es una parte operativa junto
con sus hermanos "Los Chapitos”.
Meses después, en 2020 el Presidente detuvo su gira
presidencial en el Triángulo Dorado,
zona bajo control del Cartel de Sinaloa, y se encontró con Consuelo Loera a
quien le dio un cordial saludo. Es madre de "El Chapo" y de otros
tres narcotraficantes, uno de ellos Aureliano Guzmán Loera narco activo y
prófugo de la justicia, mejor conocido como "El Guano”, con quien Morena
en Sinaloa hizo un narcopacto electoral en 2021.
En las elecciones del 2021, en las que MORENA resultó el
partido ganador en un corredor de estados dominado mayoritariamente por el
Cartel de Sinaloa, pese a las acciones de violencia e intimidación contra
candidatos opositores, AMLO felicitó públicamente a los criminales y dijo que
"se portaron muy bien”.
3. Búsqueda de la Pax mafiosa
En el gobierno de Calderón la violencia se multiplicó.
Aumentaron en todo el país el número de personas desaparecidas, homicidios,
secuestros y extrosiones entre otros delitos.
La protección inicial del gobierno de Calderón a La
Federación, provocó que los carteles de la droga contrarios, principalmente el
Cartel del Golfo y su grupo armado Los Zetas, explotaran contra La Federación y
contra el gobierno que la protegía.
La Federación se fragmentó en 2008. Rompió el Cartel de
Sinaloa con Los Beltrán Leyva y Juárez y aumentó la violencia. Calderón encargó
a Mouriño enviar a Acosta Chaparro a negociar la pax mafiosa con los carteles
en conflicto. El general iba como emisario de la Presidencia según se confirma
en el diario de Zambada Niebla.
De acuerdo a informantes del gobierno federal, el
gobierno de AMLO envió al ex subsecretario de gobernación Ricardo Peralta, a
reunirse con carteles de la droga, incluso antagónicos para hacer la pax
mafiosa. El objetivo principal era que disminuyeran los homicidios dolosos y
algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno local y federal se
hiciera de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de
estupefacientes.
Un aliado de Peralta en esa operación es el abogado
Sergio Ramírez, quien ha sido representante legal y amigo personal de
integrantes del grupo criminal La Unión de Tepito. Ramírez es muy cercano a
Morena, presume sus fotografías con el ex líder nacional de ese partido y ahora
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, brazo derecho de
Claudia Sheinbaum, y sus fotos con la ex Secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero cuando era jefa de Peralta.
Su socio Juan Pablo Penilla ha sido abogado de
integrantes del cartel del Golfo y Los Zetas. Un reportaje del semanario
Proceso de 2015 transcribe expedientes
judiciales en que se acusa a Penilla de haber sido cómplice del testigo
protegido de la PGR "Karen” para que no declarara contra Miguen Angel
Treviño Morales alias "Z40”, líder de Los Zetas.
4. Ataques a la libertad de expresión y al periodismo de
investigación
Desde 2001 a la fecha, como periodista, ejerciendo mi
derecho a la libertad de expresión y en base a la información documental y
testimonial recabada en mis investigaciones, he cuestionado el poder
presidencial y he puesto luz sobre los pactos entre miembros del gobierno de
diferentes partidos políticos: PRI, PAN, PRD, MORENA, Partido Sinaloense, etc.,
con el crimen organizado.
Otra semejanza entre el régimen de AMLO y el de Calderón
es el uso de esbirros para crear desinformación en la sociedad y a tacar a los
periodistas independientes.
Durante el gobierno de Calderón , en los cuatro años que
publiqué reportajes sobre actos como homicidios, corrupción, vinculación con el
narcotráfico, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad en los que estaban
involucrados Genaro García Luna (GGL) y sus allegados, personeros del gobierno
e incluso comunicadores y periodistas lanzaron una campaña para proteger a GGL
y su grupo, me atacaron y desinformaron sobre mis investigaciones.
Tras la publicación de mi libro Los Señores del Narco,
fui notificada de un plan para asesinarme orquestado por García Luna y Luis
Cárdenas Palomino, uno de sus colaboradores más cercanos. Hubieron intentos de
censura y ataques de armados y de intimidación específicos a mi persona.
En la administración de AMLO, la funcionaria de la
Presidencia Ana Elizabeth García Vilchis en Palacio Nacional, el 8 de junio
pasado, inventó contenidos de mis artículos, desviando así el contenido real.
