Hoy 9 de diciembre, se celebra el Día Mundial Contra la Corrupción, así declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración de la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Para América Latina, este recordatorio se suma a los continuos mensajes en contra de la corrupción que han ocupado un lugar prioritario en la maratón electoral vivida por el hemisferio en los últimos meses. Desde las promesas electorales en Honduras, pasando por las de los candidatos costarricenses y los señalamientos a los candidatos -o sus entornos- en Perú, Brasil y Nicaragua, el tema de la corrupción fue protagonista de las elecciones de la región. Muchos de estos mensajes fueron respuesta forzada a escándalos que precedieron a los comicios o que de alguna manera afectaron a algunos candidatos.

El combate a la corrupción debe, en efecto, ocupar un puesto primordial en la agenda de los Estados. De acuerdo con las Naciones Unidas, cada año se paga un billón de dólares estadounidenses en "mordidas" o "coimas" alrededor del mundo. Se trata de un billón de dólares que se destina a burlar la institucionalidad, a través del abuso del poder público, en beneficio de intereses particulares. Al suponer un abuso del poder y, por ende, de la confianza pública, el mayor efecto de la corrupción lo sufren los cimientos de la institucionalidad democrática.

Contra desvíos. El efecto de las corte en el combate a la corrupción, es obvia la importancia del papel del sistema judicial, por constituir el motor de la maquinaria punitiva del Estado contra las actuaciones corruptas. En ese sentido, son medicina institucional. Pero, para ser efectivos, es fundamental que esa misma medicina no haya sido contaminada por la enfermedad que debe combatir. Por lo tanto, la lucha contra los desvíos de la función jurisdiccional debe ser prioritaria.

La corrupción judicial se da de varias maneras, pero siempre existe cuando un funcionario judicial realiza una acción que violenta la imparcialidad en un proceso para obtener un beneficio ilegítimo para sí o para alguna de las partes.

Los poderes judiciales poco podrán lograr si el marco normativo que deben aplicar es deficiente y si no gozan de la fortaleza institucional necesaria para enfrentar los retos que implica investigar conductas que se ven intrincadas en una maraña de intereses y poderes. Como parte de los ingredientes necesarios para esa fortaleza institucional, la integridad de quienes conforman el Poder Judicial adquiere una importancia suprema. La legitimidad de la función del juez no se sustenta en el reconocimiento formal de su poder público, sino en la confianza de la ciudadanía. Los procesos de selección, por lo tanto, deben ser lo suficientemente transparentes y efectivos para asegurar que quienes lleguen a la función jurisdiccional lo hagan libres de compromisos ajenos a la justicia.

Barrera de silencios. Asimismo, las actuaciones corruptas, fuera y dentro del poder judicial, se realizan a la sombra. La mayor parte de los hechos de corrupción se han dado a conocer porque la barrera de silencios tras la que se ocultan ha sufrido una fisura. De ahí que la transparencia sea la mejor arma preventiva contra la corrupción. Sin embargo, en las Américas, la transparencia judicial es un tema que aún requiere de mayor discusión y desarrollo.

Hoy, al término de un agitado año electoral en la región, poco debería importar definir a los políticos del hemisferio como de izquierda o de derecha, debate constante en algunos círculos políticos y de medios en los Estados Unidos; más importante es advertir el genuino compromiso de los actuales gobernantes con la institucionalidad democrática. El fortalecimiento institucional y democrático de las Américas requiere un decidido combate a la corrupción, que no puede ignorar el papel central que desempeña un sistema imparcial de justicia. Los mensajes de combate a la corrupción que dominaron la agenda política del último año deben, por lo tanto, traducirse en acciones efectivas para fortalecer a los sistemas de justicia.

Director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), con sede en Washington DC y ex-relator especial para la Libertad de Expresión, de la OEA, y Coordinadora del programa sobre Rendición de Cuentas del Poder Judicial de DPLF, respectivamente.