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14/11/2002 | Democracia y activismo anticorrupción

Jaime López y Linda Hemby

Desde 1995, la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), con sede en Alemania, ha publicado cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El IPC es desarrollado en base a sondeos y encuestas que buscan medir, más que todo, el soborno en el sector público. No mide la cantidad de corrupción que existe en un país, sino únicamente la percepción que tienen sobre su existencia y dimensión los encuestados, principalmente líderes empresariales, consejeros para inversiones y consultores internacionales.

 

El IPC califica con un máximo de 10.0 a los países que son percibidos como los más transparentes y con un mínimo de 0.0 aquellos que son percibidos como altamente corruptos. En 1995 el IPC evaluó a 41 países. El IPC presentado el 28 de agosto de 2002 clasificó a 102 países; de estos 70 obtuvieron un puntaje menor a 5.0. Entre ellos se encuentran todos los países de América Latina a excepción de Chile (7.5) y Uruguay (5.1): Costa Rica (4.5); Brasil y Perú (4.0); Colombia y México (3.6); República Dominicana (3.5); El Salvador (3.4); Panamá y Argentina (3.0); Honduras (2.7); Venezuela, Nicaragua y Guatemala (2.5); Bolivia y Ecuador (2.2); y Paraguay (1.7).

Las estimaciones de TI, a pesar de las objeciones técnicas que hay en América Latina sobre sus metodología de construcción y la naturaleza misma del IPC, concuerdan con la intensidad con que la corrupción está siendo reflejada por los medios de comunicación latinoamericanos – a través de la exposición de casos y de los funcionarios responsables - y con la fuerte movilización cívica generada en aquellos países donde los involucrados son sus mismos mandatarios.

Rompiendo con los temores heredados de las regímenes militares, desvinculándose de motivaciones partidistas y soportando represalias, muchos grupos cívicos organizados o espontáneos se están lanzando a las calles a protestar contra los corruptos. En Guatemala se han realizado manifestaciones contra la corrupción desde agosto de 2001 y hay iniciativas de recolección de firmas para demandar la renuncia del presidente Alfonso Portillo y del vicepresidente Juan Francisco Reyes, ambos señalados por casos de corrupción, incluyendo cuentas bancarias secretas en Panamá. Los principales actores anticorrupción en Guatemala, además de los medios de comunicación, son las agrupaciones empresariales y sociales, al igual que en Paraguay, el país percibido como uno de los más corruptos del mundo según Transparencia Internacional. Allá hay manifestaciones constantes contra el gobierno de Gónzalez Machi a quien acusan del millonario desvío de fondos en la liquidación de los bancos Unión y Oriental y de estimular y encubrir escandalosas prácticas de corrupción en casi todas las dependencias gubernamentales. Aún autoridades de la Universidad Católica están impulsando una estrategia de gritos contra funcionarios corruptos cuando sean vistos en lugares públicos.

En primera fila de la agenda regional se encuentra la intensa lucha cívica dentro del país y en las comunidades de nicaragüeneses viviendo en los Estados Unidos para lograr la desaforación del ex-presidente Arnoldo Alemán, quien está involucrado en una enorme lista de casos de corrupción. En respuesta, esta semana Alemán ha amenazando al país con una respuesta "violenta" si persisten los esfuerzos anticorrupción en su contra. Alemán cuenta con el apoyo de los ex contras y de un influyente sector de la iglesia católica.

Hace pocos días, numerosos ciudadanos panameños, incluyendo a unas 30 organizaciones cívicas, bloquearon la calle de acceso a la Asamblea Legislativa para protestar contra ese Órgano que es percibido como altamente corrupto, debido principalmente a la conducta de complicidad que han mostrado con los numerosos casos de corrupción del régimen de la presidenta Moscoso. Entre otros ejemplos, en Argentina el descontento contra los políticos tradicionales, a quienes responsabilizan de la profunda crisis económica que sufre el país por el oportunismo y la irresponsabilidad con que lo han conducido, han alcanzado expresiones de desprecio y rechazo rotundo, especialmente contra los funcionarios involucrados en actos corruptos, entre quienes se encuentra el ex presidente Carlos Menem, involucrado en el tráfico ilegal de armas y un presunto soborno de 10 millones de dólares.

