La presencia de la corrupción y la impunidad que transita por el imaginario colectivo es de tal magnitud e intensidad que ha llegado a conformarse como una característica de personalidad 1 con la que los argentinos somos identificados por el resto del mundo y, lo peor, es que nosotros mismos la asumimos como tal en nuestras conductas cotidianas.

Sin dudas que la corrupción no se da solamente en el ámbito del quehacer político o gubernamental, pero es interesante descubrir si no es a partir de estos en que –al igual que lo que sucede con el cáncer- hace metástasis hacia toda la estructura de la sociedad y la cultura, enfermando a todos los sectores sociales que conforman a aquella entelequia que es “la Argentina”.

Pero la Argentina no solamente es acosada desde adentro por la corrupción y la impunidad reinantes, sino que también desde el exterior recibe duros golpes respecto a los problemas en cuestión. En los últimos años, el país se ha visto agraviado de manera ofensiva por funcionarios de máximo nivel – por ejemplo, como lo hiciera a mediados del 2002 el Presidente de la República Oriental Uruguay 2- como asimismo por funcionarios de segunda línea de los Estados Unidos de Norteamérica y de empleados de alto nivel jerárquico del Fondo Monetario Internacional, quienes no se cansan de repetir que el nuestro es un lugar donde anida -bajo múltiples formas- la corrupción amparada por la impunidad jurídica.

De igual modo, aunque de manera más sutil, una organización no gubernamental que aparece como “químicamente pura”, cual es Transparencia Internacional, no pierde oportunidad en demostrar que la corrupción en Argentina está enquistada dentro de los espacios públicos, a la par efectúa un muy mal pronóstico para su disminución o erradicación. Es por ello –y sin ánimo chauvinista alguno que, por cierto, no caracteriza al “tono” social desde el Proyecto de Investigación en que venimos trabajando la temática, como así tampoco a la corta vida profesional de una de las autoras de esta presentación- es que vamos a poner a prueba una hipótesis referida a los manejos poco claros de los ranking que tal institución elabora en función de lo que ella determina como “índices de corrupción” y que se aplican para casi un centenar de países.

Acerca de Transparencia Internacional
Dentro de las prepuestas elaboradas y sostenidas por Transparency International (TI) y Transparencia Internacional América Latina y Caribe (TILAC) es posible encontrar referencias específicas acerca de los objetivos, estructura, organización, financiamiento, etc, que caracterizan e impulsan a ambas organizaciones.

Según aquellas referencias se puede anotar de modo destacado que para su constitución y objetivos a poner en marcha que afirman: “TI es una organización internacional, no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional, fundada en 1993”.

Dicho en otras palabras y desde otra perspectiva de lectura, se trata de una de las tantas iniciativas creadas a nivel internacional para luchar contra el flagelo de la corrupción que ha crecido de manera notable en los últimos tiempos, dado que el fenómeno se ha hecho más que evidente y transita por doquier, afectando las relaciones entre los gobernantes y sus pueblos de manera manifiesta. Más, a pesar de ser TI una organización no gubernamental y sin fines de lucro, ella se encuentra financiada en gran parte por la élite de las empresas multinacionales –tanto industriales como financieras- de los Estados Unidos de Norteamérica y por el G7; por fundaciones empresariales como asimismo por una agencia gubernamental (Cassen, 2001). Todo esto es lo que nos lleva –con alguna suspicacia- a dudar sobre su principal y laudable objetivo planteado, a la vez que interrogarnos acerca de si ¿es que realmente le interesa la lucha contra la corrupción, o solamente se trata -en realidad- de responder a determinados intereses comprometidos de las industrias y los financistas transnacionales?.

