Desde que la FIFA concedió el Mundial al país árabe, no han parado de salir a la luz vulneraciones de derechos como la libertad de expresión o abusos laborales.
El domingo 20 de noviembre echa a rodar el balón que
inaugura la Copa Mundial de Fútbol masculino de la FIFA 2022, que durará hasta
el 18 de diciembre y se disputará en Qatar, lo cual no ha estado (ni está)
exento de polémica. Esto se debe a las denuncias de distintos organismos como
Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) por la violación de
derechos humanos en el país árabe.
Esta situación ya era conocida por la FIFA (Federación
Internacional de Fútbol Asociado), el organismo rector del fútbol, en el 2010,
cuando concedió a Qatar el torneo, a pesar de que las leyes del régimen catarí
son incompatibles con los propios estatutos de la Federación, que establecen en
el artículo 4 la “lucha contra la discriminación, la igualdad y la neutralidad”.
Además de no cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
firmada por Qatar en 1971, donde se establece que estos “deben ser respetados y
reafirmados por los países miembros”.
A su vez, cabe señalar que no es la primera vez esto
sucede, ya que Amnistía Internacional denunció anteriormente violaciones de
derechos humanos en la celebración de otros mundiales. “Desde Sudáfrica en
2010, cuando iban a desalojar a personas para poder construir estadios nuevos,
hasta Rusia en el 2018, donde se denunció la anexión de Crimea o de Georgia.
Esto apunta a que es muy probable que siga pasando, porque lleva ocurriendo
mucho tiempo”, asegura Ricard Taboada, miembro de Amnistía Internacional.
Así pues, a pesar de que el Gobierno del país árabe haya
aprobado en los últimos años una serie de reformas en materia de derechos
humanos, estas no han sido aplicadas en su totalidad. Por ejemplo, en el ámbito
laboral sigue existiendo el sistema kafala, un “sistema de patrocinio” para las
empresas que existe en varios países de la península arábiga y que regula las
relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores migrantes, que
son el 90% de la mano de obra y proceden de India, Bangladés, Sri Lanka y
Nepal, principalmente. Este sistema facilita el abuso y la explotación de los
segundos, que apenas tienen derechos ni la posibilidad real de reclamarlos. Es
por ello por lo que, a pesar de que kafala significa 'garantías', en muchos
casos es sinónimo de trabajo forzoso.
Si bien es cierto que el emirato eliminó el requisito de
obtener el permiso de salida y el “certificado de no objeción” para la mayoría
de los trabajadores inmigrantes, con el que, en teoría, pueden salir del país y
cambiar de trabajo sin el consentimiento de sus jefes, la realidad es
diferente. En la práctica, se siguen encontrando con trabas y requisitos
burocráticos cuando intentan cambiar de empleo sin el permiso de su entidad.
Además, los jefes pueden controlar su situación legal por la imposibilidad que
tienen los trabajadores de acceder a la justicia en casos de abusos o a la
requisa de sus pasaportes.
La situación es especialmente complicada para las
trabajadoras domésticas internas debido a su aislamiento en el domicilio del
empleador, que también es su lugar de trabajo, lo que dificulta que puedan
cambiar de empleo o que puedan denunciar casos de agresión. Otras prácticas
abusivas son el pago con retraso de los salarios, la retención de los mismos o
las pésimas condiciones laborales, como trabajar en situaciones extremas de
calor, jornadas interminables y escasas medidas de seguridad. Por si tales
prácticas no fueran suficientes, también son privados del derecho fundamental
de formar sindicatos o afiliarse a ellos, según el Informe 2021-2022 de AI.
En resumen, el sistema continúa priorizando y dotando de
más poder a las empresas, que supervisan la entrada y la residencia de sus
trabajadores y que pueden anular sus permisos de residencia o presentar cargos
de fuga, poniendo en riesgo su presencia legal en el país.
Como consecuencia de estas prácticas y condiciones
laborales, y según datos publicados por The Guardian basados en los
proporcionados por los propios países de origen de los trabajadores, al menos
6.500 personas han fallecido en la construcción de los estadios de fútbol y
otras infraestructuras para el Mundial.
