El modelo de seguridad militar ha demostrado ineficiencia e incapacidad para disminuir el sangriento impacto del crimen en la sociedad mexicana.
El intenso debate vivido en las últimas semanas en torno
a la extensión de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional (uno y lo
mismo) en labores de seguridad ciudadana hasta 2028, es una prueba irrefutable
del fracaso en la política de seguridad pública.
Este gobierno se comprometió en 2019 no sólo con crear
una corporación civil para la seguridad pública, sino además –es precisamente
la ley y el artículo transitorio que acaban de modificar– que esas labores
quedarían limitadas a 2024.
Mintieron. Fracasó el gobierno en su estrategia patética
de abrazos y regaños maternos, a cambio de la retirada de las fuerzas del
orden. Nadie combatió a los grupos criminales en los últimos cuatro años.
Existen escenas vergonzosas, registradas en video en
múltiples puntos de la República Mexicana, donde efectivos del Ejército y la
Guardia Nacional fueron amedrentados, perseguidos, desarmados y humillados por
criminales locales.
La orden fue clara: no combatir, retirarse, evitar la
confrontación, el arresto, el intercambio de fuego. Incluso bajo la vergonzosa
condición de defensa vital. Si son atacados, replegarse, no responder.
Para los militares, los de verdad, no los generales esos
tan inmiscuidos en política, que hacen discursos y van al cabildeo en las
Cámaras del Congreso, esto es una vergüenza. Se preguntan, lo dicen en grupos
cerrados y en pasillos: “¿entonces para qué estamos? ¿Cuál es nuestra
función?”.
En los últimos cuatro años, según cifras oficiales del
Secretariado de Seguridad Pública, México registró 130 mil asesinatos, con todo
y Guardia Nacional.
En 2019 había 56 mil 125 efectivos de la Guardia Nacional
y ese sólo año fueron registrados 36 mil homicidios.
Para 2021 (dos años después de entrenamiento,
capacitación, despliegue territorial, táctico y estratégico) ya existían 90 mil
500 efectivos en la Guardia Nacional, y ese mismo año se registraron 35 mil 625
homicidios.
Es decir, las fuerzas de seguridad aumentaron en 60 por
ciento, mientras que los asesinatos disminuyeron en menos de 3.0 por ciento.
Conclusión: fracaso absoluto.
Este modelo de seguridad militar ha demostrado
ineficiencia e incapacidad para disminuir el sangriento impacto del crimen en
la sociedad mexicana.
El Estado mexicano le ha fallado a la sociedad civil los
últimos 20 años en cumplir el compromiso de formar, entrenar, capacitar a una
corporación policíaca que proteja y defienda a los ciudadanos.
Ni este gobierno ni los anteriores han encontrado las
soluciones.
El recurso fácil, lo inmediato e irresponsable, es
entregar la tarea a los militares.
La demanda constante de gobernadores y presidentes
municipales de llamar al Ejército y ahora, a la Guardia Nacional, para que
resuelvan el desastre y la acción creciente de organizaciones criminales
poderosas en todo el país, es sólo resultado de ese fracaso del Estado
nacional.
No se ha construido la fuerza civil de seguridad
ciudadana. Lo prometieron en 2019, el Senado votó mayoritariamente a favor de
la conformación de la Guardia Nacional. Tres años después, no sólo estamos
peor, hay más muertos, más sangre, más desaparecidos (registro oficial de
Gobernación de 100 mil mexicanos desaparecidos, más 130 mil asesinatos, en el
año cuatro, nos faltan dos más) apuntan a convertir a este gobierno en el más
sangriento de la historia posrevolucionaria de México.
El Ejército no resuelve, porque no está formado para
ello.
Si el argumento no es suficiente, ahí están las cifras.
Los militares reviran, afirman “¡lo que pasa es que no
nos dejan!”.
El argumento se desvanece porque tienen los recursos –de
sobra–, tienen a la Guardia en acción desde 2019, y las cifras exhiben una
incapacidad sangrienta.
El voto del martes por la noche en el Senado demuestra no
sólo a los senadores complacientes del gobierno: ocho priistas impresentables
que se rindieron a la presión gubernamental y al falso debate del Ejército
salvador, además de otros dos perredistas doblados ante la amenaza judicial.
Mientras México sigue esperando: 25 años de debate en
torno a la profesionalización de las policías; recursos invertidos en cuerpos
municipales; coordinación y equipos en centros de vigilancia (C4, C5) en todo
el territorio; equipos, uniformes, armas. Y estamos peor que nunca.
Los senadores obsequiosos, los doblegados por el
gobierno, optaron por “patear la lata”. Otros seis años hasta 2028, para
volvernos a plantear las mismas premisas.
El Ejército no es policía ni lo será nunca. Su
entrenamiento es diferente, su óptica es distinta, su concepción de los
derechos humanos, ciudadanos, civiles y jurídicos, se subordina al concepto de
orden, de disciplina y de obediencia.
El mayoritario Congreso mexicano, que es hoy tristemente
una extensión subordinada al Ejecutivo federal, le falla al pueblo de México al
legislar la postergación de una tarea vital que ha sido abordada de forma
equivocada, ineficaz, probadamente fracasada.
A este Ejército mexicano, señalado hoy por su
intervención –tangencial o marginal, aún no esclarecida suficientemente– en la
tragedia de Ayotzinapa hace ocho años.
A este Ejército exhibido y denunciado como espía a políticos
de oposición, a comunicadores, a empresarios, a líderes feministas y civiles de
múltiples causas, a ese mismo Ejército, el Senado votó por entregarle el
control total de la seguridad ciudadana nacional por cuatro años más.
Resulta una contradicción insultante al Estado de
derecho.
Si los senadores hubieran actuado con auténtica
responsabilidad, hubieran detenido el debate y la aprobación de una minuta
facciosa y consecuente, para discutir a fondo la verdadera función que las
Fuerzas Armadas han desempeñado los últimos cuatro años en el país, después del
hackeo y la liberación de miles de documentos comprometedores.
El Ejército no resuelve la seguridad pública.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leonardo-kourchenko-la-aldea/2022/10/06/el-ejercito-no-resuelve/