La metodología de trabajo que utiliza normalmente TI es llevar adelante su quehacer con lo que denomina “capítulos nacionales”, los que están formados por variadas instituciones importantes de cada país, tanto del sector público como del privado. Algunos ejemplos de ello son –para el ámbito latinoamericano- Poder Ciudadano en Argentina, Transparencia Brasil, Acción Ciudadana en Guatemala, etc. Dichas instituciones han abordado de lleno el tema/problema de la corrupción, para lo cual firmaron acuerdos internacionales y han procurado modificar aspectos legislativos, reglas y normas que favorecen la instalación y pervivencia de la corrupción y la impunidad; a la par que han introducido nuevas opciones políticas –teóricas pero con factibilidad de poner en práctica- con el fin de impedir las prácticas corruptas que tanto daño han hecho –y continúan haciéndole- al desarrollo y crecimiento de región.

Los Capítulos Nacionales citados en el párrafo anterior a modo de ejemplo y, juntamente con muchos otros en diversos países, conforman la estructura visible de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe (TILAC).

La representación general de TILAC en Argentina, está a cargo del Dr. Luis Moreno Ocampo, quien preside la ONG Poder Ciudadano. Ella es una organización que comparte buena cantidad de objetivos con TI y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo del control de la gestión pública por parte de la sociedad civil. Pero actualmente se replantea el rol de Moreno Ocampo como presidente de la institución debido a su actuación como abogado del sacerdote Julio César Grassi, quien preside la Fundación Felices los Niños y que en estos momentos se encuentra procesado en un Tribunal Penal de la Provincia de Bs. Aires por abuso de menores -no justamente por hacer felices a los niños- que tiene a su cargo en aquella entidad de bien público que atiende a niños desamparados por un sistema político y social injusto el cual, las más de las veces, es producto o consecuencia de los altos niveles de corrupción que imperan en el país. Este tema ha destapado muchas hoyas sucias y demuestra que tanto el sacerdote Julio César Grassi como el abogado Luis Moreno Ocampo están vinculados con el poder económico.

Más, antes de avanzar en la temática que nos convoca, es preciso que nos detengamos en hacer algunas reflexiones acerca de Moreno Ocampo, el cual ha despertado múltiples polémicas en los últimos tiempos, sobre todo a nivel de medios de comunicación. Asimismo, desde octubre último -en que fue electo- es miembro del directorio de TI.

La presencia de este personaje es un punto que ha generado dudas y sospechas públicas acerca del auténtico papel que representa esta organización (TI - TILAC), ya que Moreno Ocampo es un jurista, que si bien construyó su prestigio en base a la encendida defensa de los Derechos Humanos que realizó como Fiscal de Cámara en los años ´80, jugando un papel fundamental y destacado en el juicio que el gobierno democrático instaló contra los principales implicados de las juntas militares que gobernaron a la Argentina durante la nefanda dictadura del Proceso Militar (1976-1983) y –posteriormente- a su esclarecedor discurso de la década de los noventa en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero –conjunción adversativa que sepulta las mejores intenciones- que no ha parado mientes en transitar, a lo largo de los últimos años de su quehacer profesional, por caminos bastante oscuros –en cuanto a defender como abogado a personajes certeramente sospechados de corrupción 3- episodios que se encuentran muy alejados de la lucha contra la corrupción y la defensa irrestricta que hiciera oportunamente de los Derechos Humanos.

No se nos escapa que la tradición jurídica indica que todo inculpado tiene derecho a una defensa lo más seria y acabada posible. Sin embargo –en otro orden, como es el de la medicina forense-, no podemos dejar de recordar el consejo que le diera José María Ramos Mejía al por entonces joven criminólogo José Ingenieros, cuando le recomendó “... no llenarse las manos de porquerías” (Rodríguez Kauth, 2002); en todo caso que el trabajo sucio lo hicieran otros, pero no él que a la vez era un destacado militante político que había fundado el Partido Socialista Argentino junto con la figura señera de Juan B. Justo. Y, para el caso que nos ocupa de Moreno Ocampo aplicamos el mismo criterio, dado que otra conducta pone en tela de juicio los valores que dice sustentar. Esto no es una veleidad nuestra, desde las entrañas de Poder Ciudadano ya hay quienes cuestionan su quehacer zigzagueante que podría entrar en contradicción de intereses al defender privadamente a acusados de corrupción; conducta que -por otra parte- no es novedosa. Vale la pena señalar que luego de su valiente alegato contra el quehacer represivo de las Juntas Militares del período del Proceso Militar no dudó en justificar la Ley de “Obediencia Debida” sancionada por Alfonsín y que -un par de años después- hiciera lo propio sobre la constitucionalidad del indulto -o insulto- dictado por Menem para dejar en libertad a los mismos genocidas que él había ayudado a condenar.