No obstante, las autoridades continúan sin investigar
estas muertes, a pesar de que muchos de ellos han fallecido de forma repentina,
y las atribuyen directamente a “causas naturales” sin realizar una autopsia. En
otras palabras, Qatar no protege un elemento básico del derecho a la vida y,
además, también niega a las familias afectadas la oportunidad de ser
indemnizadas por la empresa o las autoridades responsables.
Limitar la libertad de expresión para silenciar las
críticas
Uno de los derechos más vulnerados es el de la libertad
de expresión. En este caso, se trata de una legislación abusiva que tiene como
objetivo silenciar a las voces más críticas con el régimen. Por ejemplo, se ha
aprobado una ley en la que, si se considera que una información es
“tendenciosa” (es decir, contraria al Gobierno), el castigo puede ser de cinco
años de cárcel y una multa de hasta 25.000 dólares.
El castigo a las mujeres y al colectivo LGTB
Las leyes cataríes continúan castigando a las mujeres y
al colectivo LGTB. Las primeras siguen estando discriminadas en la ley y en la
práctica, ya que sufren un sistema de tutela masculina; les dificultan el
divorcio y, si lo hacen, es complicado que tengan la custodia de los hijos; y
las menores de 25 años necesitan permiso de sus tutores para viajar al
extranjero, firmar un contrato o salir de casa, como así lo recoge el informe
Everything I have to do is tied to a man, publicado en 2021 por Human Rights
Watch.
En cuanto a los segundos, en el Código Penal se sigue
tipificando las relaciones homosexuales como un delito condenable con hasta
siete años de prisión, a pesar de que en la Carta de las Naciones Unidas se
especifica que hay que derogar estas leyes. En relación con ello, recientemente
en una entrevista, el presidente del comité organizador del Mundial, Nasser Al
Khater, aseguró que el país daba la bienvenida a las personas homosexuales,
pero les recomendó que no mostraran su afecto en público si acudían al torneo,
lo cual fue altamente criticado. O el caso de Khalid Salman, embajador del
Mundial y exfutbolista de la selección catarí, quien afirmó que “la
homosexualidad es un daño en la mente”.
Debido a esta situación, algunos países participantes,
así como algunas selecciones, han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, las
federaciones de fútbol de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Holanda,
Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Gales han pedido a la FIFA a través de una
carta que se respeten los derechos humanos y han afirmado que “seguirán
apoyando un fondo de compensación para los trabajadores inmigrantes”. En
contraposición, el presidente de la Federación, Gianni Infantino, envió hace
unos días una carta a los 32 participantes pidiéndoles que se centren en el
torneo y que “no permitan que el fútbol se vea arrastrado a todas las batallas
ideológicas o políticas que existen”.
A su vez, la FIFA ha vetado unas camisetas de
entrenamiento de la selección danesa en las que ponía “derechos humanos para
todos”. En opinión de Taboada, “esto da a entender que la FIFA no tiene ningún
compromiso con los DDHH, por mucho que haya hecho propagandas del estilo 'No al
racismo'. Se ha visto que, entre las ganancias económicas y los DDHH, siempre
tira hacia lo primero. No está a merced ni apoya a las organizaciones que
denuncian estas prácticas”.
En definitiva, aunque se crea que Qatar podría tratar de
blanquear su imagen a través de la celebración de grandes eventos como este, lo
cierto es que están saliendo a la luz todas las vulneraciones de derechos
humanos. “Gracias a esta concesión, se han realizado cambios legales en algunos
aspectos del sistema kafala y las situaciones de vulneración de DDHH han
aparecido más en los medios de comunicación, forzando el cambio legal, aunque
esto tendría que mantenerse antes, durante y después del Mundial. De hecho,
puede sentar un precedente para las próximas concesiones y que uno de los
requisitos sea el respeto de los derechos humanos”, concluye Ricard.
De nuevo, el gran evento de fútbol a nivel mundial estará
manchado por el sufrimiento de miles de personas que no pueden ejercer algunos
de sus derechos más básicos, mientras que la rueda económica de la industria
futbolística sigue girando sin contemplaciones.