Tras casi dos semanas sin que las autoridades aclararan las razones de su detención, Luis Rivas fue acusado por la FiscalÃa, el viernes 2 de septiembre, por el delito de desacato, es decir, por ofender o amenazar a funcionarios públicos. Este lunes 5 de septiembre, un juzgado capitalino celebró la audiencia inicial en la que se concluyó que seguirÃa procesado en libertad. Horas más tarde, sin embargo, la FiscalÃa giró una segunda orden de captura, aunque no detalló el delito. El presidente Bukele se ha mostrado como vÃctima en el primer caso. Rivas es un tuitero que dijo ser propietario de la cuenta @_elcomisionado_ y fue detenido el domingo 21 de agosto en extrañas circunstancias. El caso, a pesar de no tener relación con pandillas, fue conducido bajo las reglas del Régimen de Excepción, eliminando algunas garantÃas constitucionales del detenido.
La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por
el fiscal impuesto por el bukelismo, acusó de desacato al tuitero Luis
Alexander Rivas, que el domingo 21 de agosto, desde una cuenta en la que
ocultaba su identidad, publicó una fotografía de seis guardaespaldas mientras
caminaban junto con un grupo de personas en Playa Dorada, Ahuachapán. Desacato,
según el Código Penal, es ofender de hecho o de palabra el "honor o
decoro" de un funcionario o amenazarlo en persona o mediante un escrito. Conlleva
una pena de prisión de entre seis meses y tres años, aunque puede subir a
cuatro si el funcionario que se muestra como ofendido es el presidente, un
ministro, un juez o algún diputado. En este caso, las supuestas víctimas son la
Administración Pública y el presidente de la República, Nayib Bukele. A pesar
de no haber sido capturado en un caso relacionado con pandillas, Rivas fue
tratado bajo las normas del Régimen de Excepción, y presentado ante un juez
hasta 12 días después de su captura, cuando la ley estipula que el plazo máximo
es 72 horas.
El caso es particular, pues enfrenta a un tuitero, que
publicaba desde el anonimato, con el hombre más poderoso del país. El
presidente Bukele ha acumulado todo el poder en El Salvador gracias a sus
éxitos electorales, pero también a la utilización de su Asamblea Legislativa
para imponer a su fiscal general y a sus magistrados de la Corte Suprema de
Justicia; estos últimos se encargaron, por ejemplo, de allanarle el camino a la
reelección, si Bukele lo desea. Bukele ha utilizado sus perfiles en redes sociales
para llamar 'basura' o 'jaina' (pareja de un pandillero) a un antropólogo y
periodista, al tiempo que varios de sus diputados han acusado a periodistas en
redes sociales, sin prueba alguna, de ser colaboradores de las pandillas o
directamente de ser pandilleros. Algunos personajes aliados del bukelismo, como
Walter Araujo, se dedican de forma constante a insultar y denigrar personas en
todas sus plataformas.
La audiencia inicial contra Rivas fue este lunes 5 de
septiembre en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, que decretó que Rivas
siguiera procesado, pero con medidas sustitutivas. Es decir, que podía salir
libre y con ciertas restricciones tras pagar una fianza de 10,000 dólares. Sin
embargo, momentos después de salir del Juzgado, la Fiscalía volvió a detenerlo
y anunció por Twitter un segundo caso abierto contra Rivas, aunque no
especificó el delito. 'Se ha hecho efectiva orden de captura contra Rivas. Una
cosa es la libertad de expresión y otra es atentar contra la integridad de las
personas. La libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos',
escribió en Twitter el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Rivas salió de la primera audiencia antes del mediodía.
Los policías lo sacaron y lo llevaron a un vehículo estacionado en el parqueo
del Centro Judicial Isidro Menéndez. Ahí lo retuvieron durante una hora hasta
que se marcharon los periodistas. Minutos más tarde, el vehículo volvió a
ingresar y, ya sin la presencia de medios, los policías que lo acompañaban le
leyeron la segunda orden de captura. El fiscal Delgado tuiteó la imagen de ese
instante, pero no especificó el delito que le será imputado.