Moreno Ocampo sostiene una suerte de ecuación matemática puesta en palabras, al afirmar enfáticamente que la “Poder hegemónico es igual a monopolio más discrecionalidad, menos transparencia. Por ende, poder hegemónico es igual a corrupción” (Moreno Ocampo, 1993). Y aquí cabe interrogarse si no son casi monopólicas las actividades de la empresa Telefónica de Argentina 4, si no esa una discrecionalidad indiscreta defender en los estrados judiciales a personajes como Cavallo o Grassi y sí, en última instancia, esto no representa una menor transparencia de su quehacer en su proclamada lucha contra la corrupción. Combate que, por otra parte, paradójicamente le permitió hacer contratos por varios millones de dólares simultáneamente con organismos estatales y empresas privatizadas que participaron de la corruptela generalizada en épocas del menemismo. Asimismo, es preciso hacer notar que de las denuncias hechas en estas actividades, ¡ninguna terminó de manera favorable para el Estado Argentino y mucho menos hubo un corrupto preso!. Obvio es que todas estas actividades las desarrolló a través de una pantalla que no ocultó las mismas, cual es el Estudio Moreno Ocampo y Asociados.

Por otra parte, cabe añadir que la ecuación algebraica reproducida en el párrafo anterior no es un “descubrimiento” intelectual de Moreno Ocampo, sino que la misma ya había sido expuesta con anterioridad por Klitgaard (1988), con lo cual entramos a tocar en terrenos cercanos a los del plagio, que también es una forma de corrupción.

Más, abandonando la situación personal de quien representa a TI en Argentina -y que algo nos puede decir acerca de la supuesta “transparencia”, es preciso que retornemos al punto inicial sin por ello dejar de que volvamos a caer en la duda 5 de que en realidad, la lucha contra la corrupción, planteada desde estas organizaciones como TI, más que el elogiable objetivo explícito de pretender disminuir la intensidad de este flagelo que ataca al mundo entero -y en particular a nuestra región latinoamericana- lo que hace es funcionar como una pantalla que encubre intereses espurios al por mayor. Esto como consecuencia de que quien mejor conocemos en sus antecedentes -por actuar públicamente en Argentina- presenta baches imposibles de ser digeridos sin tener una sensación de vómito.

Pero, dejando casos puntuales de lado, retomemos lo enunciado en las páginas de TI respecto a sus propósitos y, entonces, podremos afirmar que la misma utiliza para esta elogiable -y no por eso menos dudosa- lucha contra la corrupción métodos como los índices de percepción de la corrupción (IPC), el que será analizado en los siguientes párrafos.

Análisis sobre el IPC elaborado por Transparencia Internacional (TI)
El objetivo propuesto será detenernos -para su análisis y crítica posterior- sobre la elaboración y descripciones que se realizan de los IPC (índice de percepción de corrupción), a partir de las páginas web que hemos investigado 6 acerca de TI a través de sus publicaciones en Internet y cotejarlas con los escritos de algunos de los múltiples autores que han escrito sobre la problemática que inquieta en particular al desarrollo social, económico y político del subcontinente Latinoamericano, para -de tal manera- poder analizar estos índices, su utilidad o inutilidad, su confiabilidad, la validez y el valor positivo o negativo de los mismos en cuanto al propósito impuesto por sus mentores de provocar la disminución -y, porqué no- la erradicación de la corrupción como flagelo que afecta al desarrollo y crecimiento de los pueblos.

