Junto al poder del crimen organizado, el autoritarismo, el militarismo y las actitudes fascistas amenazan a México, si los ciudadanos con cultura de legalidad y democracia se cruzan de brazos, advierte Anabel Hernández.
En agosto de 1990, el premio Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa bautizó al Gobierno de México emanado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) como "la dictadura perfecta". Un término duro
pero congruente con la tipología autoritaria, antidemocrática, corrupta y
represora del PRI, que llevaba 60 años de poder. Un poder apoyado por un
Ejército corrupto y servil, que durante décadas reprimió violentamente las
manifestaciones políticas, sociales e intelectuales contra el régimen.
Han pasado 32 años y hoy diversas decisiones del Gobierno
y del Congreso, expedientes secretos filtrados y hechos palpables a simple
vista indican que estamos ante lo que puede ser el comienzo de una nueva
"dictadura perfecta". Pero no la encabezaría el PRI sino el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) encarnado en el Gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En esta nueva versión, el Ejército no parece conformarse
con servir de apoyo al régimen de turno, como en el pasado, sino que ahora
quiere cogobernar. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha impulsado y
cabildeado en secreto reformas para tener más poder, ha desobedecido órdenes
que públicamente ha dado el presidente López Obrador, y ha hecho gestiones
directas para impedir que militares sean investigados y sancionados por el
poder civil.
Así lo prueba información de la propia SEDENA, obtenida
por el grupo de hacktivistas "Guacamaya", que opera en América
Latina, y realizó un hackeo masivo a bancos de datos y/o correos electrónicos
de Ejércitos e instituciones policíacas de México, Perú, Salvador, Chile y
Colombia, al estilo de Wikileaks. La incómoda información sobre México comenzó
a ser revelada por medios de comunicación y periodistas desde el 29 de septiembre
pasado.
Desde las primeras filtraciones, se dibuja el rostro de
una SEDENA que opera en una lógica y mecánica de autogobierno, anteponiendo sus
intereses de grupo por encima de los intereses de la sociedad.
Pese a esa información y a todas las advertencias de
organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos
y la democracia, el 4 de octubre, la mayoría morenista y aliados en el Senado
de la República concretaron el cambio a la Constitución, para legitimar que el
Ejército Mexicano tenga el monopolio de la seguridad nacional, la seguridad
pública nacional e injerencia en el sistema de justicia.
En esta versión de la "dictadura perfecta",
parece que quien ocupa de facto la silla en la cabecera de la mesa no es el
poder Ejecutivo, sino el poder militar. ¿Por qué?
El Ejército y la Presidencia
Desde Victoriano Huerta, militar que dio golpe de Estado
a Francisco I. Madero en 1913, hasta 1946, fueron siete los militares que han
ocupado la Presidencia en México. El último fue Manuel Ávila Camacho, titular
de la SEDENA con el presidente Lázaro Cárdenas. Su Gobierno concluyó en 1946 y,
desde entonces, ningún militar ha ocupado la Presidencia.
En México, comenzó a haber un proceso político que
privilegió al poder civil, aunque el Ejército siempre se mantuvo como un pilar
del régimen, encabezado por el PRI durante 70 años.
No fue hasta el año 2000 que el partido oficial perdió la
elección presidencial y llegó al poder el Partido Acción Nacional (PAN), de
oposición, con Vicente Fox. Fue un Gobierno plagado de corrupción desde la
Presidencia. En ese sexenio, nació la Federación, encabezada por el Cartel de
Sinaloa. El entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro
García Luna, colaboraba con dicha organización criminal a cambio de sobornos,
según la acusación que existe en su contra en Estados Unidos donde se encuentra
preso.
El Ejército Mexicano comenzó a acumular más poder cuando,
en 2006, el presidente Felipe Calderón, también del PAN, sacó de sus cuarteles
a los militares y los puso a realizar tareas de seguridad pública, aunque la
Constitución lo prohibía. El pretexto era que debían ayudar a combatir a los
carteles de la droga.
Mientras Calderón decía combatir a los narcotraficantes,
su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su equipo más cercano
establecieron relaciones de complicidad con la entonces llamada Federación. Y
está documentado que la SEDENA, entonces encabezada por el general Guillermo
Galván Galván, también tenía contactos con dicho grupo y que varios militares
de alto rango fueron cómplices de diversas organizaciones criminales.
La presencia del Ejército en las calles provocó cientos
de violaciones graves a derechos humanos, aumentaron las desapariciones y
homicidios. Y no sirvió para aminorar los índices delictivos ni la violencia.
Cuando el PRI recuperó la Presidencia en el año 2012, con
Enrique Peña Nieto, el Ejército continuó ampliando su presencia en las calles.
Las tanquetas y los hombres de uniforme verde con armas de alto poder comenzaron
a ser el panorama habitual en las principales ciudades y carreteras de México.