Al tener un segundo caso abierto, Rivas no podrá salir en
libertad condicional aunque un Juzgado lo haya ordenado. La ley procesal penal
exige que al tener una segunda orden de captura en su contra, el imputado debe
permanecer detenido. Si el segundo caso contra Rivas es procesado bajo las
mismas reglas que el primero, el requerimiento fiscal será presentado dentro de
un plazo de 15 días, que es una de las prerrogativas que el Régimen de
Excepción concede a las autoridades en casos relacionados con el combate a las
pandillas.
En su requerimiento presentado el viernes 2, la Fiscalía
señaló como víctima del caso a la Administración Pública y, como víctima
subsidiaria, al presidente Bukele. Según abogados consultados por El Faro, al
incluir al presidente Bukele como víctima subsidiaria la Fiscalía está forzando
a que el delito imputado sea considerado agravado. Esto es porque el castigo de
cárcel para el delito de desacato aumenta en un año cuando la víctima es el
presidente.
Pero que Bukele aparezca como víctima también permite
inferir que Rivas no está siendo procesado por los dos tuits que publicó el
domingo 21 de agosto, aunque haya sido capturado justo tras su publicación. La
oficina de prensa de los juzgados capitalinos, de hecho, confirmó que la
Fiscalía retomó tuits antiguos de la cuenta que manejaba Rivas para acusarlo
por desacato.
Rivas fue detenido 10 horas después de haber publicado la
fotografía desde su cuenta anónima de Twitter (@_elcomisionado_) en la que,
según escribió en la red social, se veía a dos de los hermanos del presidente
Bukele caminando en la playa, rodeados por un grupo de guardaespaldas.
"Tremendo dispositivo de seguridad que anda Karim, la novia, la mamá, y el
otro hermano de Bukele. Menos mal que vivimos en el país más seguro del mundo
mundial. Ya no se puede bañar tranquilo uno en la playa, porque aparece el
vergo de guaruras hijos de puta", publicó Rivas y agregó la fotografía que
luego borró. Según Rivas, en la foto se veía a al menos dos hermanos del
presidente Bukele, pero la toma es tan lejana que no se reconoce a nadie.
La fotografía por la que fue detenido Rivas la divulgó la
cuenta de Twitter identificada como "El Comisionado". Era una cuenta
anónima que publicaba críticas contra el Gobierno y que, en muchas ocasiones,
incluía ataques e insultos contra diputados y diputadas de Nuevas Ideas. Una
expresión más de una cuenta trol en una red como Twitter, donde abundan, tanto
a favor como en contra de Bukele y sus aliados. Algunos funcionarios
reaccionaron a la detención de Rivas e insinuaron que debía ser procesado por
las expresiones de violencia contra la mujer, citando algunos tuits donde
insultaba a diputadas de Nuevas Ideas.
Durante los 12 días siguientes a la captura, ninguna
autoridad explicó a los familiares las verdaderas razones de la detención, y
fue hasta el viernes 2 de septiembre que confirmaron, a través de un abogado
particular, que Rivas sería procesado por desacato.
Las reglas del Régimen de Excepción se aplicaron al caso.
Organizaciones como Cristosal confirmaron a El Faro que han detectado casos en
los que las autoridades han excedido el plazo legal de 72 horas para presentar
las causas ante un juez, y que lo han hecho —tal como le ocurrió a Rivas— en un
plazo de más de diez días, a pesar de que no haya relación con actividad
pandillera de ningún tipo.
Según tres abogados consultados por El Faro, que se esté
usando el Régimen de Excepción para perseguir cualquier tipo de delitos y a
cualquier persona se debe a las posibilidades que abre la redacción ambigua de
los decretos que sustentan el Régimen y las sucesivas prórrogas. Se puede
prestar a confusiones, en palabra de uno de los abogados.