Según la descripción hecha por TI, el IPC “... es un índice que mide el grado en que es percibida la corrupción en el sector público por parte de empresarios y analistas de riesgo locales y extranjeros”. De tal suerte, se reúnen en un índice compuesto los resultados de 15 encuestas distintas realizadas y aplicadas por instituciones independientes con una muestra -no aleatoria- de empresarios locales y extranjeros en relación a cada país que interviene en el ranking por ellos propuestos.

De ese modo, nos parece interesante aclarar -en primer lugar- que al tratarse de un índice que pretende medir la percepción que tienen algunas personas -extraídas de una manera artificiosa y no acorde con lo que señalan las más elementales normas de metodología de la investigación, del mundo que se ve afectado por los fenómenos señalados- acerca de la corrupción, el mismo no es más que un dato subjetivo 7 sobre la corrupción objetiva, ya que “...éstos estudios permiten conocer el impacto subjetivo e intersubjetivo que tiene un fenómeno objetivo como la corrupción, que prospera en el desequilibrio del sistema sociocultural...” (Marín, 1999). Por todo lo cual es dable sospechar -y sin malicia alguna- acerca de la supuesta objetividad del índice, ya que el mismo cuenta con una base objetiva de datos, más allá de lo que cada unidad muestral haya entendido por el mismo y su experiencia personal con el fenómeno que nos ocupa.

En segundo lugar intentaremos analizar cuál es el proceso de selección de aquellas unidades muestrales y -en última instancia- quiénes son las personas que brindan su visión y percepción para la elaboración del IPC, procesos estos que resultan claves a la hora de juzgar la confiabilidad y validez metodológica que se ha aplicado al análisis de la situación. Si bien no es posible conocer concretamente quienes son aquellas unidades con sus nombres y apellidos, debido a que tal información es imposible obtener de la fuente originaria 8, aunque sí es posible basarse para ello en el análisis de la descripción que elabora TI sobre algunas de las características de las unidades muestrales que conforman a los encuestados.

Cuando más arriba hemos transcripto que se trata de “... la percepción que tienen algunas personas”, no quisiéramos que se malinterprete la intención de lo dicho, ya que “algunas” puede significar cualquier persona tomada al azar dentro de un universo poblacional amplio -como podría ser el censal- aunque esta no sea precisamente la metodología para el caso que nos ocupa y preocupa. Por el contrario, en este punto se advierte que las unidades muestrales son los mismos empresarios -que generalmente mantienen relaciones más que fluidas con los poderes públicos a los que acusan de corruptos- quienes responden a las encuestas aplicadas. Se trata de personas que difícilmente puedan escapar a un análisis meticuloso de los tejes y manejes en que se encuentra instalada la corrupción. Así, nos arriesgamos a tener la suspicacia de que aquellos que participan en la construcción de los índices de corrupción son, en muchos más casos de lo que habitualmente se cree, ellos mismos personajes corruptos. Esto es debido a que la corrupción debe leerse como un fenómeno dialéctico que necesita de un corruptor y de un corrompido para poder expresarse (Rodríguez Kauth, 1999).

De esta manera -si solamente son sometidos a la entrevista personas que actúan en el mundo de los negocios -y que por consiguiente se mueven en el tentador espacio de la corrupción- fácilmente se llega a advertir de que con la sola utilización del IPC evidentemente no es posible que se obtenga un dato que sea objetivo y transparente, ni tampoco que se contribuya a combatir verdaderamente a la corrupción.

Según TI el índice por ellos elaborado refleja la visión de las personas que toman decisiones en materias como la inversión, las finanzas y el comercio, las que resultan claves al momento de tener en cuenta el desarrollo sustentable para el mantenimiento de la salud de las economías de que se trate. Los encuestados -nada más y nada menos que empresarios y funcionarios analistas de riesgo locales y extranjeros -los que trabajan para consultaras transnacionales en dicha materia- son los que responden a las encuestas con las que luego se ha de construir el IPC, elemento este que servirá para denunciar los niveles de corrupción que existen en los distintos países implicados en la cuestión.

