El delegado de Nicolás Maduro ante el organismo, que dirige Michelle Bachelet, ha dibujado de nuevo un país que solo existe en la propaganda chavista. Y lo hizo en el peor momento, ante el asombro causado por el informe de la compañía española, que fue obligada a interceptar 1,5 millones de líneas telefónicas y de internet, el 21% del total de abonados, durante el año pasado por órdenes del gobierno chavista.

De esta forma salió a la luz que los pinchazos de móviles y de líneas fijas no paran en Venezuela, pese a los desmentidos gubernamentales: se han multiplicado por cuatro, a través de los requerimientos realizados en su mayoría por los distintos aparatos de represión y persecución de la revolución chavista, desde organismos policiales y militares al Ministerio Público y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la temida policía política.

Al incluirse la entrega de los metadatos de los usuarios, el chavismo obtuvo además los datos históricos de los usuarios: nombres, direcciones, origen y destino de las llamadas, localizaciones de los dispositivos e identidades. Según el Observatorio VN Sin Filtro, el uso indiscriminado de esta herramienta por el chavismo abarca la intercepción de llamadas, el monitoreo de los mensajes de texto y de su tráfico en Internet. Se trata de una práctica que excede las tasas convencionales de intervención en otros países, que fluctúan en torno al 1%. Telefónica es la única compañía que opera en Venezuela que ha hecho públicas estas cifras.

"Vemos con extrema preocupación estas prácticas de vigilancia estatal apoyadas en la acción conjunta con la empresa privada, que confirman el nivel de vulnerabilidad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles", ha destacado la ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

"El masivo aparato de vigilancia telefónica que el régimen ha impuesto con Movistar es otro recordatorio de lo que estamos enfrentando en Venezuela: una dictadura con vocación totalitaria que quiere controlar, vigilar e intimidar al pueblo y a la dirigencia democrática", ha subrayado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea democrática que preside Juan Guaidó.

Los pinchazos telefónicos se daban por hechos, solo faltaba la confirmación oficial, como así ha sido. Pero los bloqueos contra portales de periodismo independiente o contra organizaciones de la sociedad civil se sufren desde hace años, lo que había provocado las críticas en contra de las empresas que los realizan, que van desde las estatales hasta las internacionales, como la propia Telefónica.

Una práctica que se lleva a cabo desde 2016 y que forma parte del plan bolivariano para mantener a toda costa su hegemonía comunicacional, que también incluye la compra de medios a través de testaferros, el cierre de televisiones y radios, la persecución de periodistas, la censura y la autocensura.

El Informe de Transparencia de Telefónica ha reconocido que en seis años se han llevado a cabo 1.389 ataques contra webs, incluidos 27 dominios bloqueados durante 2021. En cambio, IPYS ha logrado comprobar que se registraron al menos 33 restricciones de acceso contra urls de medios de comunicación, "lo que deja en evidencia que los bloqueos a portales en Venezuela podrían ser mayores", ha asegurado la organización.

"Telefónica debería rendir honor a su código empresarial y al país del cual es origen donde la libertad de expresión se respeta. Pero en Venezuela se rinden a los pies de la hegemonía comunicacional al hacerse copartícipes de la censura", ha denunciado César Bátiz, director de El Pitazo, uno de los medios que sufre los ataques del chavismo en una lista muy larga: El Nacional, La Patilla, Efecto Cocuyo, Armando.info, Punto de Corte, Monitoreamos, Caraota Digital, etc.

"Censuran medios, cierran periódicos y espían tus llamadas y mensajes de texto. Quieren callarnos y controlarnos. Quieren que dejemos de luchar", ha sentenciado Guanipa.