El falso dilema entre libertad y seguridad se revive cada vez que se anuncian medidas contra el delito o se propone un nuevo modelo. En el lento pero anhelado camino hacia la verdadera democracia, ganar espacios para el pleno ejercicio de las libertades se tropieza con la "emergencia" generada por problemas delictivos reales o construidos que aquejan a la gente y la atemorizan, al punto de que reclame mano dura o ceda derechos para ganar "seguridad".
Lo que no está claro debido a la construcción o sensibilización del miedo, es que el incremento de la represión no supone la disminución de la delincuencia y más seguridad. Cuando la represión es espasmódica y no se articula a la protección de los derechos, sino que obnubilada por la "emergencia" arremete con acciones efectistas, sólo se obtiene una disminución artificial de los indicadores.
El incremento del poder penal y por tal de la violencia de los entes gubernamentales que lo aplican -como la policía- puede aumentar la violencia cruzada que sufre la comunidad; es decir, la violencia no sólo proviene de la delincuencia sino también del poder punitivo: violencia institucional.
En el plano internacional, la violencia institucional se manifiesta con la expansión del control penal definida por la represión irracional, el relajamiento de garantías y el abordaje bélico de lo delictivo, propios del control antidrogas, la delincuencia organizada y el terrorismo. En el espacio local, la misma se bifurca entre leyes inconstitucionales y el abandono de las garantías en la gestión de los conflictos, usualmente trasladable al ejercicio policial. Ambas dimensiones obran contra la soberanía porque socavan los Estados como espacios donde se guarecen los derechos y las personas.
En Occidente, la tendencia es la expansión globalizada del control penal, que incluye la militarización de los conflictos internos y alcanza al tratamiento de la delincuencia común.
Así sucede con el modelo de intervención de cuño hegemónico donde se insta a las naciones a mayor represión y menos garantías en áreas críticas (drogas, terrorismo y delincuencia organizada), que no son siempre las prioridades de muchos países, menos de aquellos que se ahogan en la violencia delictiva común (homicidios, robos, secuestros) estructuralmente asociada a la mala distribución de la riqueza, según explica ONU al comparar la tasa de homicidios de cada país con sus ingresos (ILANUD, 2005).
Un caso de expansión punitiva muestra cómo en EEUU hay más de 800 detenidos por 100 mil habitantes, mientras la media mundial no supera los 100, siendo más alta su tasa de sujeción penal, superior a 1.300 (Christie; 2001). Este indicador contrasta con su tasa de homicidios que según ONU, está por encima de la media mundial (ILANUD, 2005).
Por tal, la seguridad debe abandonar los dispositivos bélicos del pasado y atender como prioridad la reducción de la violencia delictiva e institucional, en combinación con una política de exaltación de la paz y el respeto, mejorando las instancias del control penal como la policía, que es la más capilarizada en la vida social, a la vez que propugne que la eficiencia de la seguridad es directamente proporcional a su carácter garantista y libertario.
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