El control del uso de internet en Venezuela ha adquirido mayor relevancia dentro de la estrategia chavista para garantizar su continuidad en el poder.
El régimen de Nicolás Maduro, a través de su Fiscal
General Tarek William Saab, dio a conocer el pasado 17 de marzo el inicio de
una serie de detenciones policiales a raíz de un nuevo desfalco milmillonario
en la industria petrolera venezolana (PDVSA). Este anuncio se produjo en medio
de numerosas protestas ciudadanas lideradas por trabajadores públicos cuyos
menguados ingresos, en promedio por debajo de los 30$ mensuales, no les
alcanzan para sobrevivir en Venezuela. De acuerdo con la escasa información
suministrada por el Fiscal, una amplia red de encumbrados políticos chavistas,
altos funcionarios públicos, miembros del poder judicial, militares de alto
rango y empresarios ligados al régimen se asociaron de diversas formas para
delinquir en contra del patrimonio público venezolano. Pocos días después,
Tareck El Aissami, a quien se identifica como uno de los 4 o 5 dirigentes con
más poder dentro del chavismo, renunció a su cargo como ministro del Poder Popular
de Petróleo.
Mercedes De Freitas, directora de Transparencia
Venezuela, que es una organización no-gubernamental reconocida por su extensa
labor investigativa sobre la "gran corrupción” que desde hace décadas
impera en Venezuela, advirtió sobre el escepticismo general en torno a este
operativo anticorrupción. A su juicio, la escasa información suministrada por
las autoridades ha dejado muchos detalles y preguntas importantes sin aclarar.
Por ejemplo: "¿Se está investigando al exministro Tareck El Aissami? ¿Se
están revisando los contratos públicos suscritos por los funcionarios
involucrados? ¿Cuál es el tamaño del patrimonio comprometido?” Para De Freitas,
en este operativo gubernamental "no hay información, credibilidad ni
coherencia, solo opacidad”.
La falta de transparencia del régimen, sumada a otros
importantes elementos de juicio, ha llevado a múltiples analistas, periodistas
independientes, así como a políticos de la oposición e incluso a chavistas
enfrentados a Maduro, a señalar que este llamado "operativo
anticorrupción” responde en el fondo a una lucha entre las distintas facciones
que dentro del chavismo detentan el poder pues, en todo caso, Nicolás
Maduro es el responsable principal de la
corrupción generalizada que existe en el país.
Reflejo de este estado de opinión es la consigna "No
es bloqueo, es saqueo”, que con frecuencia se escucha en las marchas de los
trabajadores como respuesta al argumento de que el régimen no tiene la culpa de
que no haya dinero para aumentar los salarios. En el mismo sentido, el Partido
Comunista de Venezuela denunció en su comunicado del pasado 22 de marzo que
"más que una lucha institucional real contra la corrupción, podemos estar
frente a una estrategia de orden preelectoral”. En ese comunicado, además, se condena
"todo intento del gobierno de Nicolás Maduro de eludir su responsabilidad
en los escándalos de corrupción descubiertos”. Para este partido político,
"la raíz del grave problema de descomposición en la administración pública
se encuentra en el régimen de opacidad y desmontaje de todo tipo de controles,
como forma de gestión gubernamental”.
Estas opiniones, así como otras de similar tenor, han
sido expuestas y circulado en los medios digitales. Sin embargo, la
conversación ciudadana sobre este tema en las redes sociales ha sido dominada,
de forma artificial, por la narrativa oficialista impulsada por el Ministerio
del Poder Popular para la Comunicación y la información (MIPPCI). Esta
narrativa oficialista está orientada a imponer la idea de que "Nicolás
Maduro está luchando contra la corrupción y no tiene responsabilidad alguna
ante el escándalo sobre un nuevo desfalco multimillonario a PDVSA”, según
señala el Observatorio Digital ProBox, que es una ONG dedicada a monitorear y
analizar la conversación sociopolítica de Twitter en Venezuela, Cuba y
Nicaragua.