De hecho, en un copia del acta de audiencia a la que tuvo
acceso este periódico, el Juzgado Segundo de Paz estableció que 'existe una
probable violación constitucional debido al exceso de la detención
administrativa' en la que estuvo Rivas. El Juzgado certificó que existe una probable
violación constitucional porque la Fiscalía presentó el requerimiento con un
retraso de 'ocho días, quince horas y cuarenta minutos'. 'Para efectos de una
eventual responsabilidad, ya sea penal o administrativa, advierte la suscrita
que la detención administrativa en que se encontraba el procesado ha excedido
las 72 horas que señala el artículo 13 de la Constitución, en vista de que el
imputado fue intimado y notificado ade su detención administrativa, a las 20
horas del día 21 de agosto, habiendo sido consignado el mismo a esta sede
judicial junto con el requerimiento [el viernes 2]', dice el acta judicial que
dio por recibido el requerimiento fiscal.
La Fiscalía, según el acta del Juzgado, justificó la
presentación extemporánea del requerimiento por la vigencia del Régimen de
Excepción.
Que se haya detenido bajo normas del Régimen de Excepción
no ha sido el único agravio contra Rivas. Solo después de 12 horas de su
detención, cuando estaba detenido en Ahuachapán, a Rivas le permitieron
comunicarse con su familia. Luego fue trasladado a otro lugar, pero su familia
no supo adónde sino hasta el martes 23 de agosto. Nadie explicó a la familia
por qué Rivas pasó días y noches encerrado en unas oficinas de la Policía
Nacional Civil que no son una bartolina sino un laboratorio donde se
inspeccionan teléfonos y dispositivos electrónicos. A Rivas tampoco se le
permitió que un abogado particular entrara a verlo al lugar donde estaba
detenido, aunque el abogado sí pudo hablar con la agente fiscal encargada del
caso el día viernes 2 de septiembre, 12 días después de la detención de su
cliente. Los familiares creen que Rivas aceptó que lo representara un abogado
público cuando se dio cuenta de que no iba a poder comunicarse con nadie.
El Faro conversó brevemente con Rivas el miércoles 24 por
la tarde. "Quieren que me haga cargo de una supuesta red. Quieren que les
diga quién me paga, quién me financia, con quién me coordino (para tuitear).
Pero, como no tengo nada de eso, no han encontrado nada. Tienen mi celular, lo
están inspeccionando desde que me trajeron, pero no han encontrado nada. Me
están acusando de desacato, pero dicen que no estoy colaborando, pero ¿por qué
voy a aceptar que soy de una red cuando eso no es cierto?", dijo Rivas,
escuetamente, desde una de las ventanas del lugar donde estaba detenido, la
tarde del miércoles 24. Un periodista de este periódico conversó con él desde
la calle que pasa frente al lugar. Rivas se asomó por una ventana, mostró sus
manos esposadas, y respondió unas preguntas.
La detención de Rivas provocó ya algunos titulares en
medios de prensa nacional y extranjeros, y todas las noticias narraron que la
captura ocurrió tras publicar una fotografía en redes sociales. En Twitter,
diversos usuarios y activistas denunciaron la detención y fueron los primeros
en revelar la identidad de Rivas, con autorización de la familia. Pero a nivel
de organizaciones de derechos humanos, ha habido mucha cautela.
Un tuit del investigador de Human Rights Watch (HRW),
Juan Pappier, es el único pronunciamiento que El Faro encontró. "Pedimos
su liberación", tuiteó Pappier, dos días después de la captura. Consultado
por El Faro, el investigador que ha indagado y ha emitido pronunciamientos
sobre distintas crisis de derechos humanos en el continente, agregó: "El
delito de desacato, tal y cómo está previsto en la legislación salvadoreña,
contradice estándares internacionales sobre libertad de expresión. Nadie
debería ser perseguido penalmente por supuestamente afectar la honra de una
figura pública, en este caso, el hermano del Presidente Bukele. Este tipo de
detenciones son propias de regímenes autoritarios que no respetan la libertad
de expresión".
