En este contexto aparecen escándalos de corrupción en un Gobierno que no adoptó medida alguna para paliar el brusco salto de la inflación, hasta que la protesta irrumpió explosivamente en las calles.
El estallido social que afecta a la sociedad panameña es
producto de tres factores acumulados que han interactuado para provocar una
tormenta perfecta: elevación brusca del coste de la vida, evidencia descarnada
de la desigualdad social y recorte de la credibilidad del gobierno en
ejercicio, tanto por muestras de corrupción como por torpe manejo de la crisis.
Los sindicatos y las organizaciones sociales han sido el
cauce de un malestar social provocado directamente por el elevado nivel de los
combustibles y los productos básicos, que constituyeron el inicio de las
reivindicaciones fundamentales de las protestas sociales. Desde el comienzo del
año, los precios han ido aumentando, hasta que, por ejemplo, el galón de
gasolina llegara en junio a $5.17. Puede que no parezca un precio tan alto en
el panorama internacional, pero resulta un salto inasequible para buena parte
de la población panameña.
El problema del brusco aumento del costo de la vida se
agrava seriamente en medio de una desigualdad social rampante. Panamá sufre de
la disociación de dos esferas de consumo. La procedente de los altos salarios
que obtienen los profesionales de los dos enclaves económicos principales (el
manejo del canal y los servicios bancarios internacionales) y la formada por
los trabajadores que mantienen bajos los costos de esos servicios y del resto
de la población rural y, sobre todo hacia el Darién, indígena. La ciudad de
Panamá tiene los restaurantes más caros de la región, al lado de los carritos
de comidas callejeras más humildes. Y esta desigualdad se extiende a la mayoría
de los otros ramos del consumo del país. Con el agravante de que es el nivel
superior de consumo el que exponen preferentemente los medios de comunicación.
En este contexto aparecen escándalos de corrupción en un
Gobierno que no adoptó medida alguna para paliar el brusco salto de la
inflación, hasta que la protesta irrumpió explosivamente en las calles. Ante la
avalancha social, el presidente Laurentino Cortizo se avino a impulsar medidas
de urgencia, comenzando por rebajar el precio de la gasolina de los $5.17
vigentes a los $3.95 el galón. Pero la protesta ya había adquirido una
dimensión y una dinámica difíciles de contener.
De hecho, el acuerdo logrado entre el Gobierno y las
coordinadoras sociales más relevantes, la Alianza Nacional por los Derechos del
Pueblo Organizado (ANADEPO) y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, no ha
conseguido detener las protestas. Representantes de ANADEPO se vieron forzados
a deshacer el acuerdo alegando que "la gente en la calle no acepta lo
acordado". Mejor suerte ha corrido la negociación con la Coordinadora
Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que ha aceptado
levantar el bloqueo de las autovías, mientras sesiona una Comisión
Interinstitucional de Alto Nivel para la atención prioritaria de las diversas
demandas de los pueblos originarios del país, constituida a tal efecto.
Por el contrario, en ciudad de Panamá y otras capitales
de provincia, varias organizaciones han mantenido las movilizaciones,
incluyendo el poderoso sindicato de la construcción (SUNTRACS), que ha
bloqueado las principales arterias de la capital del país.
El gobierno de Cortizo y otros sectores sociales y
económicos han emprendido nuevas iniciativas de negociación, ahora empleando
como mediadora la Iglesia católica y con el apoyo del Defensor del Pueblo. Pero
las coordinadoras sociales son conscientes de que los segmentos más radicales
de la protesta no desean una pronta negociación y que el inicio de los asaltos
a los comercios pueden dar lugar a un enfrentamiento abierto con las fuerzas de
seguridad, que ya se han empleado para despejar algunas calles principales.
En estas condiciones, todo indica que esta explosión
social, que nació de forma bastante espontánea, difícilmente podrá tener cauces
en el sistema político y que es altamente probable que su final producirá
dolorosas rupturas en el tejido social panameño.
*Enrique Gomáriz Moraga es doctor en Sociología Política,
Universidad de Leeds, Reino Unido, con la orientación de Ralph Miliband. Fue
director de Tiempo de Paz y trabajó en FLACSO-Chile. Ha sido consultor de
agencias como PNUD, FNUAP, IDRC. BID.
https://elfaro.net/es/202207/columnas/26299/El-estallido-social-en-Panam%C3%A1-no-encuentra-una-salida-pol%C3%ADtica.htm