Si bien resulta interesante -y por demás elogiable- que se elabore un índice de tal naturaleza con el objetivo de presionar a los gobiernos a que enfrenten el problema de la corrupción que los aqueja -y de la cual son cómplices, ya sea por acción u omisión- estimamos que no es justo -ni metodológicamente correcto- que el mismo esté elaborado sobre la base a las respuestas aportadas por empresarios y analistas de riesgo que siempre han de estar en procura de proteger sus intereses económicos y financieros (Smith, 1759) -de ellos o de sus clientes- y no en los de toda una población que en más de una oportunidad ha de verse perjudicada por la publicación del índice que aquí nos atrevemos a cuestionar. Estro es debido a que el país que haya caído en la “desgracia” de tener un alto índice no va ha verse favorecido con inversiones de capital genuino que le permita salir del estado de postración en que normalmente se encuentran los países latinoamericanos. Postración que no es más que el resultado de sostener a gobernantes corruptos que operan con la complicidad y aquiescencia de los particulares que luego los denuncian como tales, cuando ellos fueron parte de la maniobra perversa.

Y, para el caso, veamos que es lo que sucede en un país como Argentina, que se ve realmente afectado por la difusión de tales índices cuando se encuentra ubicado en los primeros lugares dentro del “Ranking” del IPC elaborado por TI. De tal manera, es muy probable que los inversores internacionales de capitales de riesgo que deseen hacerlo en algún país en lo que eufemísticamente se conoce como “países en vías de desarrollo” 9 no elijan aquel que cuente con un elevado índice de corrupción y que, por ende, no inspire la más mínima confianza de los inversores de capitales. Con lo cual se produce un efecto retroalimentado, ya que al ser escasamente confiable -como consecuencia de los datos arrojados por el IPC- para quienes aún confían en el índice mencionado, no recibirá aportes de capital que no sean los del tipo “golondrinas” -por lo cual se convierte en un coto de caza para capitales transnacionales que pretenden altas tasas de ganancias en breve tiempo merced a la especulación financiera (Rodríguez Kauth, 1998)- y que huirán rápidamente despavoridos del mismo con sus capitales volátiles a otros puntos más “seguros” del planeta, en cuanto hayan detectado el menor síntoma de inestabilidad política, económica o social que haga peligrar la seguridad de sus inversiones bursátiles.

Y, con respecto a esto vale la pena hacernos dos interrogantes: ¿No serán estos protagonistas empresarios que toman decisiones en materia de inversión y comercio? y ¿Si no se justifican a sí mismos con éste índice para no invertir en aquellos países al que ellos han caracterizado como corruptos, pero que en realidad no les interesan para realizar inversiones que impliquen capital de riesgo?.

Es evidente -y esto no se le ha de escapar al más torpe de los analistas- que si los grandes empresarios transnacionales son los encargados de categorizar a un Estado como corrupto, es porque ellos mismos participan del proceso de la corrupción como contraparte dialéctica de quienes pretenden corromperlos. Para ejemplificar sobran hechos al respecto, siendo el más paradigmático el sonado caso IBM-Banco de la Nación Argentina, tanto por el monto exorbitante de las coimas pagadas por la empresa transnacional de computación a diferentes niveles de funcionarios argentinos, como por el hecho de que la casa matriz -IBM- instalada en los EE.UU. no permite que sus administradores que participaron del episodio sean puestos a disposición de la Justicia argentina, para de tal forma esclarecer el tan oscuro episodio.

Por otra parte, al intentar responder las preguntas planteadas un par de párrafos más arriba, se nos ocurre que si bien existe una organización que se encarga de denunciar la “transparencia internacional” -o la no transparencia nacional- exclusivamente en lo que respecta a la corrupción, no queda bien en claro como para tener una auténtica transparencia de esos índices que la organización elabora para lograr su objetivo de disminuir semejante problema, aún no haya alcanzado a lo largo de casi una década mínimas reducciones -al menos- en las altas tasas con que se refleja el fenómeno.