Para que el delito de desacato se configure, los tuits de
Rivas de aquella mañana de domingo tendrían que haber mencionado a
funcionarios. Rivas no nombró al presidente Bukele y solo mencionó la presencia
de dos hermanos que no tienen ningún cargo público, aunque sí cumplen funciones
de asesores y emisarios. Los únicos funcionarios en la foto, si acaso, eran los
guardaespaldas.
La Fiscalía y la Policía procesan a Rivas por los cientos
de tuits críticos al presidente y su Gobierno, tuits que comenzó a publicar el
3 de febrero de 2021, cuando surgió la cuenta @_elcomisionado_. Sin embargo, en
el momento de su captura, a Rivas no le explicaron que quedaba detenido por
viejos tuits, solo le dijeron que iban a hacerle unas preguntas y que para eso
debían trasladarlo a una sede policial. El caso fue remitido a la Fiscalía por
la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía, una unidad
especializada que la década pasada fue acusada de resolver casos a base de
torturas y maltratos a sus capturados.
El Batallón Presidencial llegó primero
Rivas es un ingeniero en informática de 38 años que
pasaba el fin de semana del 20 y 21 de agosto en una casa de playa frente al
mar junto con su hija menor de edad, su exesposa y otros amigos de la familia
con sus respectivos hijos. Eran unas diez personas en total. Celebraban un
cumpleaños.
A las 9:18 de la mañana del domingo 21, desde la cuenta
de El Comisionado, Rivas publicó aquella crítica contra lo que consideraba un
derroche de recursos públicos cuando guardaespaldas brindaban seguridad a la
familia presidencial. Después tuiteó la fotografía, sin ningún texto, solo con
el emoticón de una persona encogida de hombros.
A pesar de que @_elcomisionado_ dijo que entre aquellas
personas bañándose en el mar estaban dos de los hermanos del presidente, en la
fotografía es imposible reconocerlos.
El Faro reconstruyó los hechos con base en el testimonio
de Rivas y de otra persona que estaba en el rancho ese día. También se habló
con familiares y con personas que conocieron de primera mano lo ocurrido en las
primeras 24 horas. Aquel domingo, dos horas después de haber subido la foto, a
las 11 de la mañana, tres hombres vestidos de pantalón negro y camisa blanca
que se identificaron como miembros del Batallón Presidencial del Estado Mayor
Presidencial llegaron a tocar la puerta de la casa de playa. Uno de ellos era
un capitán y portaba el gafete del Batallón Presidencial, que es el escuadrón
del Ejército encargado de brindar seguridad a la familia presidencial. El
cuidador de la casa abrió la puerta, pero no los dejó pasar.
Según un testigo que estaba en el rancho y que habló con
El Faro, los militares dijeron "que querían saber quién había tomado una
fotografía que habían subido a redes sociales y que se había hecho viral".
El testigo relató a El Faro que los soldados se quedaron en la fachada mientras
el cuidador fue a llamar a la responsable de haber alquilado el rancho para
aquel grupo de amigos. Ella y los soldados hablaron unos minutos. Los soldados
le enseñaron un celular para que viera la foto que les interesaba. Otros de los
invitados llegaron a la puerta, pero nadie se hizo cargo y los militares se
marcharon.
Antes del mediodía, Rivas eliminó la foto de la cuenta de
Twitter, pero dejó el otro tuit con la crítica al despliegue de seguridad.
Después del mediodía, dos personas vestidas de civil llegaron a la casa de
playa. Eran un hombre y una mujer. Las fuentes de El Faro creen que se trataba
de policías encubiertos, ya que querían ingresar al rancho para verlo, con la
excusa de que estaban interesados en alquilarlo. El cuidador no los dejó pasar
de la puerta.
