La ira de aquella gente que interpreta la crisis como un debacle institucional se dirige especialmente contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, de la cual se sospecha que quiere mantenerse en el poder hasta el final del periodo presidencial constitucional, en 2026.

El anuncio inicial de Boluarte de querer convocar a elecciones en abril de 2024 ya fue cancelado por ella, proponiendo, ante las protestas, una fecha a finales del año 2023.

Aunque es dudoso que esta maniobra pueda calmar los ánimos, también existen dudas de si es factible encauzar esta vía tradicional para salir de una crisis institucional que se resume en el hecho de haber consumido 6 presidentes en 4 años.

El camino hacia una constituyente

Por lo tanto, todo indica que la vía electoral no puede ser la solución definitiva ante un problema estructural de gobernanza en el país, que abarca los tres poderes del Estado, las relaciones interinstitucionales, el sistema de partidos, e involucra a la misma sociedad peruana, que no logra los necesarios consensos básicos sobre la convivencia.

No debe sorprender entonces que el llamado a una asamblea constituyente sea una de las opciones con la cual se pretende hacer germinar un "nuevo Perú”, con la redefinición de las competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, al igual que un rediseño del Poder Judicial.

Tal propuesta, enviada por el expresidente Castillo al Congreso, no ha prosperado allí, ya que –en parte con cierto nivel de justificación– se teme que no se pueda lograr la transformación profunda del país que se ambiciona, y que, además, ese proceso constitucional no encuentre mucha aprobación en la población.

Allí se refleja también el rechazo de grandes partes de la población para con los diputados y sus quehaceres. El debate entre una reforma total, una asamblea constituyente y las modalidades de un referéndum tiene visos negativos a raíz de las adversidades que sufriera un esfuerzo parecido en el vecino país de Chile.

La utilidad de un diálogo nacional

Adicionalmente se considera imperativo un diálogo nacional con características territoriales, es decir con una inclusión plena de autoridades y organizaciones locales, regionales y nacionales, más allá de las tradicionales cúpulas partidistas de la vida política limeña.

Tal diálogo podría recoger las inquietudes a lo largo del territorio nacional, hacia donde se ha ido desplazando la dinámica de las protestas, especialmente por parte de los seguidores del mismo Castillo.

De alguna manera, la nueva presidenta Boluarte ha querido dar un impulso en esta dirección con el despliegue de los miembros de su gabinete hacia las regiones. Sin embargo, se espera más bien un proceso estructurado que se abra a la colaboración de los actores locales y regionales, así como representantes de los pueblos indígenas y afroperuanos.

El respaldo de un camino hacia estos acuerdos fundamentales encuentra sus límites en el clima político del país, marcado por altos niveles de polarización y de personalización políticos, que demuestran ser incompatibles con el espíritu de consenso sobre el cual habría que construir tales espacios de diálogo. Además hay una implícita tendencia que este esfuerzo pueda convertirse en un gran mercado para "negociar” políticas públicas, desplazando así las instancias parlamentarias existentes.

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