Estimamos -desde nuestra modesta posición de analistas independientes- que resultaría más productivo a los fines propuestos que en lugar de denunciar las altas tasas de corrupción en todo un país, se pudiese identificar y denunciar precisamente a los principales protagonistas que con su poderosa actuación construyen día a día un presente y una historia de corrupciones que marca fuerte y negativamente a determinados países y que, por la misma denuncia, que se hace pública se ven imposibilitados de emerger de las profundas crisis económicas, políticas y sociales que los embargan desde hace añares.

En relación a los objetivos de TI se puede referir que el más importante de ellos -tal como lo señala la Organización- es lograr la disminución de la corrupción, según su testimonio explícito: “TI lucha en contra de la corrupción a nivel nacional e internacional a través de la construcción y el fortalecimiento de sistemas de integridad”. Y, para alcanzar tan elogiable propósito utiliza la construcción de los IPC, los que se han venido publicando de manera ininterrumpida por primera vez en 1995 y que en el año 2002 se volvieron a lanzar a la luz pública tales índices que cada vez se vuelven más alarmantes para los países subdesarrollados 10 y, curiosamente, con los mismos se demuestra que los niveles de percepción acerca de la corrupción han venido aumentando de manera sostenida en el transcurso de estos 7 años, en lugar de disminuir como era la intención original.

En síntesis, se puede afirmar sin temor a equívocos que los datos arrojados demuestran palmariamente que los objetivos que se planteara TI con la utilización de los IPC -disminuir la corrupción- no se han cumplido en este período. Pero, lo más llamativo y que pone en evidencia la poca eficacia de los IPC en su propuesta de ser un instrumento noble de lucha contra la corrupción, es que estos índices han estado en una espiral de constante aumento y que lo han hecho de manera significativa para los países más afectados por el flagelo.

Para el análisis que nos proponemos, es posible realizar el mismo desde dos alternativas, o de errores, cometidos en la elaboración de los IPC, o de fallas metodológicas que afectan sensiblemente la construcción y posterior utilización de aquellos y que terminarán afectando su credibilidad cuando se realiza la difusión pública.

Ya se mencionó anteriormente que el hecho de que exista un instrumento como el IPC puede tener un valor altamente positivo -en cuanto a la posibilidad de rectificar la magnitud del fenómeno- mientras funcione como factor de presión sobre los gobiernos para que tomen medidas correctivas en la temática; pero, si el instrumento ha sido construido de una manera poco confiable, en el sentido de que no queda claro la identificación de quines son las unidades muestrales que ofrecen el testimonio de su percepción, entonces todo el esfuerzo ha sido en vano 11. Sólo conocemos que son empresarios y analistas de riesgo los que emiten su opinión, con lo cual podemos afirmar que los mismos no constituyen una muestra de sujetos verdaderamente representativa -ni por su magnitud ni por la calidad de los mismos- de toda la población en sobre la cual luego se generaliza la cuestión. Así es que la situación cambia radicalmente y lo positivo de dicho índice se ve obstaculizado por este aspecto de alta negatividad, que le otorgan características que nada tienen que ver con la confiabilidad y la transparencia en el empeño realizado.

Esto se torna aún más negativo -y sospechoso- cuando es posible observar que en los distintos medios de comunicación masiva no es puesta en duda la validez y credibilidad que se le otorga al IPC a la hora de caracterizar a un país en lo referente a este problema tan complejo y perverso, como lo es el de la corrupción. En más de una oportunidad nos hemos encontrado frente a distintos medios -tanto gráficos como audiovisuales- que afirman alegre y categóricamente que: “en la Argentina el nivel de corrupción aumentó en los últimos años, ocupando actualmente uno de los primeros puestos en el ranking mundial de los IPC”. Pero, cuando se lanza esta información se la toma como la “verdad”, más nada se aclara en cuanto a cómo han sido construidos los elementos que llevan a dicha “verdad”, quiénes dicen lo que dicen, a que intereses responden, si pertenecen o no al sector político y, fundamentalmente, que nivel de representatividad tienen estos sujetos en la Argentina. Si se hicieran tales descripciones con detalles, entonces facilitarían y fomentarían la aparición de una luz de claridad en el tema/problema de la corrupción, claridad que consideramos de notable relevancia a la hora de luchar verdaderamente contra la misma.

