''Sigue implantada como política de Estado la discriminación política. El despedir trabajadores por pensar distinto a cómo piensan las elites políticas en el país'', dijo a la prensa el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, quien señaló que esa organización está procesando varias denuncias sobre esa materia.

''Sigue como política la obligación o exigir en algunos sectores públicos al personal para que asista a los actos oficialistas. Esto se da por coacción o se da simplemente porque el que no va corre el riesgo de ser despedido'', afirmó Alvarado al presentar el informe anual de Provea correspondiente al período octubre 2005-septiembre 2006.

También manifestó inquietud por los casos de torturas y de ''desapariciones forzadas'' que habrían ejecutado policías contra detenidos.

''En los últimos tres años ha habido una tendencia al crecimiento de la desaparición forzada'', aseguró Alvarado.

De acuerdo a cifras de Provea, durante el 2006 se reportaron 15 casos de ''desapariciones forzadas'', lo que representó una leve baja en comparación con el 2005 cuando se registraron 17 denuncias al respecto.

''Se ha venido consolidando como una política en los cuerpos policiales (las desapariciones)'', agregó.

El directivo de Provea llamó la atención por el hecho de que en el último semestre se reportó una ``tendencia del gobierno a perder la paciencia frente a (la) protesta popular''.

''Este año se han reprimido más movilizaciones que en todos los ocho años de gobierno del presidente Chávez'', acotó.

Alvarado mostró a su vez preocupación por la ''tendencia de funcionarios públicos a intimidar a comunicadores sociales o a medios de comunicación'' mediante procesos judiciales.

El presidente Chávez ha desestimado las críticas de las organizaciones humanitarias locales sobre el deterioro de los derechos humanos en el país, con el argumento de que sus señalamientos forman parte de una campaña financiada por Washington para derrocar a su gobierno.

Parte de los grupos humanitarios locales, entre los que se incluyen Provea, trabajan con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que está basado en Washington.

El Cejil recibe aportes del Instituto Nacional Democrático, que es una organización no gubernamental financiada por el gobierno estadounidense que trabaja con diversas asociaciones en todo el mundo.