Así lo anunció el director de Política Lechera, Juan José Linari, quien comunicó que, a partir de marzo, el sector lácteo argentino recibirá subsidios de hasta el 10 por ciento con el objetivo de “contener la inflación y mejorar las ganancias de productores”.

Si observamos el comportamiento de las exportaciones lácteas argentinas en los últimos años podremos observar un fuerte crecimiento en el período 1991-2005, pasando de  32.607 toneladas en 1991 a 277.103 en 2005 (crecimiento de 8.6 veces!).

Si lo analizamos en términos de dólares también comprobaremos un incremento similar de 8.33 veces (de 65.4 millones de dólares en 1991 a 542.1 en 2005). Como se puede comprobar en estos datos, el sector ha crecido fuertemente en los últimos quince años y no parece necesitar subsidios, pero sí menor peso del Estado.

Retención mata rentabilidad Lo paradójico de la situación es que mientras este tipo de subsidios son comunes en el caso de producciones no competitivas a nivel internacional, en el caso argentino la combinación de factores sería diferente: alta competitividad calidad/precio en la producción láctea con subsidios a la venta en el mercado local. Lo extraño de la medida es, justamente, el subsidio a productores de sectores altamente competitivos y exportadores.

¿Quién se ha comido la rentabilidad? En el caso argentino, la falta rentabilidad del sector encuentra su causa en el hecho que el gobierno nacional se apropia de la rentabilidad exportadora de un sector internacionalmente competitivo a partir del impuesto a la exportación, más conocido como retención, del 15%.

Esto desfavorece a los productores a quienes –según la nueva política- compensarán hasta en un 10% a partir de un fondo ad hoc para quienes vendan en el mercado local. Si se pretende una “mejora de precios para el productor tambero”, según afirma el director de Política Lechera, no resultaría más simple la reducción o eliminación de las altas retenciones que castigan a la exportación de lácteos?

Claramente la anunciada medida pretende tapar el sol con una mano, especialmente la brecha entre los ingresos que posibilitan la adquisición de bienes de los ciudadanos del mundo y los argentinos post-devaluación.

A modo de ejemplo digamos que un argentino que ganaba 500 pesos podía comprar pre-devaluación 1.000 litros de leche, mientras que la misma persona con el mismo ingreso actualmente puede comprar apenas 333. Esta situación es extensible, en mayor o menor medida, a los restantes productos y servicios en el país.

Esta política lechera, además de distorsiva y contradictoria con otras políticas, resta autoridad práctica al reclamo que Argentina realiza en foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que la Unión Europea y otros países desarrollados desmantelen sus proteccionistas regímenes que tan perjudican a los exportadores agropecuarios como Argentina.

Asimismo, sorprende, aunque no tanto, el creciente aislamiento económico de la argentina, incluso de los productos en los que es tradicionalmente más eficiente que los demás países.

Finalmente, la intervención creciente en el sector lácteo es apreciable como de “cachetada a la exportación y caricia a la importación” para los  productores, una relación paternal violenta que desconoce la madurez ciudadana que las economías desarrolladas requieren.