A las 4 de la tarde, los mismos soldados del Batallón
Presidencial llegaron de nuevo, pero acompañados por tres agentes de la
Policía. Esta vez, el cuidador de la casa abrió la puerta y les permitió
entrar. A pesar de que en esta zona costera conocida como la Barra de Santiago
hay un puesto policial, los agentes no eran de ahí. Fueron amables, dice el
testigo, pero el tono de ellos era implacable: debían confesar quién había
tomado la foto si no querían ser procesados todos juntos. Les pidieron a todos
los adultos que entregaran sus documentos de identidad y sus celulares para
someterlos a una revisión rápida.
Rivas dijo a El Faro que él admitió que era el dueño de
la cuenta cuando percibió el miedo y la zozobra de toda la gente que estaba en
el rancho, incluyendo a los niños. Rivas terminó confesando que él era quien
había publicado la foto.
Uno de los parientes de Rivas que habló con El Faro,
aunque no estuvo ahí el día de la captura, contó lo que le dijeron otros
adultos que sí fueron testigos. "Los policías dijeron en ese momento que
no era delito lo que Luis había hecho y que no lo iban a retener mucho tiempo,
y que era preferible que nadie se fuera del rancho todavía porque era muy
posible que podrían irse todos juntos de regreso a San Salvador". Según
este relato, los policías dijeron que solo estaban "esperando indicaciones
de los altos mandos para proceder".
Según la familia de Rivas, cuando la orden llegó, los
policías dijeron que todos, a excepción de Rivas, quedaban desvinculados
"y que solamente él (Rivas) se iba a ir, porque él ya se había hecho cargo
de la publicación". El testigo narra que a eso de las 7 de la noche,
todos, excepto Rivas, subieron en los dos vehículos que andaban -un microbús y
un sedán- y se largaron.
A Rivas le dijeron en ese momento que solo iban a hacerle
unas preguntas por labores de inteligencia policial. No le dijeron que quedaría
arrestado. Rivas salió caminando del rancho apenas unos segundos después de que
todos los demás se fueran. No iba esposado y subió a los asientos traseros de
la patrulla policial que se había quedado estacionada afuera, sobre la calle
que atraviesa Playa Dorada. El acta judicial a la que tuvo acceso El Faro dice
que la captura fue a las 8 de la noche.
A la mañana siguiente de su captura, tras enterarse de
que Rivas había sido detenido y al no obtener información sobre su paradero,
sus familiares concedieron permiso a algunos activistas para que denunciaran la
captura y que revelaran la identidad detrás de @_elcomisionado, según contaron
tuiteros en sus redes sociales. "Decidimos hacerlo porque solo así
podíamos hacer presión, no sabíamos de su paradero, nadie nos decía nada, solo
sabíamos que había sido capturado pero nada más, así que decidimos sacarlo del
anonimato", dijo a El Faro uno de los familiares de Rivas.
La familia pudo comunicarse brevemente con Rivas hasta 12
horas después de su detención, pero supo con claridad dónde estaba detenido
Rivas hasta la mañana del martes 23; es decir, más de 36 horas después de la
detención. La familia y compañeros de trabajo de Rivas lo habían buscado en
distintos lugares, entre ellos, distintas delegaciones y puestos policiales de
Sonsonate, el 911 de San Salvador, y el llamado "Penalito", donde las
personas detenidas fueron llevadas al comienzo del Régimen. Pero nadie les dio
información. "En Sonsonante me mandaron a las bartolinas, pero me dijeron
que la gente estaba ocupada y no había quién diera información de él y me
mandaron que esperara hasta a las 5 de la tarde. No podíamos esperar porque
teníamos justamente una cita con unos abogados que nos iban a ayudar",
dijo uno de los parientes a El Faro.