La servidora pública dijo: "En víspera de las elecciones, la periodista
Anabel Hernández publicó, otra vez sin ningún documento de prueba, que Morena
habría pactado en 2018 con el cártel Sinaloa para ganar las elecciones en las
que resultó vencedor el presidente López Obrador”. Eso no fue publicado en mi
artículo.
El Presidente estaba al flanco de la funcionaria como
aval, mientras ella mentía y me atacaba.
García Vilchis es el nuevo "cuadrazo”, como a AMLO le gusta llamar a las
colaboradoras dóciles y obedientes que hacen lo que él diga aunque sea ilegal o
inmoral.
Lejos quedó el tiempo en que AMLO alababa mi trabajo. El
11 de diciembre de 2019 afirmó sobre mi persona y trabajo, en el contexto de la
detención de García Luna en Estados Unidos: "En ese sentido es muy bueno
esto para que los que se sentían intocables y pensaban que, con el dinero, con
las influencias lo podían todo, pues que se den cuenta de que no es así, no es
así.
"Y también nos ayuda, en el caso de los medios de
comunicación, para darle atención a las buenas investigaciones periodísticas.
Esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos muy buenos de
investigación arriesgando su vida y ha sido ninguneada, hasta mal vista, porque
ese periodismo no se hacía o se hacía y se veía como algo marginal. Ahora es
como para reconocerle que ella ha estado tratando el tema, y así otras
periodistas…”
El 5 de mayo de 2020, el mismo AMLO aseguró: "Esta
periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden,
es una mujer profesional del periodismo y valiente. Es una mujer
excepcional…"
En ese momento yo agradecí en lo personal las palabras de
Andrés Manuel como individuo, como un ciudadano más, y advertí que como
funcionario público, él, al igual que sus antecesores, debe rendir cuentas y
anticipé: "Yo siempre seré una crítica al poder cuando esto corresponda”.
Hubiera sido ‘cómodo' agazaparme a los pies del
patriarca, como los hacen muchos periodistas y comunicadores de poco
profesionalismo y memoria, dóciles bajo la palma del amo. Me causa cierta
curiosidad morbosa cómo lo hacen, qué botones dentro de sí les impulsa a ser
domesticados.
Los periodistas, los comunicadores, cualquiera que tenga
una plataforma pequeña o grande de comunicación, tienen como función cuestionar
al poder y servir a la sociedad comunicando la verdad. Esa es mi convicción
profunda y nunca he declinado a ella.
En una campaña bien coordinada, a la par que se me
atacaba desde Palacio Nacional a través
de redes sociales y comunicadores al servicio del poder, se ha intensificado la
campaña de desinformación sobre mi trabajo. Se sacan de contexto mis
afirmaciones porque sacarlas completas no funciona para sus fines de
propaganda. E incluso se creó una cuenta falsa en Twitter usurpando mi
identidad e imagen.
Usando dicha cuenta se engañó a la sociedad y se dijo que
yo denuncié una amenaza de muerte a raíz de la columna publicada aquí la semana
pasada. Era falso el mensaje, pero muy grave y peligroso. La publicación de
amenazas falsas contra periodistas es perversa y tiene como finalidad restar
credibilidad a las amenazas verdaderas vulnerando aún más la vida y trabajo de
los periodistas.
Si no fueron las loas de AMLO a mi trabajo lo que me
detuvo a investigar sobre los narcopactos electorales entre MORENA y el Cartel
de Sinaloa, mucho menos serán las agresiones desde Palacio Nacional o los
fantasmas de las redes sociales los que puedan detener mis indagatorias.
Ante un funcionario del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es decir ante el propio
gobierno de AMLO, hice el 8 de junio una denuncia por la falsa cuenta de
Twitter y los ataques desde Palacio Nacional.
Por desgracia, los narcopactos electorales no han
existido y existen solo en México, sino también en otras latitudes del planeta.
El crimen organizado extiende sus tentáculos para controlar Palermo, la capital
de Sicilia, a través de políticos del partido Fuerza Italia de Silvio
Berlusconi, de acuerdo a documentos judiciales que tengo en mi poder.
¿Qué tienen en común el narcopacto electoral en Sicilia y
en Sinaloa? De eso hablará mi próxima columna.
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