De acuerdo con el seguimiento de ProBox, al día siguiente
de haberse anunciado las primeras detenciones, el MIPPCI comenzó a promover en
Twitter la narrativa del régimen asociándola con un grupo de etiquetas
(#GuerraContraLaCorrupción, #ManoDuraContraLosCorruptos y
#MaduroGolpeaALosCorruptos). Estas etiquetas fueron inmediatamente replicadas
de forma masiva por la Tropa Tuitera chavista, un conjunto de cuentas a sueldo
o automatizadas que se coordinan de forma inauténtica entre sí para amplificar
y posicionar las etiquetas impulsadas por el MIPPCI.
Durante los siguientes cuatro días, cada una de las
etiquetas impulsadas por el MIPPCI acumuló más de 1,7 millones de mensajes,
convirtiéndose todas ellas en tendencias, no solo en Venezuela sino también en
Cuba y Nicaragua. Durante esos mismos días, las etiquetas generadas por cuentas
auténticas de la sociedad civil venezolana, como por ejemplo
#MaduroEsCorrupción, apenas alcanzaron los 3.000 mensajes.
Estas prácticas del MIPPCI, dirigidas a "publicar
una cantidad abrumadora de contenidos a través de cuentas inauténticas, con el
objetivo de manipular la conversación y crear la ilusión de que existen grupos
populares que apoyan o rechazan ampliamente un mensaje, mientras que se oculta
el verdadero origen de la campaña”, no son coyunturales. Por el contrario, tal
como lo afirma ProBox, "el régimen venezolano lleva años contaminando y
manipulando la conversación pública en las redes con propaganda, desinformación
y spam; y cada día está empeorando”.
Migración hacia los medios digitales
En la medida en que los venezolanos, en especial los
no-chavistas, han cambiado sus patrones de búsqueda y consumo de información
política, migrando desde los medios tradicionales hacia medios digitales, el
control sobre el uso del internet en el país ha adquirido mayor relevancia
dentro de la estrategia chavista para garantizar su continuidad en el poder en
Venezuela.
Hoy en día en Venezuela, el 74.4% de los opositores, el
49,1% de los oficialistas (chavistas) y el 60.6% de los no alineados, se
decantan por el uso de medios digitales a la hora de informarse sobre el
acontecer político del país y del mundo, de acuerdo con los resultados del
"Estudio de Opinión Nacional” realizado por la encuestadora More
Consulting en enero de 2023. Englobando estos resultados, la encuesta encuentra
que el 62% de los venezolanos prefiere utilizar a los medios digitales por
encima de los medios tradicionales (prensa escrita, radio y tv). Este sondeo
indica que los medios digitales más utilizados para estos fines son: Instagram
(23,2%), portales de noticias en Internet (10,5%), Facebook (8,4%), Twitter
(6,7%), WhatsApp (5,9%), TikTok (4,5%) y Telegram (2,8%).
Control político del uso de internet en Venezuela
Iria Puyosa, investigadora en comunicación política,
especializada en social media y movimientos en redes, ha documentado en
diversas investigaciones cómo, a partir del año 2007 y hasta el día de hoy, los
gobiernos de Hugo Chávez, y luego el de Nicolás Maduro, han instaurado en
Venezuela, de forma gradual e ininterrumpida, un modelo de control político con
pretensiones hegemónicas sobre el uso de internet. El desarrollo de este modelo
se enmarca en una política estatal más amplia que busca establecer en el país
una "hegemonía comunicacional” por parte del régimen chavista.
El modelo de control de internet en Venezuela, de acuerdo
con Puyosa, se inició en el año 2007, cuando el régimen de Hugo Chávez, luego
de re-estatizar a la principal empresa proveedora de servicios de Internet en
el país (CANTV), inició un proceso de desinversión en el desarrollo de la
infraestructura de telecomunicaciones de la empresa, dirigido a frenar el
acceso y el uso de internet en el país. Posteriormente, en 2009, el gobierno
calificó de "suntuario” el servicio de internet, para así establecer una importante
barrera para el uso de este servicio en las instituciones públicas. A partir de
2010, el régimen chavista comenzó a impulsar estrategias de desinformación en
las redes a través de cuentas automatizadas en Twitter. Ese mismo año, mediante
una reforma de ley, el régimen extendió a los "medios electrónicos"
las fuertes restricciones que sobre la publicación de contenidos ya pesaban
sobre los medios tradicionales. Igualmente, se instauró la obligación de los
administradores de sitios web a monitorear a los usuarios y reportar esta
información al Estado. En el año 2011, comenzó a hacerse frecuente la
intercepción de correos electrónicos y el hackeo de cuentas de periodistas y
activistas de la oposición.
