El 28 de febrero el departamento emitió su Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. A partir de 1977, los informes han venido ofreciendo un marco de referencia clave que Estados Unidos y otros países del mundo usan para evaluar la condición de las libertades humanas y organizar los esfuerzos para adelantarlas.

Los informes del 2004 encontraron que la mayoría de las naciones del Hemisferio Occidental respetaron, en términos generales, los derechos humanos de sus ciudadanos, aun cuando en estos países persisten los problemas. Pero algunas naciones de la región recibieron del Departamento de Estado notas bajas por sus prácticas de derechos humanos.

El informe de 2004 indica que el historial de los derechos humanos en Cuba sigue siendo deficiente, y que el régimen del dictador cubano Fidel Castro continuó cometiendo violaciones graves y numerosas, incluso denegarles a los ciudadanos cubanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente.

El Departamento de Estado hizo notar también que el régimen cubano, como cuestión de rutina, siguió hostigando, amenazando, arrestando arbitrariamente, deteniendo, encarcelando y difamando a los defensores de los derechos humanos y los miembros de asociaciones profesionales independientes, inclusive periodistas, economistas, médicos y abogados.

El informe indica que las autoridades cubanas les denegaron también a sus ciudadanos las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación, a la vez que restringieron los derechos de viajar y de los trabajadores, entre otras violaciones.

Y, determinó el informe del Departamento de Estado, a pesar de intentos de mejoramiento en algunos aspectos, el historial de derechos humanos del gobierno de Venezuela se mantuvo también deficiente.

Observa el documento que el presidente Hugo Chávez, los funcionarios de su administración y los miembros de su partido político atacaron constantemente a los medios noticiosos independientes, la oposición política, los sindicatos laborales, los tribunales, la Iglesia y los grupos de derechos humanos. Muchos sostenedores del gobierno interpretaron estas actitudes como una aprobación tácita de la violencia; entonces, amenazaron, intimidaron y lesionaron físicamente a lo largo del año a por lo menos docenas de individuos opuestos a Chávez.

Hizo notar el Departamento de Estado que el historial del gobierno venezolano empeoró en algunas áreas, tales como la politización del poder judicial y las restricciones a los medios noticiosos electrónicos. Agrega el informe que la impunidad legal de las violaciones de los derechos humanos fue uno de los problemas más graves de esos derechos en Venezuela en el 2004.

El historial de derechos humanos de la República Dominicana también se mantuvo deficiente en el 2004, determinó el Departamento de Estado. Destaca el informe que aunque el gobierno dominicano logró adelantos en cuanto a mejorar el respeto a los derechos humanos y los derechos laborales, persisten algunos problemas graves, incluso el trabajo infantil y la trata de personas. Otros problemas graves, observó el departamento, incluyeron la violencia y la discriminación contra la mujer, la prostitución infantil, el abuso de niños y la grave discriminación contra los inmigrantes haitianos. Hubo también problemas con el trabajo forzado en la República Dominicana, al igual que con las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad.

En la vecina Haití, el historial del gobierno en cuanto a los derechos humanos también sigue siendo deficiente. Observa el Departamento de Estado que varios individuos perpetraron numerosas violaciones de los derechos humanos, particularmente durante la revuelta armada que precedió a un vacío de autoridad posterior a la renuncia del ex presidente Jean-Bertrand Aristide el 29 de febrero de 2004.

Señala el departamento que hay informes dignos de fe de muertes ilegales cometidas por miembros de la Policía Nacional haitiana; por ex militares que, en parte obligaron a Aristide a renunciar; por seguidores del Partido Lavalas, de Aristide, y por pandillas callejeras que sospechan han sido pagadas y armadas por Aristide y sus partidarios.

Las violaciones sistemáticas, orquestadas por el estado, cesaron durante el gobierno interino (posterior a Aristide), pero continuaron los asesinatos por motivos de venganza y la violencia política, particularmente en las provincias.

Debido al debilitamiento de la fuerza policial y el sistema judicial haitianos, la impunidad legal también sigue siendo un problema grave en el país.

En Colombia, y según cifras del gobierno colombiano, hubo mejoras significativas en varios índices de los derechos humanos, al disminuir los asesinatos un 16 por ciento, las masacres terroristas cerca de un 50 por ciento, los secuestros 42 por ciento y los desplazamientos forzosos 37 por ciento. Sin embargo, sigue habiendo graves problemas.

Aunque el porcentaje total de violaciones de los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad de Colombia fue bajo, algunos miembros de estas fuerzas siguieron cometiendo violaciones graves, inclusive muertes ilegales y desapariciones forzosas, dice el informe del Departamento de Estado. El informe menciona también que algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia siguieron también colaborando con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización terrorista culpable de graves violaciones de los derechos humanos.

La impunidad siguió siendo también un elemento central del problema de los derechos humanos en Colombia, dado que la justicia civil se mostró ineficiente, gravemente abrumada de trabajo y socavada por la corrupción y la intimidación, apunta el informe. La violencia (y la difundida discriminación social) contra la mujer, el abuso de niños y la prostitución infantil se citan como problemas graves en Colombia, y el trabajo infantil fue también un problema muy difundido.

En Guatemala, Ecuador, Jamaica y Paraguay los gobiernos respetaron en general los derechos de sus ciudadanos, pero hubo informes dignos de fe de muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad de esas naciones, señala el Departamento de Estado.

El informe destaca que los gobiernos federales de México y Brasil respetaron en general los derechos de sus ciudadanos, si bien hubo varios problemas graves respecto del historial de los gobiernos estatales de estas naciones. En los estados mexicanos de Guerrero, Chiapas y Oaxaca fue motivo de preocupación especial un clima deficiente de respeto a los derechos humanos, dice el informe.

En estos estados mexicanos se acusó a funcionarios de ejecución de la ley de cometer muertes ilegales, y durante el año hubo muertes cometidas por grupos que se designan a sí mismos como policías, sin autorización oficial. Las desapariciones también siguieron ocurriendo, y los secuestros de convirtieron en un problema más grave, con un estimado extraoficial de 3.000 secuestros durante el año, algunos de ellos con supuesta participación de la policía, señala el Departamento de Estado.

En Brasil, las fuerzas policiales estatales, tanto civiles como militares, cometieron muchas muertes, algunas ilegales, debido al uso de fuerza excesiva, determinó el informe. La policía estuvo también implicada en asesinatos por contrato y en ejecuciones -- tipo escuadrón de la muerte -- de sospechosos de ser criminales, personas consideradas indeseables, indígenas y activistas laborales.

A pesar de que cuenta con poderes para hacerlo, la policía federal de Brasil no actuó en relación con numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas por autoridades estatales, y esta omisión de castigar a los perpetradores perpetuó un clima de impunidad, dice el Departamento de Estado.

Algunos segmentos del Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos preparado por el Departamento de Estado pueden leerse en:
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/c14138.htm