Que la seguridad en la Argentina sea una de las demandas perentorias de la ciudadanía no es novedad. Tampoco lo es, lamentablemente, el hecho de que sea una de las responsabilidades más deficitarias del Estado.

El concepto de seguridad es bastante amplio, razón por la cual engloba muchas actividades y particularidades. El reclamo que prevalece, en el plano nacional e internacional, no se limita sólo a la lucha contra el delito, el narcotráfico o el terrorismo en sus diversas manifestaciones, sino que atañe, a su vez, a la seguridad jurídica, a la ambiental y al resguardo físico de las personas. Penosamente, en cada ámbito se advierte la ausencia o la gestión ineficiente del Estado en cuestiones que no debe delegar pues hacen a su esencia misma. Aunque los argentinos nos hayamos acostumbrado demasiado a las seguridades privadas.

• Contradicciones

Las deficiencias derivan de un conjunto sobreabundante de leyes, normas y disposiciones, muchas veces contradictorias y casi siempre incumplidas; del cambio repentino y oportunista de aquéllas y de la actuación de funcionarios o agentes ligados al tema, más preocupados en sus propios beneficios que en velar eficientemente por la seguridad de todos. Otro factor negativo lo constituye el exceso de organismos, fuerzas, oficinas y hombres que repiten y superponen acciones, malgastan fondos públicos y, puestos a discutir estas cuestiones, prefieren defender sus intereses particulares o sectoriales sin darle prioridad a la Nación aplicando eficientemente recursos humanos y presupuestarios. Pareciera que la propia «quintita» fuera más importante que la República.

En su concepto más amplio, seguridad es «el estado en el cual una sociedad puede desarrollar todos sus potenciales, sin coerciones ni coacciones, para un mayor bienestar de todos sus habitantes». Así, al menos lo define la ONU y lo aceptan sus países miembro, entre ellos el nuestro.

• Debate

Los trágicos y recientes sucesos ocurridos en la Argentina potencian el reclamo de seguridad y habilitan a suponer que nuestros representantes querrán debatir en el Congreso la cuestión.

Los militares tenemos bien ganada fama de ser esquemáticos en nuestras expresiones. Deformación profesional que relaciona con la imperiosa obligación de transmitir mensajes cortos, claros y de fácil comprensión para los soldados que habrán de recibirlos y obrar en consecuencia. En la gran mayoría de los casos, detrás de esa brevedad de expresión hay profundos y sesudos análisis.

Con esas características deseo referirme a la situación global de la seguridad física en el país. Afirmando, además, para evitar interpretaciones tendenciosas, que no hay detrás de estas reflexiones interés alguno en militarizar la seguridad interior ni en apartarse un ápice de la Ley de Defensa vigente desde 1988.

Tenemos un Estado Federal con Policías provinciales, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fuerzas de seguridad que superan en cantidad y organización a las existentes en países mucho más desarrollados y con democracias consolidadas, que reiteran y superponen funciones, tareas, responsabilidades y medios innecesariamente, creando disputas y celos para satisfacer, a veces, espurias ambiciones de mediocres dirigentes de turno. Pero escasea la coordinación de esfuerzos de organización, capacitación y equipamiento que deberían implementarse con mucha más lógica que la existente hasta ahora. Los resultados eximen de más argumentos.

Es menester dejar, definitivamente, de lado atávicas cuestiones de pasados que nadie desea repetir. Miremos el hoy y, sobre todo, el futuro y organicemos una fuerza de seguridad nacional, dependiente del Ministerio del Interior, que cubra todos los delitos que puedan caratularse de complejos o de interés federal: secuestros, narcotráfico, contrabando, etc. y que proteja todas las fronteras con unidad de comando. Dejemos de una buena vez, sin más especulaciones, que la Ciudad de Buenos Aires detente su propia Policía, para que el jefe de Gobierno tenga el poder real de control y ejerza sus responsabilidades. Dotemos a la Justicia Federal de una única fuerza de investigaciones, que dependa del Ministerio de Justicia, eficiente, bien equipada, que sea su única auxiliar en la instrucción y resolución de los casos. Redistribuyamos personal y medios en consecuencia. Disminuyamos estructuras burocráticas. Agilicemos las cuestiones operativas.

• Propuestas

El Instituto para la Seguridad en Democracia ha elaborado -me consta-propuestas muy serias basadas en la continuidad de largos estudios desarrollados en los últimos años en diversos organismos oficiales.

Seguramente hay otros tan completos como complementarios.

Debatamos en foros académicos y sociales esta realidad y estas posibles soluciones, y exijamos a nuestros representantes que en el marco del estado de derecho contribuyan a darnos eficiente seguridad para desarrollar nuestra sociedad privilegiando la persona humana.

Aunemos criterios sin más pérdida de tiempo. No hay muchas alternativas para evitar nuevas víctimas, para no repetir dolores. No hay muchas opciones para proteger realmente la vida humana y posibilitar el mejor bienestar de nuestras familias.