Frente a la difusión de estos datos las reacciones de la población receptora abarca un arco muy amplio de ellas, las que van desde la indignación -muchas de las veces hipócrita- hasta las de la más supina indiferencia, como si nadie tuviera algo que ver con el fenómeno y, lo que es peor, como si nada tuviéramos que hacer por este pretendido aumento desmedido de la corrupción que nos refleja el IPC.

Cabe resaltar que estos tipos de informaciones no solamente pasan por alto algunas de las fallas -ya señaladas- en la metodología seguida para la construcción de los IPC, sino que en muchas oportunidades una problemática como la corrupción con un altísimo nivel de complejidad -demostrado, por ejemplo, en la cantidad de estudiosos pertenecientes a diferentes disciplinas que desde tiempos muy lejanos hasta la actualidad han investigado el flagelo de la corrupción (Grondona, 1993)- sin llegar más que a definir el problema y a describir diferentes formas testimoniales en que se manifiesta, aunque solamente en contadas oportunidades a proponer, muchas veces de modo elogiable, estrategias de enfrentamiento a tal perversión pero sin mayores logros en lo que respecta a las posibles soluciones terapéuticas. Esto se ve simplificado, por ejemplo en el caso que nos ocupa a ciertos números -por cierto impresionantes ellos- como los que arrojan, en el caso del último lanzamiento de los IPC (2002), 15 encuestas elaboradas por 9 instituciones.

De cualquier forma y más allá de las falencias presentadas anteriormente sobre los índices de IPC, muy pocas personas podrían ser tan ingenuas de negar que en Argentina el nivel de corrupción viene aumentado considerablemente. Pero, frente a ello es un deber preguntarnos ¿porqué, dónde, “quiénes”? son los artífices de tan enojosa situación.. Sí “quienes” permanecen en el oprobioso anonimato de la complicidad no salen a la luz pública porque una de las premisas fundantes de Transparencia Internacional es que “... en vez de orientarse a nombrar nombres, y a denunciar a individuos, gobiernos ó empresas corruptas, TI lucha en contra de la corrupción al nivel nacional e internacional a través de la construcción y el fortalecimiento de sistemas de integridad”. Tal orientación de principios no sólo peca de ingenuidad infantil, sino que también roza los límites de la complicidad, ya que es deber de todo ciudadano o institución que se precie de honesta hacer la denuncia pública en los estrados judiciales para que los imputados tengan la posibilidad de hacer sus descargos y eventualmente recibir las condignas sanciones que les corresponden. ¡Eso es transparencia!. Lo otro es ocultamiento de la posible comisión de delitos.

Consideramos que resulta positivo construir y fortalecer sistemas de integridad, pero a la vez nos preguntamos ¿de qué estarían formados dichos sistemas?; ¿acaso no somos los individuos con nombre y apellido los que damos vida a las instituciones, sistemas, organizaciones, en fin a los Estados nacionales?. Los Estados sin los individuos y organizaciones –simples o complejas- que lo componen, no son más que entelequias.

Lo que hemos intentado demostrar con el ejemplo que propusiéramos de la relación entre el Sacerdote Grassi y el abogado Moreno Ocampo es que las organizaciones tienen mucho que ver con los individuos que las representan y actúan a su interior y, si éstos tienen vinculaciones con actos corruptos es hipócrita creer que las organizaciones por ellos manejadas sean transparentes y confiables.

Para finalizar podemos resumir que TI con su regla de “no denunciar nombres” dirige sus campañas, utilizando el lanzamiento de los IPC, exclusivamente hacia los Estados dejando impunes a empresarios y políticos corruptos.

Así, en nuestro caso, nos llega la información -dudosamente elaborada- de que la Argentina es cada vez más corrupta, entonces nos sentimos dolidos porque somos argentinos pero, por sobre también surge un fuerte sentimiento de indignación porque en el país la gran mayoría de las personas estudian y trabajan honestamente en el territorio del que somos parte.

