Pasaremos por alto –por ahora- la capacidad ética o jurídica del Gobierno estadounidense para intervenir en asuntos internos de otros estados, aunque es obvio que cualquier nación que –como la nuestra- recibe ayuda económica, queda sometida a la fiscalización a efecto de verificar la correcta inversión de los recursos. Los múltiples ejemplos de desviación de fondos lo justificarían. En abstracción de lo anterior, una evaluación de nuestro sistema judicial, siempre que sea objetiva e imparcial, tendría que ser positiva, y deberíamos sacarle provecho, en especial cuando refleja una visión muy cercana y real de la apreciación del ciudadano común. Para nadie es un secreto que la Administración de Justicia en el país tiene enormes deficiencias. Los ejemplos del informe que comentamos, han dejado que desear. Y eso refiere a casos sonados que han acaparado la atención de la prensa.

En realidad, los de inefectividad, corrupción, retardación, omisión o negación de la justicia, son muchos, pero muchos más. Se sabe de casos en los juzgados de Paz, de Instrucción, de Sentencia, en las Cámaras de Segunda Instancia y en las Salas de la propia Corte. Nos guste o repulse la intervención de EE.UU. o cualquier otro país, si el informe contiene la verdad, o parte de la verdad, deberíamos preocuparnos por corregir la situación. Aunque los llamados a dar pasos correctos en ese sentido, son las autoridades judiciales, desde la Suprema Corte, hasta el empleado más humilde del  Órgano Judicial. Es en ese ambiente que se conocen de primera mano irregularidades. Todo salvadoreño debe colaborar. Debería haber una oficina que acepte denuncias inclusive anónimas, pero ofreciendo claves para obtener pruebas de hechos denunciados, a fin de que el personal siga las investigaciones que se le comuniquen. Esta oficina podría ser la de probidad de la Corte, pero con facultades amplias a sus funcionarios, para proceder a investigar lo pertinente. Muchos de los que mantenemos relación con el sistema judicial nos enteramos de actividades incorrectas de funcionarios y empleados que no se investigan, porque no hay confiabilidad en el resultado de la denuncia, y puede provocar represalias.

El campanazo que año con año da EE.UU. debería movernos a subsanar el problema. Nuestros funcionarios no pueden limitarse a negar lo que se afirma en el informe, o a expresar que ningún gobierno tiene derecho a intervenir en nuestros asuntos. El sólo hecho de que seamos sujetos de investigación, y año con año se aparezca en el informe, amerita un riguroso examen de conciencia, y...resultados. En la medida que avancemos, nos acercaremos al mundo de los países desarrollados. Todos estamos obligados a engrandecer y depurar nuestro país de sus malos hijos. Ignorar el problema o conocerlo y no actuar, nos conduce por un camino más profundo hacia la oscuridad total. La emigración hacia el norte, no es solución, es huída.