El crimen siguió creciendo porque en ninguno de los Gobiernos, hasta ahora, ha
habido una verdadera voluntad ni un plan integral para combatir el
narcotráfico. Y porque fue creciendo la penetración de los carteles de la droga
en las principales instituciones de seguridad pública y justicia, incluyendo a
la SEDENA.
El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala es
un paradigma de la descomposición del Ejército Mexicano.
Al llegar a la Presidencia en 2018, AMLO, en vez de
regresar a los militares a los cuarteles, comenzó a darles un poder
inconmensurable, como nunca antes había ocurrido en los últimos 50 años. Ni
siquiera con Calderón. Esto, pese a que, durante sus campañas políticas, se
había manifestado en contra de la militarización y proponía que el Ejército
regresara a los cuarteles y dejara las tareas de seguridad pública.
Desde los primeros meses de gobierno, la SEDENA se
convirtió en uno de los principales contratistas del Estado. Así, el Estado los
ha enriquecido con presupuesto y les ha garantizado a perpetuidad el usufructo
de los beneficios que generen algunas las obras que construye, como el Tren
Maya y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otras. Aunque se
pagaron con dinero público de toda la sociedad, las ganancias serás destinadas
a pagar las pensiones de militares.
Además, paulatinamente, AMLO ha entregado a las fuerzas
armadas el control de aduanas, puertos y aeropuertos, que antes estaba en manos
de la administración civil.
A la par, desde la Presidencia, se protege a militares
acusados de narcotráfico o de delitos de lesa humanidad. Así ocurrió desde
2020, con el caso del General Salvador Cienfuegos, extitular de la SEDENA,
amigo personal y ex mando superior del actual Secretario de la Defensa, Luis
Cresencio Sandoval.
Cuando el Gobierno de Estados Unidos arrestó a Cienfuegos
y lo acusó de haber colaborado con el crimen organizado mientras fue titular de
la SEDENA, AMLO celebró la acción. Pero, un día después, reculó por presión de
Sandoval y su Gobierno negoció con el encabezado por Donald Trump, en Estados
Unidos, para que el militar fuera repatriado a México, con la promesa de que
sería juzgado. Algo que nunca ocurrió. Fue exonerado, sin investigación de por
medio, por parte de la Fiscalía General de la República.
Lo mismo ocurre en el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos en una acción en la que participó activamente el
Ejército. La SEDENA ha boicoteado durante 8 años que se descubra la verdad y se
sancione a los militares responsables del crimen y del encubrimiento. Cuando,
en este Gobierno, hubo funcionarios que tenían la intención de llegar al fondo
y consiguieron 20 órdenes de aprehensión contra militares, la SEDENA logró que
se eliminaran 15 de estas órdenes y, en las otras cuatro ejecutadas, presionó
al presidente para que fueran liberados, y paga a los abogados de defensa.
El poder de la SEDENA logró que el Fiscal especial del
caso Ayotzinapa Omar Gómez —quien había logrado avances sustantivos en la
investigación— renunciara a su cargo la semana pasada.
El 29 de septiembre, en conferencia de prensa, el propio
AMLO dijo que quienes solicitaron las órdenes de aprehensión buscaban una
"rebelión" en las fuerzas armadas. El 27 de septiembre, reveló que su
Gobierno tenía "muchas presiones de todo tipo" por el caso
Ayotzinapa, pero no dijo quienes lo presionaron. Lo cierto es que los militares
se salieron con la suya.
La rápida descomposición de MORENA en el poder
En paralelo al empoderamiento de los militares, el
Gobierno de AMLO y su partido se han descompuesto estructuralmente.
Rápidamente, han reproducido las mismas características de aquel viejo y
desgastado régimen del PRI: un presidencialismo conservador, retrógrado y
autoritario. Han repetido esquemas de corrupción y, en algunos procesos
electorales, las campañas de morenistas han sido contaminadas por acuerdos con la
delincuencia organizada, lo que ha provocado que surjan gobernantes
comprometidos con grupos criminales.
Esta descomposición no es exclusiva de MORENA, pero es
más grave porque es el partido mayoritario: tiene la Presidencia, gobierna en
21 de los 32 estados del país, y ejerce el poder de manera autoritaria, no solo
hacia afuera, sino incluso al interior del partido.
Este fenómeno de descomposición política lo he abordado
en distintas colaboraciones como: "AMLO, tan lejos del Che y tan cerca de
Pinochet", "Los renglones torcidos de la Cuarta Transformación",
"El 'narcopacto electoral' entre los hijos y hermanos de 'El Chapo' con
MORENA", que han generado furia en Palacio Nacional, en MORENA y en sus
voceros voluntarios y/o pagados.
Información interna de la SEDENA, ventilada a través de
los "Guacamaya Leaks", confirma la penetración de Gobiernos estatales
y municipales emanados de MORENA, así como la cooptación de funcionarios de
instituciones de seguridad pública. Hasta ahora, se ha difundido información
sobre Gobiernos de Chiapas, Campeche, Veracruz y Tabasco.
