La ilusión de que la victoria de Evo Morales, en diciembre de 2005, resolvía la crisis y proyectaba una revolución en democracia, se ha desvanecido rápidamente. El vuelco del electorado a favor del MAS, inclinó la relación de fuerzas hacia la izquierda y los movimientos populares e indígenas de occidente, pero no superó el conflicto de poder en la sociedad, que la ha escindido en bandos polarizados y regiones confrontadas, con visiones de país, ideologías e intereses económicos y sociales contrapuestos y a momentos irreconciliables. Una fractura política, social y territorial que plantea crecientes dudas acerca de la viabilidad de Bolivia como proyecto nacional.

Y si bien la elección para la Asamblea Constituyente, reeditó la victoria del MAS por mayoría absoluta, el triunfo simultáneo del SÍ a las autonomías, en los cuatro departamentos de la ´media luna´, restableció también el equilibrio de poder entre oriente y occidente y, con ello, el empate catastrófico que se da en Bolivia.

Desde entonces, las contradicciones se han exacerbado y el choque de fuerzas ha continuado, tanto que hemos estado nuevamente al borde de un enfrentamiento. La resistencia de las regiones a la ofensiva desplegada por el Gobierno en distintos frentes (decisión por mayoría en la Constituyente, nueva Ley INRA, censura a los prefectos, asedio sobre el Parlamento) para implantar su supremacía política absoluta, ha demostrado que el proyecto revolucionario del MAS, en el contexto de un país dividido y enfrentado a un movimiento regional poderoso, es inviable. Al gobierno del MAS, no le alcanzan las fuerzas para imponerse.

El Gobierno central no controla el territorio nacional; su poder es parcial, y muy limitado en los cuatro departamentos del oriente. Estas regiones responden a sus propias estructuras de poder, cada vez más autónomas y contestatarias del Estado central. El aparato estatal está fraccionado y la influencia de las regiones toca a las mismas fuerzas militares y policiales. En la práctica, Bolivia es un territorio desmembrado políticamente. Una línea geográfica separa a los nacionales de allá con los nacionales de acá. Y si no se hace algo dramático, y pronto, para cambiar este escenario, la continuidad de Bolivia se parecerá cada vez más a una ficción jurídica.

Las dos Bolivias son una realidad, y no debemos cerrar los ojos. El país deambula entre modernidad y atraso, capitalismo e indigenismo, caos y desintegración. Este es el resultado de un proceso histórico de muchos fracasos y de tareas inconclusas en la construcción nacional. Querer resolver la fractura interna por medio de soluciones de fuerza, como se ha intentado, sólo puede extremar los riesgos de confrontación violenta e, incluso, de una guerra civil.

Cuando las fuerzas que chocan tienen capacidad de frenarse entre sí, pero no de que una pueda derrotar a la otra, la única salida posible, antes del desastre, es buscar una solución política de compromiso, tal cual lo han hecho otros países envueltos en guerras o conflictos internos de alta intensidad.

Un acuerdo sobre los dos tercios, aunque importante, puede ser efímero, porque no encara la cuestión de fondo que es cómo alcanzar un entendimiento en torno de un proyecto común de nación, y que ello quede plasmado en la Constitución. La cuestión decisiva es el régimen de autonomías para los departamentos, algo innegociable para el oriente y de la cual depende su relación de pertenencia a la República. La definición del régimen autonómico implica resolver las condiciones de participación de las regiones en el Estado nacional, tal cual ocurrió en 1825 al fundarse Bolivia.

Si lo que está en juego son las bases sobre las que se estructura el Estado boliviano, entonces se necesita un pacto para la reconstituir de la República sobre condiciones y reglas que sean aceptables para los nueve departamentos, única forma de garantizar el futuro de la nación.

Este pacto nacional no es posible ya sólo en la Asamblea Constituyente, que no tiene poder real. Quienes deben forjar el pacto son los factores reales de poder: el gobierno, las regiones representadas por los prefectos y los comités cívicos, los partidos políticos. Un pacto que pueda reencauzar la Constituyente, para que allí se formalicen los acuerdos que den vida a la reforma constitucional, antes de someterla a la votación ciudadana.