Para encontrar a Rivas, los parientes obtuvieron una
pista de parte de unos policías, cuando estos llegaron a la casa de residencia
de los papás de Rivas a dejarle sus pertenencias. Los papás preguntaron a los
agentes por el paradero de su hijo y estos solo respondieron que era en la
colonia San Francisco. Con la ayuda de abogados conocidos, la familia supo que
el lugar al que se habían referido los agentes era la División Técnico
Científica de la Policía (DPTC) en San Salvador.
La DPTC fue el segundo lugar donde lo llevaron. La noche
de la detención, Rivas fue trasladado a la sede de Ahuachapán de la División
Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), la división élite. La DECO
habitualmente interviene cuando hay funcionarios públicos involucrados en la
investigación de un crimen. En el mundo policial, la DECO se ha ganado un
relativo prestigio por la forma rápida en la que obtienen evidencia y logran las
capturas. Pero desde el mundo de los derechos humanos hay algunos antecedentes
negativos. Tres informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) de los años 2003, 2006 y 2009 revelaron que la DECO suele
torturar a testigos y acusados de los casos con el objetivo de obtener
información.
Rivas aseguró a El Faro que el domingo por la noche,
cuando estaba en manos de la DECO en Ahuachapán, nadie lo torturó físicamente,
"pero me colocaron grilletes en los pies y me pasaron interrogando mucho,
varias personas". Fueron los agentes de esta unidad los que comenzaron a
pedirle información de la supuesta red a la que pertenece, y los que comenzaron
a decirle que lo procesarían por el delito de desacato si no colaboraba.
Un día después de la detención, el lunes 22, Rivas fue
llevado a la sede de la División Técnico Científica, unas oficinas que no
tienen bartolinas y que no suele usarse para mantener a personas detenidas. Esa
unidad policial se dedica al análisis forense de teléfonos y computadoras
cuando se sospecha que han intervenido en algún delito.
Un trol
Rivas, según la Fiscalía, tenía una vida virtual de la
que no todos en su familia cercana estaban enterados. La cuenta
@_elcomisionado_ usaba el anonimato para insultar, criticar -en muchas
ocasiones con lenguaje soez- al presidente, la primera dama, funcionarios y
simpatizantes del partido. Sus ataques no eran para nada distintos a los que
decenas de funcionarios y aliados del bukelismo utilizan desde sus cuentas oficiales
para insultar a quienes consideran de la oposición.
La cuenta de Twitter @_elcomisionado_ existía antes bajo
otro nombre. "Suspendieron mi cuenta anterior, pero acá estoy de
nuevo" , reveló el 3 de febrero en un tuit. Por "cuenta
anterior", según se desprende de publicaciones posteriores, el propietario
se refería a una cuenta de nombre muy similar, @el_comisionado_, que funcionó
al menos desde el 12 de octubre de 2020 hasta la madrugada del 3 de febrero de
2021, cuando Twitter la canceló por haber violado las reglas de la red social.
Fue así como apareció la segunda cuenta, que es la que existía cuando Rivas fue
detenido. Las dos cuentas se autodefinían en su biografía como "anti
Bukele" o "anti ‘golondrinos’", que es el término que la
oposición salvadoreña ocupa para identificar, despectivamente, a los seguidores
del partido oficial Nuevas Ideas. Ambas cuentas tenían exactamente la misma
imagen de perfil: un dibujo del comisionado Jim Gordon, uno de los personajes
aliados del superhéroe Batman. La segunda cuenta ha tuiteado unas 22,000 veces,
a ritmo de entre 41 y 43 publicaciones diarias. Hasta el día de la captura,
tenía menos de 8,000 seguidores.
A la mañana siguiente a la detención, los tuits con
ofensas y agresiones de El Comisionado comenzaron a circular a través de
capturas de pantallas, y hubo diputadas, como Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas,
que aseguraron que Rivas "debe pagar por su violencia contra las
mujeres". En un tuit, El Comisionado insultó a la primera dama y la criticó
por supuestamente no hacer trabajo de relevancia; en otro, insultó a la
alcaldesa de Soyapango por su reacción a una noticia sobre la poca
transparencia en su gestión; a dos diputadas oficialistas también las insultó
por, supuestamente, tener un pobre desempeño en la Asamblea. El jefe de
bancada, Christian Guevara exhortó a que todos los que se sintieran ofendidos
pusieran denuncias en su contra. Y el diputado William Soriano aseguró, sin
mostrar prueba alguna, que el lugar de trabajo de Rivas había montado un "trol
center" con fondos supuestamente malversados por gobiernos anteriores.
