En particular, el operativo en Michoacán ha dado en muy pocos días excelentes resultados en la captura de criminales y decomiso de armas, propiedades y cargamentos de droga. Ciertamente, falta mucho por hacer y la batalla se antoja muy compleja, pero las medidas emprendidas hasta ahora son sumamente halagüeñas.

Hay que señalar que el combate al crimen organizado sólo será eficaz si se atacan simultáneamente otros frentes que han acompañado y alentado los niveles delictivos y de violencia que aquejan al país, tales como la corrupción de las policías especializadas en el combate al narcotráfico, la inoperancia de la normatividad vigente en materia de procuración de justicia y el ineficiente e igualmente corrupto sistema carcelario del país.

Para cualquier régimen constitucional que aspire a mantener su legitimidad y estabilidad, los centros de reclusión para reos de alta peligrosidad representan siempre uno de los eslabones más sensibles del sistema de justicia. Por ello, los mecanismos de administración y control resultan cruciales no sólo en materia de seguridad pública, sino incluso, de seguridad nacional, habida cuenta del enorme poder corruptor y de desestabilización que detentan las organizaciones criminales, además del continuo riesgo que representan la violencia, la descomposición social y el caos que generan. De ahí la actualidad de la preocupante cuestión de la "gobernabilidad" de las cárceles del país.

La serie de fugas y operativos que se registraron en varios penales durante el sexenio pasado ha vuelto a poner en el centro de la preocupación el precario grado de control que las autoridades tienen en ellos, que se han convertido en cotos del narcopoder y centros de operaciones de sus principales capos, pese a las medidas administrativas, acciones y proclamas diversas del gobierno pasado, que en este rubro simplemente perdió la batalla.

Un elemento común en los casos más sonados de fugas en estas cárceles consiste en que, de acuerdo con las investigaciones -atraídas por la PGR- tanto custodios como directivos de los penales en cuestión estaban coludidos con los prófugos, a quienes dieron apoyos y recursos diversos para lograr su objetivo de evadirse de la justicia. Algo que llama la atención es que no se trata solamente de reos considerados de alta peligrosidad en virtud del tipo de ilícitos por los que se encontraban recluidos; ninguno de ellos era un simple narcotraficante, sino que son personajes clave en las respectivas organizaciones delictivas a las que pertenecen.

Las propias autoridades federales han reconocido que el Cefereso de Almoloya estaba ya bajo el control de Osiel Cárdenas, cabeza del cártel del Golfo, recientemente aliado con Benjamín Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana y preso también en La Palma, y con el secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas.

No extraña que los narcotraficantes gozasen de todas las facilidades, no sólo para introducir droga, teléfonos celulares, armas y muchos otros artículos prohibidos, sino para evadir los operativos de revisión y aseguramiento de tales objetos.

Pero ante las muestras patentes de la incapacidad o falta de voluntad real del gobierno de Vicente Fox para concebir una estrategia de seguridad pública y combate al narcotráfico integral, progresiva, no supeditada a los intereses estadounidenses, y acorde a las necesidades nacionales, las energías y recursos gubernamentales se gastaron en operativos vistosos pero ineficaces; en proclamas nacionalistas para el consumo interno, y en improbables guerras que no permitieron una mejoría sustancial en las condiciones de la gobernabilidad en México.

Ante los pasivos acumulados en este rubro, sólo cabe esperar un empeño genuino de la voluntad política del nuevo gobierno federal y de los gobiernos locales como la que se ha mostrado hasta ahora. De no ser así, es previsible que la ola de narcoviolencia e inseguridad que azota al país, así como la ingobernabilidad en las cárceles se incrementen en este sexenio.

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Director del Centro de Estudios de Política Comparada