Desde marzo de 2002 se vienen ampliando significativamente los cacerolazos, cadenas humanas, recolecciones de firmas, caravanas y otras acciones para presionar por la renuncia y sanciones severas contra altos funcionarios involucrados en corrupción y el fin de la impunidad que sigue siendo principal el abrigo de los corruptos latinoamericanos. Sin duda, a la par de la sofisticación y la transnacionalización de las prácticas de corrupción, alentadas desde las más altas esferas del poder político y económico, las sociedades latinoamericanas están emergiendo en un despertar cívico donde la transparencia y la ética aparecen como temas fundamentales. Son dos escenarios contrapuestos y dirigidos ineludiblemente a chocar entre si, y de cuyo resultado depende el futuro de las reformas realizadas en las últimas dos décadas en la región.

Como lo revelan estudios regionales, la democracia formal – representada por el sistema de partidos políticos y las elecciones periódicas - está agotada en América Latina. Los beneficios de los ajustes macroeconómicos, producto de recetas auspiciadas por los organismos financieros internacionales, cuando los hubo fueron saqueados por los gobiernos que se han sucedido. El "rebalse" prometido por la élites económicas nunca llegó. El ciclo se está cerrando con la consolidación en el poder de gobiernos "empresariales" [1] (como los de México, Colombia y Honduras) o populistas (como el de Hugo Chávez en Venezuela).

Las nuevas protestas contra la corrupción son positivas, pero existen factores y corrientes que las amenazan. La lucha por la sobreviviencia – la prioridad para la inmensa mayoría de latinoamericanos – distrae la atención del público impidiendo que visualice las raíces de los problemas que enfrenta. Esto hace que las acciones anticorrupción tengan una fuerte carga coyuntural, asociada principalmente a determinados personajes iconos de la corrupción, sin reparar en los factores estructurales y culturales que la sostienen y reproducen.

Aunque hay numerosos reportajes periodísticos sobre la corrupción en la región, muchos son superficiales y carentes de seguimiento. El mayor problema con los medios de comunicación es que hay muy pocos que se conducen con independencia o que aplican metodologías investigativas y sistemáticas para abordar el problema de la corrupción. Y estos pocos medios y periodistas frecuentemente son víctimas de represalias.

Y entre otras corrientes peligrosas es lo que mencionó el periodista Andrés Oppenheimer en su columna del Nuevo Herald del 16 de septiembre de 2002: “Un fenómeno asombroso que está teniendo lugar en varios países latinoamericanos es que políticos que han sido objeto de numerosas denuncias de corrupción no sólo siguen activos, sino que figuran bien alto en las encuestas de popularidad”. Como él menciona, muchos ex presidentes cuyas administraciones fueron ensuciadas con corrupción rampante han anunciado sus deseos de meterse en nuevas campanas electorales. Entre ellos están Salinas (México) y Menem (Argentina).

Los principales problemas de América Latina no son la pobreza o el subdesarrollo; son en esencia la corrupción, la impunidad que la sostiene, la creencia resultante de nuestras sociedades de que no se puede hacer nada para frenarlas, y el patrón antidemocrático y devastador de que el Estado es de los funcionarios y partidos que lo controlan y no de los ciudadanos a los que deben servir. Ni los tratados de libre comercio, la asistencia para el desarrollo, las sanciones internacionales (restricciones en los préstamos, denegación de visas, confiscación de bienes, etc.) o los paquetes de salvataje de los organismos financieros y del gobierno estadounidense los resolverán. Y no sirve ya seguir pensando en más reformas y promesas etéreas que nunca se cumplen, en pactos de integridad a los que les faltan dientes, o en otras estrategias anticorrupción que no exponen con nombres y detalles, ni investigan o sancionan ejemplarmente a los corruptos.

La democracia – marcada por el estado de derecho, el libre acceso y disponibilidad de la información, la rendición de cuentas y la participación y vigilancia ciudadana – no es conocida en América Latina. Es más, en países con una institucionalidad un poco más evolucionada como Chile, Costa Rica o Uruguay, la corrupción también se expresa y de forma más sofisticada, siendo disimulada por la complacencia de los principales medios de comunicación y la falta de activismo por parte de los ciudadanos. En estos países, al igual que en el resto de América Latina, la lucha anticorrupción – que debe incluir el combate a la tolerancia social - puede ser el único esfuerzo viable y la oportunidad real para superar el autoritarismo y la exclusión política y económica, o sea, para profundizar la democracia.

Notas:

1. Gobiernos empresariales, en referencia a que las políticas públicas están orientadas a privilegiar a los principales grupos empresariales nacionales y a las transnacionales.

Fuente: www.probidad.org

Editorial de la revista Probidad / Nº 20 - septiembre 2002

Los autores son Co-editores de la Revista Probidad
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