Para 2011, el notorio avance en el control de la red por
parte del régimen chavista quedó reflejado en los resultados del informe de
Freedom on the Net, elaborado a partir de la encuesta de Freedom House sobre la
libertad de internet en el mundo. Venezuela fue calificada ese año con una
puntuación de 46/100, lo cual la ubicaba como un país donde el uso del internet
era solo "parcialmente libre”. En Latinoamérica, solo Cuba obtuvo peores
resultados.
Censura, ataques y bloqueos en la red
En 2013, Nicolás Maduro continuó profundizando el modelo
de control hegemónico de internet iniciado por Chávez. Ese año fue creado el
CESPPA, una oficina nacional de seguridad que tiene facultades para interceptar
comunicaciones personales en la web sin orden judicial. En 2014, coincidiendo
con las multitudinarias protestas ciudadanas en contra del régimen, Maduro
comenzó a adoptar, cada vez con mayor frecuencia, medidas de filtrado, bloqueo
de sitios web, aunados a la ralentización de la velocidad de navegación, y el
uso de cortes temporales en el acceso a internet. A partir de ese año,
comenzaron también a registrarse en el país casos de persecución y
encarcelamiento de usuarios de la web, específicamente usuarios de la red
social Twitter. En 2015 se inició la creación de órganos militares con
funciones de control político de internet. En 2017 se dictó la "Ley
Constitucional Contra el Odio”, ampliando aún más las penas y las posibilidades
de persecución a los creadores de contenido crítico al régimen de Maduro en los
medios digitales y convencionales.
Desde 2019, el régimen de Maduro viene aumentando de
forma masiva el bloqueo de medios digitales independientes tanto nacionales
como internacionales. El pasado 12 de marzo, la ONG "VE Sin Filtro”
denunció en su cuenta de Twitter que las empresas prestadoras del servicio de
internet en el país mantienen bloqueados de forma arbitraria 97 dominios, de
los cuales 62 pertenecen a medios de comunicación o páginas que publican
contenidos informativos.
El pasado 20 de febrero, el diario El País publicó un
reportaje sobre la existencia en la red YouTube de noticieros y periodistas
falsos, creados con la ayuda de inteligencia artificial, con el objetivo de
diseminar contenidos engañosos sobre la supuesta mejoría económica de
Venezuela, encubiertos bajo la apariencia de noticias.
En marzo de este año, la plataforma C-informa y el portal
digital Efecto Cocuyo publicaron la investigación "Portales de la
mentira”, donde queda evidenciada la existencia en internet de un amplio
enjambre de portales pseudo-informativos, que algunas veces se presentan como
noticiosos, de análisis u opinión, los cuales actúan coordinados entre sí para
desinformar sobre la realidad venezolana y dar a las narrativas chavistas un
mayor alcance dentro de la opinión pública internacional. "Esta red viaja
desde Sudáfrica, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos hasta Latinoamérica
pasando por Venezuela como hub de conexión e implica un sistemático compartir
de contenidos de interés a otros gobiernos aliados como Rusia, Cuba o
Nicaragua”.
El informe de Freedom on the Net de 2022 calificó a
Venezuela con una puntación de apenas 30/100. En esta última década, el país
empeoró en 16 puntos su evaluación y pasó de ser un país con un internet
"parcialmente libre” a ser un país con un internet "no libre”. Con
ello, Venezuela entró a formar parte, junto con Cuba, del grupo de los 20
países del mundo que poseen los índices más bajos de libertad en el uso de
internet.
https://www.dw.com/es/control-censura-y-desinformaci%C3%B3n-en-el-espacio-digital-venezolano/a-65283861