El MAS confirmó lo que se venía especulando desde hacía varios meses en el sentido que no respetarían la Constitución y la Ley de Convocatoria para la Asamblea Constituyente.

Se intentará nomás violar todo lo que sea necesario porque no creen en la democracia representativa, no comparten la actual Constitución y consideran que su triunfo por mayoría absoluta en las elecciones generales les otorga el derecho de hacer lo que crean conveniente al margen del estado de derecho que supuestamente debería imperar para regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y de ellos entre sí.

No se puede negar que al Gobierno no le gusta y no tiene la menor intención de gobernar con los contrapesos y límites que establece una democracia representativa, que es el sistema de gobierno imperante en la gran mayoría de países del mundo.

Al Gobierno le molesta que exista una minoría legislativa que no controle, le incomoda la existencia de Prefectos que no respondan a su línea y propósitos, le afecta que el Poder Judicial no esté plenamente a su servicio. Por ello, para cada uno de esos poderes existe una receta con el fin de doblegarlos o anularlos.

Para la minoría legislativa está el cerco y la eventual toma de las Cámaras para que aprueben leyes como el Gobierno quiere, a los Prefectos elegidos por voto directo los quiere eliminar con la censura de la Cámara de Diputados que controla y la decisión final del Presidente que no los eligió, al Poder Judicial se lo intimida y se proyecta cambiarlo totalmente cuando se presenten las circunstancias.

Este es el tema de fondo, tenemos un Gobierno que cree que tiene el derecho, la legitimidad y la fuerza para llevar adelante su proyecto de país sin respetar las reglas de juego de la democracia. Esto transciende temas partidarios, regionales o ideológicos porque está en juego el sistema democrático en su conjunto. Lamentablemente las razones, los argumentos no sirven y por ello la confrontación es inevitable.

El Tribunal Constitucional dio un fallo muy importante la semana pasada al declarar improcedente el recurso presentado por varios constituyentes porque no podía entrar a fallar sobre un reglamento de debates, sin embargo dejó claro que tiene la competencia para actuar sobre el procedimiento y el contenido de las reformas a la Constitución.

Con este fallo queda asentada la condición de Constituyente Derivada y no Originaria, pese a lo establecido en el primer artículo del Reglamento de Debates. Si en el futuro el Tribunal Constitucional falla por la inconstitucionalidad de alguna decisión tomada en la Asamblea, tendremos una crisis institucional de magnitud, porque el Gobierno no querrá respetar esa resolución.

La inclusión del concepto que todos los artículos se aprueban por mayoría absoluta y que al final la aprobación de toda la Constitución se la hará por dos tercios, responde a una estrategia jurídica y política. En el primer caso para soslayar un dictamen de inconstitucionalidad y en el segundo para preparar toda una acción de masas contra la oposición en la Asamblea para evitar que se cambie ningún artículo ya aprobado.

Retornando al tema central, el grave riesgo a que se está sometiendo al país es que el Gobierno está dispuesto a vulnerar la Constitución para llevar adelante sus objetivos y eso generará un nuevo escenario, ya sea de una resistencia con toda la convulsión que puede significar o el ingreso a un Gobierno que de democrático tendrá sólo el rótulo pero que en los hechos gobernará sin control ni límites.

Es realmente lamentable que se esté llegando a este estado de cosas cuando el Gobierno puede y tiene el suficiente apoyo y legitimidad para lograr sus objetivos de cambio, pero eligió el camino de la imposición y del irrespeto a la Constitución y eso nos hace perder una oportunidad histórica de avanzar, de cambiar pero dentro de las reglas de juego de la democracia.