Y aumentan las denuncias públicas. El propio Obispo
emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, denunció públicamente, el 4 de
octubre, que el Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelin Salgado, de MORENA
—e hija de Félix Salgado Macedonio, senador del mismo partido—, está coludido
con el crimen organizado: "lo vendieron (al estado de Guerrero) por las
cuestiones políticas, por la cuestión electiva, por la cuestión de compromiso
que tienen con los narcotraficantes", dijo el obispo.
Ejército más poderoso vs. Gobierno civil más débil
En México, existe hoy un Ejército y unas fuerzas armadas
con cada vez más poder de facto, práctico y económico. Y, por otro lado, un
Gobierno civil cada vez más degradado y vulnerable. Por desgracia, los poderes
que podrían servir de contrapeso, como el Congreso y el poder judicial, están
en buena medida bajo la influencia del presidente.
López Obrador se ha arrojado a los brazos de un Ejército
que aún tiene en los labios el sabor de la Presidencia y la sangre de la
represión. La persecución contra el líder opositor Salvador Nava, de San Luis
Potosí, en 1961; la masacre de Tlalteloco, en 1968; el Halconazo, en 1971; la
masacre de Tlatlaya, 2014; y la desaparición de los 43 normalistas de la
escuela normal rural Isidro Burgos, se suman a cientos de ejemplos de los
abusos perpetrados por militares.
Se trata de un Ejército penetrado por la corrupción y el
crimen organizado. A los ejemplos de complicidad por acción y omisión de la
Guardia Nacional (GN, comandada por el Ejército), en Veracruz y Chiapas, que he
comentado en colaboraciones anteriores, se suma información de Guacamaya Leaks
publicada el 5 de octubre por la Revista Proceso, que se refiere a la
penetración del Cartel del Golfo en la GN en Tamaulipas.
Se trata de un Ejército que genera y cabildea con éxito
modificaciones a leyes para obtener más poder. "La Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) fue la fuente original de la reforma que se aprobó en
el Congreso para militarizar la Guardia Nacional", publicó el 6 de octubre
Aristegui Noticias, en base al contenido de documentos filtrados por los
"Guacamaya Leaks".
"El Ejército presentó sus planes a la Secretaría de
Gobernación y a la Consejería Jurídica de Presidencia", se afirma. Hasta
antes de esa filtración, se había dicho que la propuesta había salido de la
Presidencia, en agosto de este año. Pero ahora se sabe que fue la SEDENA quien
propuso que la Guardia Nacional dejara de ser parte de la Secretaría de
Seguridad Pública y pasara al control total del Ejército, de un Ejército que
desobedece las órdenes del presidente.
AMLO ha dicho públicamente que ha ordenado a la SEDENA
entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa, pero el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló, el 29 de
septiembre, que los militares se niegan a entregar información clave.
Actitudes fascistas
En medio de este ambiente turbio que crece en México, en
las calles han comenzado a surgir agresiones verbales y físicas contra
ciudadanos y grupos de pensamiento libre e independiente, que disienten o
cuestionan al actual Gobierno, como en los tiempos más vergonzosos del
fascismo.
Los ataques y descalificaciones que López Obrador
propaga, en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, contra quienes
disienten con él, han sido una semilla de intolerancia y odio, que ha
traspasado peligrosamente el umbral de las agresiones en redes sociales, para
convertirse en agresiones verbales y físicas en público.
Así ocurrió el 2 de octubre, cuando un grupo de personas,
en su mayoría del sexo masculino, insultaron y atacaron a la prestigiosa
académica Denis Dresser, en el Zócalo de la Ciudad de México. La politóloga ha
sido, en los últimos meses, uno de los principales blancos de ataque verbal de
AMLO, y ese ataque fue asimilado por los simpatizantes del régimen.
El inaceptable acto violento contra Dresser fue
videograbado por los atacantes, y celebrado en redes sociales por influencers
con declarada afinidad y apoyo a MORENA y al presidente, multiplicando una
intolerancia y odio que nadie en su sano juicio puede celebrar. La historia
demuestra que las filias y las fobias fanáticas e irracionales han llevado al
mundo a desastres humanitarios.
México está tomando un camino cada vez más peligroso. La
explosiva situación que combina autoritarismo, militarismo, popularización de
actitudes fascistas y el poder del crimen organizado no va a terminar bien si
los ciudadanos con cultura de legalidad,
pensamiento libre y democrático se quedan cruzados de brazos en casa.
Estamos en los albores de una nueva "dictadura perfecta". Corremos el
peligro de irnos a dormir como ciudadanos y despertarnos como esclavos.
https://www.dw.com/es/el-gobierno-de-amlo-la-nueva-dictadura-perfecta/a-63374399