Son $ 100 no remunerativos para todos los empleados del sector privado y limitado para los estatales con ingreso menor a $ 1250. Y se incorporaron al salario los $ 50 no remunerativos ordenados anteriormente.

El decreto incrementa la capacidad de consumo —que se puede licuar por la inflación resultante— pero contribuye a erosionar el efecto ajuste de la devaluación. Debe recordarse que el fruto de la devaluación fue un fuerte ajuste en el ingreso real de los trabajadores, ajuste que financió —por reducción del gasto corriente— el superávit estatal y la rentabilidad empresaria. El costo fiscal de la medida supera los $ 260 MM al año.

Significa una nueva intromisión en la ecuación de negocio y consiguiente desaliento a la inversión —para invertir se requiere controlar o al menos poder estimar el costo de los factores. La rentabilidad empresaria es ahora fijada por el estado.

Este tipo de medidas hacen caso omiso de las diferencias en la productividad entre los distintos sectores y compañías y vulneran las escalas salariales.
Tendrán un efecto regresivo sobre la distribución de riqueza pues alcanzan de manera exclusiva a los trabajadores registrados, que son precisamente los de mayores ingresos. Se estima que al menos tres cuartas partes de los recipiendarios están fuera de la frontera de pobreza.

El efecto regresivo se potencia al estimular el empleo en negro.

Otra forma de inequidad es que el estado, principal beneficiario de la devaluación y aplastamiento de los ingresos, carga con un aumento restringido mientras que se castiga al sector privado, donde muchas empresas se encuentran con precios “administrados” o lisa y llanamente congelados.

El salario de los trabajadores registrados del sector privado tiende así a recuperar el poder adquisitivo previo a la devaluación mientras que el de los estatales se encontrará aún un 20 % por debajo y el de los no registrados se retrasa cada vez más.

De todas formas, diciembre podrá mostrar una transitoria disminución en el índice de pobreza del orden de los diez puntos.

El efecto sobre los ingresos es relativo en muchos casos porque el aumento decretado es absorbido por otros incrementos voluntarios ya otorgados a cuenta.

El decreto computará como incrementos a cuenta de este aumento a todos los convenios firmados en los últimos tres meses.

Se insiste con la política de forzar la distribución antes de lograr la generación de riqueza y el crecimiento.

El camino elegido desalienta el mecanismo de las negociaciones colectivas ante la incertidumbre que genera sobre eventuales nuevos aumentos forzosos.

Los aumentos salariales impulsados por el gobierno juegan en contra de la sustentabilidad fiscal del actual modelo económico.

El modelo es una combinación de superávit fiscal primario holgado con tipo de cambio alto.

Para que funcione, se requiere necesariamente del aplastamiento salarial para que no se licuen los mayores ingresos del estado.

Salarios y jubilaciones representan dos quintos del gasto público.

Corregido por inflación, esos rubros han caído desde la ruptura de la convertibilidad un 15 % en términos reales (inicialmente la reducción fue de casi el doble).