Las acusaciones de los diputados contra Rivas por
violencia de género son parecidas a las que organizaciones feministas o
políticos de oposición han hecho cuando funcionarios del bukelismo o sus
aliados como Walter Araujo y Roberto Silva han agredido a mujeres.
Un Régimen sin excepciones
Durante todo el procedimiento de la captura de Rivas,
nunca le dijeron que lo estaban investigando por tuits anteriores a ese día. Lo
que tuiteó ese domingo —"guaruras hijos de puta"— podría ser
considerado como ofensa para los miembros del Batallón Presidencial, que son
agentes del Estado. En cambio, los hermanos del presidente, a quienes
supuestamente fotografió, no tienen un puesto formal en el Gobierno. Karim
Bukele es uno de los nueve hermanos del presidente, pero es quizás el más
influyente asesor que tiene el mandatario. Sus otros hermanos menores, Ibrajim
y Yusef, tampoco tienen cargo oficial en el Gobierno y asesoran al presidente
en materia económica.
Siendo desacato el delito por el que lo acusan, el plazo
máximo legal para presentarlo ante un juez se cumplió el miércoles 24, es
decir, 72 horas después de su captura, según lo establece el Código Procesal
Penal.
El Faro preguntó a tres abogados si jurídicamente el
Régimen de Excepción puede aplicarse de manera arbitraria a todos los que sean
detenidos mientras esté vigente, sin tomar en cuenta si el delito está
relacionado a pandillas. Los tres abogados coinciden en que la redacción de los
Decretos Legislativos que dieron vida al Régimen de Excepción y sus prórrogas
es deficiente y que dejó vacíos de ley.
Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de la
organización Cristosal, explicó que su organización ha observado que, en
general, el plazo de las 72 horas se ha cumplido cuando ha habido capturas por
delitos que no estaban relacionados a pandillas, pero que hay excepciones.
"La Policía y Fiscalía están aplicando el Régimen de manera generalizada
por todos los delitos y contra todas las personas. Eso no es compatible, porque
el Régimen debiese haberse referido a los casos en los que han participado
grupos de estructuras criminales, pandillas o terroristas", dijo Navas a
El Faro.
"No se hace diferencia con respecto a qué tipo de
delitos, eso hace que podría dar lugar a confusión", dice Navas. Waldo
Feussier, abogado penalista y catedrático universitario, coincide con esa
explicación. "Una cosa es regular ‘se le suspenden la garantías a los
salvadoreños’; y otra es decir ‘se le restringirán sus derechos fundamentales a
tal sector'. Esto último no está en el decreto, es un vacío, y se tiene que
rellenar con la interpretación que permite el artículo 2", dice Feussier.
Para los especialistas, la razón de que se pueda estar
usando el régimen para perseguir delitos no relacionados a pandillas es que el
vacío de ley. Según el artículo 2 del Decreto Legislativo 333 que dio vida al
Régimen, este se aprobó como respuesta a la violencia generada por "grupos
delincuenciales" que han provocado "las graves perturbaciones al
orden público que atentan contra la vida" de los salvadoreños. Sin
embargo, el artículo 4 del Régimen de Excepción no especifica cuáles son los
delitos cuya investigación podrán hacer uso de las herramientas otorgadas por
el Régimen.
https://elfaro.net/es/202209/el_salvador/26356/Tuitero-detenido-con-reglas-del-R%C3%A9gimen-de-Excepci%C3%B3n-es-acusado-de-ofender-al-presidente-Bukele.htm