Referencias bibliográficas

CASSEN, B: (2001) “Los designios ocultos de la lucha contra la corrupción”. Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, N° 23.

GRONDONA, M.: (1993) La corrupción. Ed. Planeta, Bs. Aires.

MARIN, L.: (1999) ) “La corrupción como fenómeno Psicosociopolítico”. Probidad, El Salvador, N° 10.

KLITGAARD, R. (1988) Controlando la corrupción. Ed. Quipus, La Paz, 1990.

MORENO OCAMPO, L.: (1993) En defensa propia. Como salir de la corrupción. Ed. Sudamericana, Bs. Aires.

OBLITAS, L. y RODRÍGUEZ KAUTH, A. (1999) Psicología Política. Ed. Plaza y Valdés. México.

RODRÍGUEZ KAUTH, A.: (1998) Aguafuertes de fin de siglo. Ed. Almagesto, Bs. Aires.

RODRÍGUEZ KAUTH, A.: (1999) “La corrupción y la impunidad leídas desde la psicología política”. En Oblitas y Rodríguez Kauth.

SMITH, A.: (1759) La teoría de los sentimientos morales. Alianza Editorial, Madrid, 1997.

Acerca de los autores

Daniela Di Dío es miembro del Proyecto de Investigación “Psicología Política” en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

Angel Rodriguez Kauth es profesor de Psicología Social y Director del Proyecto de Investigación “Psicología Política” en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

1.Dicho esto en términos populares y sin connotación alguna con los constructos de “personalidad básica” que fueran de uso común por parte de algunos cientistas sociales.

2.Quien afirmó textualmente y ante las cámaras de televisión de Montevideo que “... los argentinos son una manga de ladrones desde el primero hasta el último”.

3.Como, por ejemplo, haber sido abogado defensor de una empresa multinacional como Telefónica, a la vez que su estudio jurídico se izo cargo de la defensa de los banqueros P. Trusso y R. Moneta, quienes de manera fehaciente produjeron el “vaciamiento” de sus entidades financieras. Posteriormente hizo lo propio con el ex Ministro de Economía de Menem y De la Rúa -el tristemente célebre Domingo F. Cavallo- quien contribuyó con sus maniobras a arrojar a la Argentina en la peor crisis política, económica y social de su historia y, últimamente, del sacerdote Julio C. Grassi, sobre quien pesan fundadas imputaciones sobre corrupción de menores y que –curiosamente- además ha mantenido estrechos vínculos económicos con los máximos saqueadores de la Argentina durante la década menemista de gobierno. Al respecto, la Revista Veintitrés, en su edición del 5 de diciembre de 2002 ha hecho una ajustada síntesis sobre el pasado y presente de Moreno Ocampo.

4Que de Argentina solamente tiene el nombre, ya que originariamente fueron capitales españoles la que la introdujeron al país y en la actualidad pertenece a capitales “globalizados”.

5Como dijeran nuestros “heroicos” militares represores y asesinos de su pueblo, la duda es un vicio propio de los intelectuales.

6Tarea realizada con prolijidad y ahínco por Daniela Di Dío.

7En cuanto se corresponde a estimaciones individuales de un mismo hecho que es juzgado desde distintas dimensiones adjudicativas diferenciales y con parámetros experienciales personales.

8Es una información que Transparencia Internacional no ofrece, precisamente por su objetivo de ser transparente y que la mantiene oculta como un secreto celosamente guardado.

9.Pero que no son más que países cuyos pueblos viven empobrecidos en medio de la miseria, cuando sus territorios tienen capacidad para alimentar a diez veces la población total que los habita.

10.Para no utilizar eufemismos que pretenden presentarlos como, por ejemplo, “en vías de desarrollo”, cuando la realidad socioeconómica y política de los mismos demuestra que en todo caso- están en vías de profundizar tal estado de subdesarrollo comparativo.

11.Salvo que con tal argucia se pretenda proteger intereses espurios.