Un informe médico revela enormes cantidades de mercurio y arsénico que amenazan su vida. Miles de ciudadanos desafían el frío y al Gobierno en Tiblisi. Por cuarto día consecutivo, las calles de la capital georgiana se llenaron de manifestantes que piden la liberación del expresidente Mijail Saakashvili.
Después de más de un año del arresto, un informe médico
denuncia que el exmandatario está siendo envenenado en prisión. El documento,
distribuido por el equipo legal de Saakashvili, afirma que “las pruebas revelan
la presencia de metales pesados” en el organismo y los síntomas patológicos que
presenta “son el resultado de un envenenamiento por metales pesados”. Durante
las pruebas médicas se habrían encontrado elevados niveles de agentes tóxicos,
entre ellos mercurio y arsénico. Los autores del informe, fechado el 28 de
noviembre, afirman que a Saakashvili se le administró medicación perjudicial
sin la debida supervisión. El “aumento del riesgo de mortalidad es inminente”
sin un tratamiento adecuado, “que parece haberse denegado o no estar
disponible” en Georgia.
Otro médico independiente, Mariam Jishkariani, que
dirigió un consejo de médicos que examinó a Saakashvili, declaró el lunes a la
La Agence France-Presse que “se le han diagnosticado daños cerebrales y
neurointoxicación”. “Sufre una serie de enfermedades graves, incompatibles con
su reclusión, según la ley georgiana”.
Saakashvili volvió a Georgia, donde fue automáticamente
detenido el 1 de octubre de 2021, después de ocho años en el exilio. Fue
arrestado tras ingresar ilegalmente en el país y condenado a seis años de prisión
por delitos de abuso de poder durante su gestión presidencial (2004-2013).
A Saakashvili, que llegó al poder tras la conocida como
Revolución de las Rosas, el actual Ejecutivo georgiano lo acusa de abuso de
poder durante la dispersión de una manifestación opositora en 2007, así como de
la malversación de más de cinco millones de dólares durante su mandato.
Saakashvili huyó del país en 2014. En 2018, sin su
presencia en el juicio, fue condenado a prisión, cargos que la comunidad
internacional considera son politizados. Según Amnistía Internacional, el
arresto de importantes dirigentes de la oposición, entre ellos el expresidente
Saakashvili, y el trato degradante que recibieron durante la detención
suscitaron motivos de preocupación por la independencia judicial.
En noviembre, el embajador de la Unión Europea criticó a
las autoridades de Georgia por los “retrocesos en el ámbito del Poder Judicial
y el Estado de derecho”, que incluían las designaciones politizadas “no
transparentes ni competitivas” de jueces del Tribunal Supremo y del Consejo
Superior de Justicia, y porque no se hubieran adoptado las prometidas reformas
constitucionales sobre el proceso de nombramiento del fiscal general.
Al entrar en prisión, el exmandatario inició una huelga
de hambre que lo llevó cinco semanas después a un hospital penitenciario. El 30
de noviembre fue devuelto a su celda. Sus médicos informaron entonces de la
precariedad en la atención sanitaria y de los malos tratos recibidos durante su
detención. La ONG georgiana Empathy, participe en el informe médico publicado
por abogados del exmandatario, publicó las conclusiones de sus expertos, “el
paciente fue sometido a supuestas torturas y malos tratos. El trato inhumano
físico y psicológico y las narraciones del examinado incluyendo el engaño, la
hospitalización forzada, la humillación y las amenazas de muerte por parte de
los presos”.
En uno de los traslados, “fue recibido con continuos
gritos, insultos y amenazas por parte de los presos. Durante 11 días no pudo
dormir, porque cuando se apagaban las luces los presos empezaban inmediatamente
a maldecir y a insultar”. El ministro de Justicia, Rati Bregadze, ha calificado
de “completamente inmorales” las declaraciones opositoras de que Saakashvili
podría haber sido envenenado.
Según las declaraciones de sus abogados, Saakashvili
estuvo privado de sueño; en estado de hambre y con encefalopatía de Wernicke,
que se desarrolló como consecuencia de la inanición, “en un estado vulnerable,
le dejaron solo en la sala de cuidados intensivos montada a toda prisa. Nadie
respondió a sus llamadas. Los presos gritaban y amenazaban con matarle. En
estas condiciones, el examinado corría el riesgo de ser asesinado”.
Las acusaciones no han podido investigarse por un
organismo público, ya que el Servicio de Inspector del Estado fue disuelto por
el Gobierno. Hasta ahora, el ejecutivo de Irakli Garibashvili se ha negado a la
petición de Saakashvili de un nuevo juicio.
La última vez que los georgianos salieron a las calles
fue para protestar por los resultados en las elecciones parlamentarias de
octubre de 2021, donde la formación política Sueño Georgiano triunfó en la
mayoría del país. Funcionarios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) afirmaron que, si bien la segunda vuelta de las elecciones
estuvo en general “bien administrada”, también estuvo “empañada por acusaciones
generalizadas y constantes de intimidación, compra de votos y presiones a
candidatos y votantes”. Las exigencias del Movimiento Nacional Unido, el
partido de Saakashvili, son la celebración anticipada de elecciones y la
liberación del exmandatario.