Bajo la sombra del régimen de excepción continúan habiendo capturas de personas inocentes que a estas alturas del año 2023 pueden estimarse en más de 64 mil detenciones ilegales.
El próximo 27 de marzo se cumplirá un año de la
instalación del régimen de excepción. La medida, que el oficialismo califica de
exitosa, ha irrumpido arbitrariamente el Estado de Derecho y el debido proceso
que rige la actividad jurisdiccional de jueces y magistrados. El régimen de
excepción como medio de solución a los grandes problemas sociales está lejos de
ser el ideal, es una sombra muy oscura que, en su avance, ha cometido graves
violaciones a los derechos humanos, y casi un centenar de personas ha muerto en
prisión sin que hasta ahora haya habido indicios de reparación a las víctimas
inocentes por los daños. Su prórroga indefinida, más que una estrategia
definida, parece que pretende ocultar las graves acusaciones sobre violaciones
a derechos humanos de miles de personas y familias que han caído en las redes arbitrarias
del sistema antidemocrático.
Los informes oficiales del Gobierno sobre detenciones
presentado al 31 de diciembre del 2022 reportaron un total 62 972 personas
capturadas y puestas en prisión por órdenes de jueces especializados por,
supuestamente, estar implicados en delitos de asociaciones ilícitas y
pertenencia a pandillas, sin investigación previa y sin orden judicial de
jueces y fiscales. Este mismo informe señala que actualmente se encuentran en
detención provisional un total de 1082 adolescentes, 918 niños y 164 niñas,
situación que hasta ahora no ha generado la intervención de ningún organismo
nacional ni internacional ante las autoridades para verificar la situación de
este segmento de población en las cárceles o centros de internamiento en todo
el país.
Bajo la sombra del régimen de excepción continúan
habiendo capturas de personas inocentes que a estas alturas del año 2023 pueden
estimarse en más de 64 mil detenciones ilegales. Las cifras son alarmantes
porque todos son enviados a detención provisional por periodos de uno a dos
años, con el agravante de que podrían permanecer en esas condiciones hasta por
cuatro años sin un juicio previo. El Estado, como garante de la seguridad
nacional, tiene límites determinados por las leyes internas y el derecho
internacional humanitario, no es absoluto. Cuando descarga su poder sin mediar
las consecuencias en la vida de las personas es también responsable de resarcir
los daños causados a sus víctimas.
En la oficina de Socorro Jurídico Humanitario hemos
atendido y documentado más de 1400 denuncias de violaciones a derechos humanos
de personas inocentes capturadas por agentes del Estado desde el inicio del
régimen de excepción. Estas dan cuenta de cómo la inobservancia del deber
autónomo de garantía de los derechos humanos, particularmente atribuidas a la
Policía y el ejército, los convierte en los mayores victimarios. En los centros
penitenciarios la situación empeora. La gravedad del hacinamiento carcelario,
condiciones de higiene deplorables que favorecen la proliferación de
enfermedades transmisibles, la falta de controles médicos permanentes y el
impedimento de hacerles llegar los medicamentos enviados por sus familiares a
quienes padecen enfermedades crónicas, son algunos de los factores que enfrentan
los miles de personas que han sido capturadas injustamente y a las que el
Gobierno llama "margen de error".
Margarita, una mujer a la que llamaré así por motivos de
seguridad, es hermana de un joven capturado en el mes de mayo, y ha expresado
que está siendo hostigada por agentes de la Policía Nacional Civil. Hasta
octubre de 2022, su casa había sido registrada en 30 ocasiones, en donde, entre
otras cosas, encontraron la copia de recibido de la solicitud de habeas corpus
que ha pedido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según su relato, los policías lo tomaron, lo rompieron, lo patearon con sus
botas, y le dijeron "esto es una basura".
Un segundo caso que conocemos es el de Cordelia (también
un anónimo), quien fue capturada en abril de 2022 de forma arbitraria e ilegal
en su casa. Fue enviada a Cárcel de mujeres, en donde estuvo recluida por ocho
meses. Sobre los maltratos de los que fue objeto durante su estancia en
prisión, Cordelia cuenta que el subdirector del reclusorio se dirigía a ellas
de manera revictimizante diciéndoles que nadie recibe alimentos si la familia
no entrega los paquetes, y que nadie que salga hacia el hospital regresa al
penal. Además, la tortura mental a quienes son madres es diario, les dicen que
a sus hijos ya los mataron y que ellas no saldrán y cumplirán largas condenas.
Esto es una flagrante violación al derecho a la dignidad de la persona humana,
la vida y la igualdad.
Un tercer caso, y uno de los más destacables, es la
captura de la familia Sandoval en Tacuba, Ahuachapán. Seis miembros de esa
familia fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente y a partir de entonces
22 niños y niñas a expensas de familiares cercanos sufren las consecuencias de
la mutilación familiar que el régimen del presidente Bukele ha implementado
bajo premisas de carácter político represivo estatal.
Contener o eliminar la delincuencia organizada que ha
azotado durísimo al país durante 30 años no puede ser resuelto con medidas
excepcionales a corto plazo. Se requiere una reforma judicial a profundidad. El
régimen de excepción, en cambio, ha generado una crisis social e institucional
al parecer sin fondo. Los derechos humanos constituyen el núcleo central de la
vida y, por lo tanto, garantizarlos para todos los ciudadanos y ciudadanas debe
estar en la agenda permanente del presidente de la República.
Que los derechos fundamentales estén al arbitrio de un
poder único es, además de peligroso, grave para los intereses sociales. Que la
Presidencia sea la única instancia para resolver los problemas del país es
peligroso para el desarrollo del libre pensamiento y manifestación del mismo.
Además, profundiza la desigualdad social y crece la discriminación, la cual
genera más pobreza. Mientras tanto, se gastan cientos de miles de dólares en
publicidad oficial, mientras la niñez padece grandes necesidades, especialmente
los huérfanos de padre y madre que guardan prisión por delitos que nunca
cometieron. Estos hechos son evidencia de la cara oculta de un régimen
presidencial y, por supuesto, del Estado en su conjunto, que bajo la sombra del
régimen de excepción violenta, tortura, mata y desaparece, dejando una estela
de daños irreparables que difícilmente se podrán recuperar a mediano y largo
plazo.
***Oscar Rosales es licenciado en Ciencias Jurídicas y
coordinador jurídico del Socorro Jurídico Humanitario.
https://elfaro.net/es/202302/columnas/26731/el-regimen-de-excepcion-sera-la-sombra-del-gobierno-de-bukele