La nueva legislación europea para exigir a sus empresas el respeto de derechos laborales y ambientales en terceros países debería tener en cuenta el eslabón más bajo de la cadena: la mujer rural.
"Tienen horarios para las aspersiones aéreas de
plaguicidas, pero lo hacen en cualquier momento y nos cae a nosotras cuando
vamos hacia el molino a moler el maíz", cuenta Susana López, coordinadora
de la Pastoral de la Tierra en la Diócesis de San Marcos en Guatemala. Desde
que la agroindustria de la palma africana y el banano se instalaron en ese
territorio e hicieron obras en los ríos, hay una sola cosecha de maíz al año,
ya no dos ni tres. Y el agua está contaminada.
"Nos afecta directamente a las mujeres, que somos
las que preparamos los alimentos y lavamos la ropa", cuenta López,
lideresa indígena Maya-Mam. "También nosotras somos las que trabajamos en
la empacadora con un salario que no cubre la cesta básica y con unos horarios
demasiado prolongados que no nos permiten cuidar de los hijos y las
hijas", cuenta a DW. Los hombres, muchos jóvenes, han emigrado. "Si
esas empresas ofrecieran una oportunidad laboral no migrarían", subraya.
El momento de traer esta y muchas otras historias
semejantes hasta Bruselas es importante: una directiva de debida diligencia
para las empresas europeas que operan en terceros países está en pleno debate.
¿De qué se trata?
La nueva directiva europea, que se acabará de discutir
este año, prevé que las empresas prueben que cumplen con el respeto a los
derechos humanos y al medioambiente, que prevén los riesgos y los minimizan,
que hacen públicas sus políticas de responsabilidad. Y que, con responsabilidad
de los directivos, integran un mecanismo de quejas para casos de
incumplimiento.
Instancias en cada uno de los Estados miembros de la
Unión Europea se encargarán del control y de multar a los que incumplan. Las
víctimas deberán ser indemnizadas.
"Lo exportamos todo"
"¿Por qué es
tan importante para Chile y América Latina esta legislación? Porque somos
países exportadores y los niveles más bajos de la cadena están en nuestros
territorios", dice a DW, por su parte, Carolina Rudnick Vizcarra,
presidenta de la Fundación Libera, contra la trata y toda forma de esclavitud.
"Las paltas, los arándanos, el salmón: lo exportamos
todo. Y en la agricultura y la pesca, sectores económicos que demandan mano de
obra no calificada, la mujer está muy presente. Y, si es rural, indígena y
migrante, sufre mayor discriminación: desde salarios que no permiten que sus
hijos accedan a cuidados y educación, pasando por condiciones higiénicas
discriminatorias, hasta que la maternidad es duramente castigada a nivel
laboral. Estamos frente a vulneraciones sistemáticas de derechos laborales, sin
mecanismos sindicales ni de acceso a la justicia", afirma Rudnick
Vizcarra, consultora jurídica de la OEA.
Para grandes y para pequeñas
"Desde las organizaciones de la sociedad civil,
abogamos por que esta legislación valga para todas las empresas y en toda la
cadena de valor", explica a DW Sylvia Obregón, de la European Coalition
for Corporate Justice (ECCJ).
Pero, por lo pronto, según la propuesta de la Comisión
Europea, sólo vale para las empresas de más de 500 empleados y más de 150
millones de euros de facturación neta. Y para aquellas de más de 250 empleados
y una facturación neta de 40 millones, que operen en sectores de alto impacto
como el ramo textil, la agricultura y la extracción de minerales. "En el
ramo textil, el 99 por ciento de las empresas son pequeñas, con menos de 50
empleados. Entonces, no tendrían obligación de velar por la debida
diligencia", critica Sylvia Obregón.
Desde el ECCJ, abogan también por que, en la legislación,
se contemple que las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos
puedan representar a las víctimas, y que se puedan presentar demandas
colectivas. "El desbalance es enorme. Las comunidades muchas veces no
tienen posibilidad de acceder a la información que tienen las empresas ni de
contratar a expertos que certifiquen el daño", puntualiza Obregón.
Como fuere, en el caso de la lideresa Maya-Mam se
trataría, por ejemplo, de parar las violaciones de derechos laborales y pagar
indemnizaciones por impacto ambiental. "Vemos esta nueva legislación como
una oportunidad para poder exigir a esas empresas respeto", afirma Susana
López.
"Es muy importante que esta directiva de debida
diligencia incluya parámetros de perspectiva de género, que cubran hasta los
niveles más bajos de la cadena", dice Rudwick Vizcarra. Y concluye:
"Como tenemos barreras estructurales en nuestros sistemas de justicia, que
se nutren de la discriminación estructural a la mujer pobre, migrante y rural,
es vital que el actor con mayor influencia nos permita nivelar la cancha".
https://www.dw.com/es/responsabilidad-empresarial-europea-y-la-mujer-rural-latinoamericana/a-64913457
